Opinión

Los acuerdos de libre comercio plantean importantes retos de cara a la construcción y a la consolidación de sistemas educativos públicos, especialmente en los países del sur. Estos acuerdos, una vez firmados, obligan a los gobiernos a garantizar a los proveedores de servicios transnacionales el acceso a sus mercados nacionales por tiempo indefinido, limitando la capacidad de regulación estatal. En el caso de la educación, dichos riesgos se multiplican por el papel estratégico que ésta desempeña en la promoción de la equidad social y la distribución de oportunidades, así como por su condición de derecho humano fundamental.

Un estudio del Instituto de Economía verifica que la encuesta de hogares tiene problemas para medir los ingresos altos y muy altos y, por lo tanto, la desigualdad económica. Este estudio confirma una caída de la desigualdad de ingresos, pero bastante menos espectacular que la que muestra la encuesta de hogares. Además, verifica que la elite económica en Uruguay parece ser un club relativamente exclusivo, al que resulta improbable ingresar y del que resulta improbable salir.

Los avances en materia de libertad de expresión han sido notables en los últimos diez años, de tal manera que organizaciones internacionales como Freedom House colocan a Uruguay en el primer lugar del ranking en América del Sur. Falta abordar la regulación de la asignación de la publicidad oficial, que ha sido utilizada políticamente.

Treinta años después de la salida de la dictadura, se le hacen a ese proceso varias preguntas distintas de las que se planteaban en 1995, cuando la presidencia de Luis Alberto Lacalle daba paso a la segunda de Julio María Sanguinetti, o en 2005, cuando terminaba la de Jorge Batlle y comenzaba la primera de Tabaré Vázquez.

A raíz de los descuentos en las compras con crédito o débito surge la pregunta de cuál es el precio de mercado de los bienes que compramos. Si, por el solo hecho de comprar determinado día y con determinado medio de pago, el precio de los bienes se ve reducido 15%, 25% o hasta 30%, parece que los precios que se fijan no son fruto del juego de la oferta y la demanda, sino que en su fijación hay una suma de poderes de mercado.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que las empresas que brinden televisión para abonados en todo el país no podrán tener una cobertura superior al 25% de los hogares con televisión para abonados. Esta normativa regula directamente a Direct TV y parece entrar en contradicción con el espíritu de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007. Sin tener evidencia sobre el funcionamiento del mercado de televisión para abonados es muy difícil saber qué intereses se protege esta regulación.