Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó este miércoles las iniciativas legislativas presentadas por el senador colorado Pedro Bordaberry y por el diputado blanco Rodrigo Goñi, que apuntan a excarcelar a los condenados por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En una conferencia de prensa, la organización señaló que estos delitos “no constituyen hechos aislados”, sino que “son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo” y que su carácter excepcional “los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos de comunes”. Más temprano, hicieron lo mismo las organizaciones sociales que integran el Observatorio Luz Ibarburu. Consultado por la prensa, el presidente Yamandú Orsi opinó que “no es necesario un tratamiento especial para estos casos” y sostuvo que “el Poder Judicial tiene las herramientas como para resolver el problema”. Jóvenes dirigentes colorados también rechazaron las propuestas.

En otro orden, varias notas refieren a una misma temática: “Una parte importante de quienes tienen un empleo informal también presenta insuficiencia de ingresos, y es en esa superposición donde se explica buena parte del vínculo con las situaciones de pobreza”, argumenta la doctora en Economía Paula Carrasco en una nota de Lucía Barrios que abre el suplemento Economía y que informa que en Uruguay uno de cada cinco trabajadores no hace aportes a la seguridad social y además gana un salario bajo, lo que configura “un núcleo duro de precariedad laboral” que atenta contra el futuro del sistema de jubilaciones y pensiones, pero también lleva a que miles de personas permanezcan en la pobreza incluso teniendo empleo.

En este sentido, el séptimo estudio monográfico del Observatorio de Seguridad Social del Cinve, presentado el martes, señala que el sistema previsional continúa teniendo enormes desafíos de futuro para asegurar su sostenibilidad, pese a la reforma implementada recientemente, y que hay un conjunto de personas (20% en cada generación, según las estimaciones del Cinve) que no llegará a tener una jubilación común y que deberá recurrir a una pensión por vejez a los 70 años. Además, hay un porcentaje importante de jubilaciones con montos por debajo del salario mínimo nacional.

Siguiendo con el tema de los bajos ingresos, un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que relevó datos sobre sobre ollas y merenderos populares en 2020, 2022 y presentó su tercer relevamiento este mes, revela que se pasó de 542 ollas y merenderos activos en 2022 a 415 en 2025 (en 2020 había 645 y en comparación con 2025, hay una caída de los espacios de 35%), pero advierte que estas “variaciones acotadas” no modifican “sustantivamente el orden de magnitud del fenómeno”. Además, se registra una caída de las personas que participan en la organización, que pasaron de 6.100 en 2020 a 2.738 en 2025 (-55%), y también se redujeron en 66% las porciones servidas. “Esto puede estar indicando que las experiencias priorizan sostener los espacios funcionando, aunque menos personas puedan hacerse cargo de la labor semanal, y sirvan menos porciones”, dice el trabajo.

Hasta mañana.