Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Después de los debates en la campaña hacia el referéndum, por momentos en torno a temas complejos, gana terreno una cuestión muy básica: la plata no alcanza.

Cuando el Poder Ejecutivo anunció que este año comenzaría la recuperación del poder de compra salarial, luego de las caídas en 2020 y 2021, se basó en la previsión de un aumento de precios por debajo de 6%. Pero de enero a marzo la inflación ya fue 4,4%. Por lo tanto, es muy probable que el porcentaje total de 2022 supere la meta oficial y también el incremento de los salarios, que sumarían tres años sucesivos de descenso en términos reales.

Una parte de las causas del problema es ajena a las políticas del gobierno nacional, que por supuesto no tiene la culpa del ataque ruso a Ucrania, ni de la ola de calor que causó a mediados de enero una gran mortandad de aves e hizo ascender el precio de los huevos. Sin embargo, otra parte de las causas sí tiene mucho que ver con la política económica.

La caída de los salarios y las jubilaciones no es sólo una consecuencia de la crisis vinculada con la pandemia. Se debe también a decisiones orientadas a reducir el gasto público, y con él el déficit fiscal, ante la imposibilidad de cumplir con la promesa de lograr esos objetivos únicamente con la eliminación de presuntos despilfarros e ineficiencias achacadas a los gobiernos frenteamplistas.

La ciudadanía está al tanto de que la pandemia le hizo mucho daño al país, pero no es un secreto que sus efectos fueron muy desiguales, ya que mientras la gran mayoría de asalariados, jubilados y pensionistas salió perdiendo, una minoría logró grandes ganancias. Esto no contribuye a la resignación.

La carestía siempre disminuye la popularidad de los gobiernos, por más que estos se esfuercen por convencer a la gente de que hacen todo lo que pueden. Ayer el Senado aprobó un proyecto del Ejecutivo que exonera de IVA al pan blanco común, las galletas de campaña, los fideos y las pastas, pero sólo por 30 días. “Obviamente, no es una medida que le vaya a solucionar la vida a nadie”: no lo dijo un legislador de la oposición, sino el nacionalista Sergio Botana. También señaló que el Estado renuncia al cobro de cerca de un millón de dólares, pero está por verse que quienes no llegan a fin de mes se conmuevan por ese motivo.

En una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, 59% de las personas consultadas consideraron insuficientes las medidas del Ejecutivo para contener la inflación. Otro resultado elocuente fue que 62% rechazó que los ajustes del precio de los combustibles sean mensuales, y 65% opinó que las autoridades podrían hacer más para evitar que suban.

De todos modos, en 2021 Ancap perdió 32 millones de dólares debido a la decisión política de que el precio de los combustibles se mantuviera por debajo de los costos, y en lo que va de este año ha perdido unos 30 millones por mes.

Como no hay perspectivas cercanas de que el petróleo baje, las autoridades afrontan dos malas alternativas: aumentar el déficit o los precios (que inciden sobre todos los de los bienes que se transportan antes de su venta al público). Esto no se arregla con proyectos como el que aprobó el Senado.

Hasta mañana.