Opinión

La condena a Juan María Bordaberry por golpista nos obliga a reconocer que el Derecho expresa, en el fondo, relaciones de poder político y que, por lo tanto, está sujeto al vaivén de las relaciones de fuerzas, aunque a muchos les guste más creer que sólo reconoce verdades inmutables.

Cuba ha tenido una influencia capital sobre la política regional de los últimos cincuenta años. Más gravitante en las primeras tres décadas de su existencia y en franco declive en las dos siguientes. Fue motor de rebeldía, de reclamo ante las injusticias, de oposición a los atropellos imperiales, de impulso a políticas de fuerte impacto social y logros sustantivos en áreas claves, como la salud, y de una vitalidad política para aprobar y descalificar como, posiblemente, no haya habido otra en la media centuria transcurrida.

El fiscal alemán Ulrich Maas pidió el martes 2 en Aquisgrán la cadena perpetua para Heinrich Boere, de 88 años, por el asesinato a sangre fría de tres integrantes de la resistencia en la Holanda ocupada, en 1943 y 1944. Otro tribunal procesa en Munich a John Demjanjuk, de 89, acusado de cómplice en la muerte de casi 30 mil judíos en el campo de concentración polaco de Sobibor, en 1943.

Algunos de ustedes ya conocen nuestra preocupación por seguir estableciendo una fuerte e inconmovible frontera entre lo verosímil y lo verdadero. Los teóricos lo vienen estudiando y detallando desde tiempos inmemoriales. Nosotros los de a pie, los que comemos opiniones e informaciones chatarra, vamos perdiendo el límite, la referencia acerca de cuál es el terreno de lo verdadero y cuál el de lo verosímil.

El Frente Amplio logró que la ciudadanía le renovara el mandato de conducir el gobierno nacional, pero aún no ha logrado su propia renovación. Esto puede medirse en relación con los relevos generacionales, con el recambio de liderazgos, con los criterios de funcionamiento orgánico o con las definiciones ideológicas y programáticas, y en todas esas áreas se perciben con claridad aspectos del mismo problema, que se refuerzan unos a otros. No es fácil revisar conceptos si se mantiene durante muchos años el elenco que toma las decisiones.

Pasaron 25 años desde el fin de la dictadura cívico-militar y lo jurídico sigue mezclado con lo político, en una indigesta sopa, cuando se trata de afrontar los crímenes cometidos por ese régimen. Los partidarios de imponer y de mantener la impunidad han usado un sinfín de excusas disfrazadas de argumento. Las confusiones nacen de la peculiar fórmula con que el Poder Ejecutivo, la mayoría parlamentaria y una mayoría circunstancial de la ciudadanía pretendieron saldar el asunto (o barrerlo debajo de la alfombra) en la presidencia de Julio María Sanguinetti.