Opinión

La moneda que los organismos internacionales de crédito prestan a la educación pública oculta en su contracara el alto costo social que debemos asumir: una cultura de la soledad, el aislamiento y la competencia.

El golpe en Uruguay fue cívico-militar. Intentar rehacer la historia omitiendo el rol del pachequismo, es querer expiar culpas de esos civiles cómplices de las peores páginas de la historia de nuestro país.

Es necesario restituir la autoestima dañada de los docentes, acompañarlos y formarlos para que revivan la vocación y superen el lugar asignado por esta administración como meros aplicadores de recetas.

Resulta un anacronismo indefendible exigir la presencia en el país para ejercer nada menos que un derecho humano como el voto.

Es sencillo comprender en Uruguay que necesitamos terminar con la pobreza extrema, terminar con la violencia machista que mata, y retomar la soberanía y distribución de nuestros recursos naturales y alimentos.

El crecimiento exponencial infinito es la trampa del modelo planetario basado en una extracción de materiales que crece a un 2,8% anual, crecimiento que supera en casi tres veces el aumento poblacional.

Otra enseñanza del ejemplo uruguayo, que acentúa el carácter institucional-estatal de la dictadura, es que son las propias fuerzas de seguridad del Estado las que sostienen la faz clandestina de la represión.

Han pasado casi 40 años desde la recuperación democrática y el poder civil casi no ha impulsado ninguna acción en el campo de la educación militar, fuera de convalidar las decisiones producidas por las propias fuerzas.

Próximo a cumplirse un mes del golpe de Estado, surge un nuevo intento de resistencia al convocarse a un paro general para el jueves 2 de agosto de 1973.

El camino más sólido para avanzar en este sentido es establecer en la Constitución de la República la prohibición del lucro en la seguridad social.