Entre el martes y el jueves, el gobierno confirmó dos salidas. Por un lado, Pablo Genta dejará la conducción de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para encabezar los estudios de factibilidad del reflotado proyecto de una terminal portuaria de aguas profundas en Rocha. Por otro lado, el responsable del área jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP), Martín Esposto, renunció alegando “motivos personales”.
Lo de Esposto se dio horas después de que el presidente, Yamandú Orsi, afirmara públicamente que el MSP “fue inducido a error” en el caso de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Al margen de su condena (dos años de prisión en régimen de libertad a prueba), Miralles había sido inhabilitada por cinco años por la Comisión Honoraria de Salud Pública. Sin embargo, en octubre del año pasado, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, redujo la sanción a tres años, lo que provocó la renuncia de casi la totalidad de los miembros (11 de 13) de la Comisión Honoraria. La ministra dijo en el Parlamento que la decisión se basó en “fundamentos de tipo jurídico y no del fondo del asunto”.
Ante un recurso de revocación presentado por la madre de Barrera, Lustemberg trasladó el caso a la Torre Ejecutiva, que elaboró su propio informe jurídico y, en conjunto con la ministra, resolvió restablecer la sanción original, indicó Orsi. El presidente subrayó que la disminución de la inhabilitación “fue a instancias de la sugerencia de jurídica” del MSP. La oposición respaldó la actuación de Orsi, pero no la de Lustemberg, quien el 24 de noviembre será interpelada por segunda vez en la Cámara de Diputados.
Lo de Genta, en tanto, responde principalmente al interés que han trasladado los gobiernos de Paraguay y Bolivia en contar con puerto oceánico de gran calado para mover sus cargas. Al frente de la ANP, organismo que tiene a su estudio la propuesta de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, quedará Gerardo Rey.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo el miércoles que los estudios estarían prontos a mediados de 2027. Un equipo liderado por Genta, quien estuvo involucrado directamente en el tema durante el gobierno de José Mujica, analizará, entre otras cosas, la viabilidad técnica, los aspectos ambientales y el potencial mercado de cargas que tendría el puerto en Rocha.
Consultado por la diaria, el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, pidió tener “suma cautela”, dado que la historia del puerto de aguas profundas “es una herida abierta” en el departamento. “Somos temerosos de que otra vez podamos encontrarnos en un nuevo fracaso”, expresó.
El Ueno Bank, la Conmebol y Marset
Por otra parte, durante la semana hubo bastante expectativa ante el hallazgo de una “bóveda oculta” en la casa de veraneo de Santiago Peña, el destituido presidente de Paraguay, que ha sido detenido en el marco de la causa que investiga el cierre de Ueno Bank. No faltaba nada: pared falsa, sistema de seguridad israelí, reconocimiento de iris. Pero finalmente la pieza estaba vacía: no era una bóveda, sino una habitación de pánico.
La Fiscalía paraguaya, no obstante, tiene otros elementos para avanzar en la investigación. En estos días fueron incautados documentos en otra vivienda de Peña y en la residencia de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, también detenido. El viernes, Peña fue imputado por asociación criminal; el exmandatario enfrenta una posible pena de 15 años de prisión.
Además, en la semana trascendieron los vínculos que tenía Ueno Bank –entidad financiera que durante el mandato de Peña obtuvo el manejo de millones de guaraníes del Estado– con Sebastián Marset y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
En paralelo, el sucesor de Peña, Pedro Alliana, continúa afianzándose en el poder bajo la influencia de Horacio Cartes.
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