Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El fiscal Raúl Iglesias fue trasladado hace apenas 12 días a una fiscalía enfocada en los delitos sexuales, y ya se ha convertido en el centro de polémicas duras, en algunos casos estridentes. El episodio más reciente fue una carta de la Asociación de Abogados Penalistas (AAP) al fiscal de Corte, Juan Gómez, insinuando con bastante claridad que este actuó en forma indebida, cediendo ante “grupos de presión u operadores” que “defienden una ideología” e impulsan “una campaña de desprestigio contra Iglesias.

No se puede decir que las turbulencias en torno a Iglesias se hayan producido sin responsabilidad alguna de su parte. A poco de haber asumido su nueva responsabilidad, decidió que convenía archivar unas 300 denuncias de delitos sexuales e impulsar que los imputados por una violación grupal en el Cordón dejaran de cumplir la prisión preventiva. Se ocupó de difundir ampliamente ambas cosas, mediante intervenciones en numerosos medios de comunicación, y las condimentó en abundancia.

En su ronda por los medios, Iglesias reiteró su apoyo a la propuesta impulsada por el exfiscal Gustavo Zubía, hoy diputado del Partido Colorado, para que poderes ejercidos actualmente por el fiscal de Corte queden en manos de un organismo con tres integrantes. También le dijo al periodista Ignacio Álvarez que “aparentemente” hay “fiscales militantes”, alineados con causas feministas, y que eso le parece mal porque opina que quienes ejercen el ministerio público no deben defender “una idea concreta”, sino a la sociedad en su conjunto, la Constitución y las leyes.

La Intersocial Feminista expresó su preocupación por la decisión de archivar casos y le solicitó al fiscal de Corte una reunión. Antes de que esta se concretara, Gómez le pidió un informe al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía sobre los fundamentos de esa decisión y la cantidad de casos que involucró. A esto se refería la AAP.

Iglesias afirmó que “la amplia mayoría” de esos casos llevaban “más de dos años sin ser consultados”, interpretó que se intenta amedrentarlo y anunció que no va a achicarse.

En las polémicas relacionadas con el sistema judicial conviene ser muy cuidadoso. Ese sistema constituye una garantía indispensable para la convivencia democrática y el respeto por los derechos de todas las personas. Es muy peligroso desprestigiarlo al barrer, contribuyendo a que se lo vea como un sucio reñidero de intereses y ambiciones, en el que quien no corre, vuela.

Sin embargo, ser cuidadoso no significa ignorar -o fingir que se ignora- la existencia de intereses y ambiciones. Mal servicio se le hace a la ciudadanía pretendiendo que el sistema es habitado por seres de luz, capaces de manejar innumerables conflictos sociales con total ecuanimidad, y que nadie debe atreverse a cuestionarlo en lo más mínimo.

Todas las personas tienen alguna ideología. No pueden despojarse de ella, y si pudieran se volverían incapaces de articular pensamientos. Lo importante es esforzarse por evitar que la ideología lleve a cometer injusticias, sesgando la apreciación racional y crítica de los hechos. Esta obligación existe en muchas actividades, entre ellas las relacionadas con el sistema judicial.

Iglesias, como Gómez y muchas otras personas, milita por ideas concretas, y defiende posiciones con profundo significado político sobre el modo en que debe organizarse y actuar la Fiscalía. Tiene opiniones personales sobre las cuestiones de género y muchos otros asuntos que atraviesan su práctica profesional, y está involucrado, inevitablemente, en disputas por ideas y por el poder (al que la gente aspira, en el mejor de los casos, para impulsar ideas).

Lo que cabe exigirle no es que actúe como un ángel, sino que exponga sus argumentos e intente no romper nada valioso.

Hasta mañana.