A finales de 2021, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) presentó un informe sobre la situación de esta problemática a nivel nacional. Según los datos difundidos, entre el 1º de enero y el 30 de noviembre de 2021 se registraron 494 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 156 corresponden a nuevas situaciones y el resto a seguimientos de años anteriores. Esto significa un aumento respecto de 2020, cuando se habían registrado 410 casos.

El presidente del Conapees, el carmelitano Luis Purtscher, ratificó que hubo un crecimiento de la cantidad de casos en los últimos dos años y también “la presencia más permanente de situaciones que venimos arrastrando de años anteriores”. Este aumento puede explicarse por el impacto que ha tenido la pandemia, que obligó a “separar la actuación y la presencia tanto del Estado como de la sociedad civil” en los territorios.

El titular del Conapees consideró que esto puede deberse también a que el país cuenta en la actualidad con más herramientas para detectar estas situaciones. “Si miramos los números con un poco más de atención, vemos que también están asociados a una capacidad de mirar este problema que hemos ido construyendo y que partía de la identificación de 20 casos en los años 2007, 2008 y 2009 hasta los 494 con los que terminamos este año”.

Al respecto, Purtscher aseguró que la creación de los llamados “equipos itinerantes” permitió “aumentar casi 360% la identificación de esos casos”. “Si tenemos los dispositivos para mirar y si construimos las formas de mirar el problema, no hacemos desaparecer el problema, lo hacemos visible y esto nos permite generar precisamente la construcción de políticas públicas para erradicarlo”, afirmó.

Por otro lado, Purtscher señaló las zonas del país en las que más se registran casos de explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes, como los “espacios de frontera líquida, los departamentos del norte, los departamentos de frontera seca como pueden ser aquellos que limitan con Brasil, pero también aquellos espacios donde la circulación de mercados y mercaderías o la instalación de grandes emprendimientos de enclave nos generan problemas de una velocidad y profundidad que nos cuesta mucho abarcar desde instituciones pensadas para dar cuenta de problemas sociales de principios del siglo XX”.

De acuerdo con la información divulgada, en 2021 se registraron situaciones en todos los departamentos del país. El departamento con más casos fue Montevideo (58), seguido de Artigas (46), Colonia (44), Maldonado (42), Cerro Largo (35) y Salto (29). En tanto, Flores (5), Lavalleja (6) y Rocha (9) son los que presentaron menos casos.

La situación de Colonia

La representante del Frente Amplio en el directorio de INAU, Natalia Argenzio, dijo a la diaria que, a pesar “del crecimiento exponencial” de situaciones de explotación sexual detectadas en Uruguay, el organismo “ha recortado” el presupuesto destinado a la atención de esta problemática.

“INAU ha dilatado la toma de decisiones, y ha quedado un monto muy elevado de monto del presupuesto no ejecutado: había 400 millones de pesos destinados al rubro 0 [salarios] que no se utilizaron. Eso no es un ahorro, es una vulneración de derechos”, sentenció.

Argenzio agregó que en 2021 el organismo no ejecutó 1.000 millones de pesos que formaban parte de su presupuesto. “Se recortó la inversión en políticas de infancia y adolescencia frente a un aumento exponencial de violencia en general cercano al 55%”, lamentó.

En relación a los casos de explotación sexual de adolescentes y niños registrados en el departamento de Colonia, Argenzio explicó que “los mayores riesgos de la explotación sexual se dan en las zonas turísticas, con la migración, en situaciones precarias en las fronteras y en la ruralidad”. “Esto se da por problemáticas estructurales de la sociedad, cuando se naturaliza, porque hablamos de situaciones de abuso y explotación sexual intrafamiliar que a veces llevan más de tres generaciones”, detalló.

Argenzio señaló que si bien en Colonia fueron detectadas 44 situaciones, se presume que la cifra puede llegar a ser mucho mayor. “Existe un subregistro; hay un estimativo que manejamos: por cada caso detectado puede haber de cinco a siete situaciones invisibilizadas”, explicó.

Para Argenzio, el abordaje de estas situaciones requiere un trabajo interinstitucional tendiente “a la protección de las víctimas, a la reparación del daño para poder generar un fortalecimiento de la situación psicoemocional en la cual están las víctimas”. Además, “se requiere trabajar muchísimo en la inclusión social, en la autonomía progresiva”, mediante la contratación de equipos técnicos que puedan abordar la problemática “con la especificidad que eso requiere”. “Las situaciones de explotación sexual requieren de un abordaje primario, que es una fuerte protección, y de un fuerte abordaje psicoemocional, y eso es un gran debe que tiene el Estado”.

Recursos insuficientes

Según informó Búsqueda el jueves 27 de enero, el INAU contratará 13 inspectores para completar las vacantes en Artigas, Cerro Largo, Florida, Treinta y Tres, Colonia, Durazno, Paysandú, Rivera, San José, Soriano y Maldonado.

Para Argenzio, la ampliación de los servicios que se realizará mediante ese llamado permitirá “un abordaje mínimo, porque la propuesta de la licitación apunta a un técnico cada 15 situaciones, y esto requiere diversas estrategias, ya sea de tiempo completo con un equipo multidisciplinario y estrategias de tiempo parcial para tratar el fortalecimiento de la autonomía y la inserción social de las víctimas mediante la escolarización, en la capacitación necesaria para insertarlas socialmente, generar acceso a la vivienda, al trabajo”, algo que no contempla ese llamado.

Según la representante del FA en el directorio de INAU, en la actual gestión “no se ha contratado la cantidad necesaria de recursos humanos”, porque “se aborda lo cotidiano” de esta problemática, “y hay que avanzar en un modelo de protección de base y comunitaria mediante un cambio de paradigma, con un sistema de protección integral que requiere un profundo trabajo interinstitucional”.