Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Durante el fin de semana, se celebró en Montevideo la tercera edición del Congreso Panamericano del progresismo, en el que participaron expresidentes, ministros y legisladores de 15 países de América. El congreso se cerró ayer y los parlamentarios coincidieron “en que los desafíos del continente –desde la coerción financiera y las sanciones como arma política hasta la concentración del poder tecnológico y el agotamiento de los sistemas de bienestar tradicionales– exigen respuestas coordinadas a nivel regional, y no soluciones aisladas de cada país”, según un comunicado oficial. En los próximos días quedarán dilucidadas “las futuras formas de coordinación y cooperación hemisférica igualitaria entre las fuerzas progresistas de América”. Según explicó el legislador uruguayo Joaquín Garlo, la principal preocupación intercambiada fue “la injerencia de terceros estados en nuestras naciones” y, frente a eso, “la necesidad de fortalecer la democracia al servicio de las necesidades de nuestra gente”.
El Ministerio de Ambiente (MA) emitió un decreto que deroga y modifica normativa sobre las evaluaciones ambientales de plantaciones forestales establecida durante la administración de Luis Lacalle Pou. Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, explicó que la normativa derogada “no consideraba como nueva plantación la reforestación, por lo tanto, las reforestaciones podían ser ilimitadas sin ningún tipo de análisis ambiental”. Por su parte, dos resoluciones del MA que se adoptaron con el nuevo decreto establecen los “criterios para la clasificación y evaluación de los proyectos forestales” y los “lineamientos para aplicación de medidas de compensación para proyectos forestales”. Según el jerarca, las modificaciones se analizaron en un grupo de trabajo conformado con la Sociedad de Productores Forestales.
Este lunes, habrá una conferencia de prensa de los legisladores del Frente Amplio (FA) de la comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama junto con las bancadas de senadores y diputados y el presidente del FA, Fernando Pereira. Pero antes, también los legisladores de la Coalición Republicana que integraron la comisión comunicarán que decidieron hacer una denuncia penal a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y contra Damián Rojas y Daniel Marsiglia, asesores de Lazo que “desempeñaron funciones”, presentándose públicamente como “asesores” y “adscriptos”, “sin contar con norma habilitante, designación formal ni respaldo jurídico alguno”, según dice el informe de los legisladores opositores.
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Hasta mañana.