Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

OSE optó por suministrarle agua más salada al área metropolitana. Lo notan con desagrado quienes cocinan con agua de la canilla, la beben o toman mate con ella, pero lo peor es que implica riesgos sanitarios para una considerable cantidad de personas, que pueden ser muchas más si la medida persiste. La situación es grave y genera varias preguntas ineludibles.

Por un lado, urge hacer cuanto sea posible para reducir daños, mientras esperamos que llueva en cantidades suficientes para revertir los efectos de una larga sequía. Por otro, es necesario identificar qué se pudo hacer para evitar que pasara esto en el área donde vive la mayor parte de la población del país. No se trata sólo de establecer responsabilidades, sino también de prevenir que los errores y omisiones se reiteren, porque no estamos ante un problema con causas únicamente “naturales” e inevitables, ni ante uno de carácter muy excepcional que no va a repetirse.

Lo primero es que desde el gobierno nacional no se intente buscar un “equilibrio entre la alarma pública y la no mentira”, como dijo, en entrevista con el programa radial En perspectiva, el presidente del directorio de OSE, Raúl Montero, acerca del modo en que se decidió manejar la información al público. Las medias verdades y otras formas engañosas de “no mentira” poco ayudan a que la población en riesgo se cuide a sí misma y cuide la poca agua que hay.

Tampoco ayuda el intento infantil de disimular la violación de las normas cambiándolas sobre la marcha. Las había sobre la calidad mínima del agua, pero cuando se acercó un temido horizonte de desabastecimiento si se cumplía con esas exigencias, se optó por reducirlas.

Al principio, las autoridades de OSE aseguraron que el aumento de la salinidad no afectaba la salud humana, pero como es lógico se demandó un pronunciamiento al respecto del Ministerio de Salud Pública (MSP). Este demoró unos días en hablar, y en principio sostuvo que no había riesgo sanitario para “la población en general”, pero con el paso de los días, y a medida que consultó a expertos que debieron ser oídos antes de decir nada, fue aclarando que son varios y suman una gran cantidad de personas los grupos de riesgo que deberían consumir agua embotellada.

Esto último depende, por supuesto, de que puedan comprarla, y pasan los días sin que las respuestas gubernamentales a la crisis incluyan alguna forma de subsidio.

En cuanto a las responsabilidades y los errores que no deben repetirse, son abundantes y evidentes. Se aceptó que en la producción agropecuaria hubiera un aumento sostenido de prácticas que afectan la disponibilidad y la potabilidad del agua de la cuenca del Santa Lucía. OSE ha estado lejos de ser una prioridad presupuestaria o política, y hace décadas que pierde casi la mitad del agua que maneja. El actual gobierno no la exceptuó del recorte general de gastos estatales y decidió jugar todas sus cartas al proyecto Arazatí, controvertido, costoso y probablemente de muy escasa utilidad, en vez de seguir adelante con otras obras ya aprobadas para aumentar la disponibilidad de agua potable. No es hora de chicanear en el reparto político de culpas, sino de corregir el rumbo.

Hasta mañana.