El intendente de Colonia, Carlos Moreira, concurrió este jueves de tarde a la Junta Departamental a informar sobre las medidas que adoptó el gobierno departamental tras las condenas del exalcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, y a otras ocho personas, entre ellas dos concejalas de ese municipio -una hija y una nuera suya-, su esposa, su hijo, que era edil departamental, dos funcionarios municipales y un empresario de la construcción dedicado a las obras en el ámbito público.

Moreira asistió acompañado por otros integrantes del ejecutivo comunal: los directores Luis Garat (Higiene), Soledad Pérez (Jurídica) y Jorge Ingold (Hacienda).

Tras relatar los hechos en base al dictamen de la fiscal actuante, Sandra Fleitas, y de la sentencia decretada por el juzgado de Rosario, Moreira definió esos hechos como delitos “graves y gravísimos”, y anunció el inicio de una auditoría por parte de la Intendencia de Colonia para conocer el alcance económico de los perjuicios provocados por una “organización conformada por una familia, funcionarios municipales y una empresa”.

El intendente de Colonia dijo que la asociación liderada por Sánchez logró, mediante “el encubrimiento familiar”, “burlar” los controles que debían llevar adelante el consejo municipal de aquella localidad, la comuna coloniense y la Junta Departamental. “Aquí hay responsabilidades compartidas, porque la Junta tiene las mismas potestades que la intendencia” para fiscalizar la actividad de los municipios, indicó Moreira a los ediles. “Nos burlaron a todos”, reconoció.

Moreira explicó que el exalcalde Sánchez administró partidas millonarias que otorga la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República entre 2015 y 2021, generando “una dilapidación muy grande de los recursos”, a pesar de que debería existir “un trámite muy riguroso” del gobierno central.

Ante consultas efectuadas por ediles del Frente Amplio y también del Partido Nacional, Moreira dijo que una vez que se conozca el monto del perjuicio generado por “esa organización” en las arcas de la intendencia, la comuna podrá iniciar demandas a las personas condenadas por estos hechos “para recuperar” parte de los daños económicos ocasionados.