Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La jueza en lo penal de 42° turno, Viviana Galletto, imputó con prisión a dos mujeres responsables de un residencial ubicado en la Unión donde fueron encontrados 22 ancianos que estaban encerrados y en estado de abandono, en algunos casos con síntomas de desnutrición y deshidratación. Las mujeres fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, omisión de asistencia, abandono de personas incapaces y estafa en calidad de autoras, y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.
“Acá se violaron los derechos humanos fundamentales de estas personas, la dignidad, el derecho a la vida, a la integridad física”, fundamentó la fiscal del caso, Silvia Lovesio, y mencionó el artículo 7 de la Constitución de la República y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificado por Uruguay en 2016.
Después de que la noticia trascendió en los medios, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos expresó en un comunicado su “profunda preocupación” respecto del “funcionamiento de un residencial para personas mayores en Montevideo, en el que fueron encontradas personas en condiciones incompatibles con la dignidad humana”. En el documento, al que accedió la diaria, el organismo manifestó haber constatado las condiciones deplorables del local tras una visita de oficio este lunes. También destacó “la actuación de los vecinos que alertaron sobre la situación”, algo que, sumado a una “rápida intervención de los organismos públicos”, permitió “derivar a las personas residentes y activar los mecanismos de asistencia correspondientes”. “Casos como este ponen en evidencia que una población envejecida como la de nuestro país requiere del Estado un reforzamiento de las políticas públicas hacia el sector para responder a sus naturales requerimientos”, concluyó.
En otro orden de temas, aunque también vinculado a población institucionalizada, hubo novedades sobre la designación del comisionado parlamentario penitenciario porque la comisión conformada especialmente para esa tarea decidió este lunes elevar a la Asamblea General el nombre de Daniel Radío, quien de este modo ocupará la vacante generada en setiembre de 2025 a partir de la salida de Juan Miguel Petit. El senador frenteamplista Daniel Borbonet dijo a la diaria que “la apuesta desde el Parlamento” es que el dirigente del Partido Independiente “entre en funciones lo antes posible, porque es muy necesario su rol”.
Por otro lado, les contamos los detalles del decreto que firmó el Poder Ejecutivo para unificar las secretarías de Derechos Humanos y de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dependían de Presidencia, y los cambios institucionales aparejados, así como la reacción de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que manifestó que “preocupa profundamente la señal política que transmite esta reorganización”, dado que, a su entender, “la integración de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente dentro de una estructura de carácter general puede implicar la pérdida de su especificidad, autonomía operativa, jerarquía y capacidad para impulsar políticas públicas sostenidas frente a obligaciones estatales que permanecen incumplidas”.
Hasta mañana.