Opinión

Una parte de “la familia rural” escribe una historia del campo uruguayo en la que no existieron las organizaciones de los trabajadores ni sus luchas, y la ley de ocho horas es obra de la Federación Rural.

En democracia, existe una prohibición que es difícilmente justificable y que como tal cuesta aceptar: la prohibición de votar. En Cataluña existe, desde hace tiempo, una mayoría de la población que desea votar sobre el futuro político de este territorio. Quiere poder decidir si Cataluña debe continuar formando parte del Estado español o si ha llegado el momento de constituirse en un estado independiente y unirse al concierto de las naciones soberanas en el marco de la Unión Europea (UE). Es un país que reclama votar y que no entiende los argumentos que se le ofrecen para impedírselo.

Si se me pregunta cómo veíamos, o pensábamos, la democracia los orientales en los momentos en que luchábamos por su recuperación, no vacilo en la respuesta: la democracia era entonces el rescate de la libertad. ¡La libertad! La libertad de ganar las calles, de caminar por ellas sin temor, con el termo y el mate, y también con banderas y carteles.

"Las venas abiertas de América Latina" es, más que un llamado a la acción, un relato histórico con intención de diagnóstico, una larga columna periodística que se lee de un tirón. En su momento fue objeto de quejas desde la izquierda porque exponía sin proponer. Mientras, sus fiscales de derecha veían, en sus páginas, inexistentes llamados a la lucha armada, a la huelga general y a la dictadura del proletariado.

La violencia machista no es una fórmula matemática, “un simple análisis costo-beneficio”. El director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (UM), Ignacio Munyo, presentó el 8 de abril los resultados de una reciente investigación suya en la que aborda “un aspecto puntual de las causas de la violencia doméstica: la dependencia económica”. Pero en su presentación, Munyo invisibiliza años de economía feminista. Ni hablar de cruzar categorías como feminismo, género y clase.

Los movimientos sociales no fueron mero reflejo del retorno democrático, sino más bien actores protagónicos.

A raíz de el conflicto de los judiciales procesos que antes duraban semanas ahora llevan meses. Y no hablamos de demandas por cobro de pesos ni de sucesiones por significativos patrimonios, sino de niños y niñas que no reciben sus pensiones alimenticias, personas sin recursos que no reciben sus prestaciones sociales, padres que no ven a sus hijos y tenencias de menores no resueltas. Todo esto deja en evidencia que nuestro Poder Judicial requiere, de forma inexcusable, una revisión reflexiva, no sólo de parte de los operadores sino de toda la sociedad, a la que tendría que deberse como poder legítimo del Estado.

Muchos juristas cuestionan las sanciones establecidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando su texto es casi una copia de la Ley 17.296 que promulgó Jorge Batlle, y sancionar era hasta ahora competencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. ¿Alguno de ellos, demandantes y abogados, denunció al Partido Colorado por impulsar y votar una ley inconstitucional en 2001?

En los propios años 80, durante el proceso de convocatoria al referéndum, hubo cuestionamientos a la historia oficial, que se articuló con base en tres grandes postulados. Luego de 1996 fueron emergiendo otros, como las repercusiones del caso Tróccoli, las gestiones de Rafael Michelini, la influencia argentina y las sucesivas ediciones de la Marchas del Silencio, hasta que en 1999 explotó el caso Gelman. Acto seguido, algunas de las medidas promovidas por los gobiernos de Jorge Batlle y Tabaré Vázquez pusieron en evidencia fisuras en la sólida hegemonía que había alcanzado hasta entonces el relato sanguinettista.