Ayer continuaron los ecos del debate económico asociado al gasto del gobierno por la pandemia y las medidas para enfrentar la situación de emergencia. Tras el pedido de los socios de la coalición de más apoyo los a sectores afectados, el gobierno informó que prepara un plan de reactivación que incluirá adelantar obras viales y planes de capacitación laboral. A su vez, analistas privados y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) expresaron diferencias con la presentación de cifras que hizo la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, al igual que el Frente Amplio (FA), que prepara las preguntas para la comparecencia del equipo económico al Parlamento.
En una conferencia de prensa el lunes, la ministra destacó el cumplimiento de las metas fiscales y repasó el gasto que hizo el gobierno para enfrentar la pandemia en 2020. “Se gastó 1.217 millones de dólares, un 2,3% del producto interno bruto [PIB]. Es una respuesta contundente”, manifestó. Luego detalló que del total, 711 millones de dólares corresponden al Fondo Covid ‒creado tras la declaración de emergencia sanitaria y que agrupa distintos egresos asociados a la pandemia‒ y 506 millones de dólares al Sistema de Garantías (SIGA), que permite a las empresas tomar créditos garantizados por el Estado.
La forma de presentación ‒mencionar dentro del gasto total el dinero que puso el Estado para fondear el SIGA‒ generó críticas del FA y comentarios de economistas. El SIGA existe desde 2008 y tras la llegada del coronavirus, dentro de los anuncios el gobierno incluyó la ampliación del fondo de garantías de 50 a 500 millones de dólares.
El senador del FA Mario Bergara había calificado el lunes de “engañoso” lo dicho por Arbeleche, porque mezcla “peras con manzanas”. La ministra le respondió en una entrevista con El Espectador: dijo que tras el fondeo “los préstamos que se otorgan con estas garantías son mayores”, y que en la presentación “no sumamos el número de créditos sino [el monto] de las garantías”. Desde marzo el SIGA respaldó 18.482 préstamos que sumaron 718 millones de dólares, informó Subrayado.
Arbeleche agregó: “Lo que se tradujo fue la totalidad de los recursos que claramente el Estado puso a disposición para enfrentar la pandemia”. La interrogante que surge es si, cuando otros países hablan del gasto vinculado a la covid-19, incluyen o no este tipo de egresos, y al respecto el economista Aldo Lema manifestó: “En el caso del SIGA, hay recursos comprometidos que eventualmente no se van a usar, porque depende de si se pagan o no los créditos. No corresponde sumarlos”.
Sin embargo, en Doble click, de Del Sol FM, Lema señaló que “muchos países”, al mencionar lo volcado a la economía por el coronavirus, “hablan de todos los recursos comprometidos y lo suman”. Según concluyó, “técnicamente lo que corresponde” es hablar de 711 millones de dólares de gasto y el resto son recursos puestos a disposición por el Estado, que “eventualmente se pueden usar”. Añadió que “lo que no corresponde es hablar de gastos totales” por 2,3% del PIB.
También se refirió a esto en Twitter el economista Javier de Haedo, exjerarca del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera que asesoró en la última campaña al candidato Edgardo Novick. De Haedo se mostró “de acuerdo” con Lema y acotó que el gobierno anunció un fondeo de 500 millones de dólares que se volcaría “con gradualidad en la medida en que hubiera demanda por garantías”, por lo que estimó que aún no debe haberse puesto la totalidad de los recursos en el SIGA.
Por otra parte, Arbeleche incluyó dentro del gasto del Fondo Covid los 17 millones de dólares de la licencia de la construcción acordada al inicio de la pandemia. El Sunca rechazó que “el gobierno se atribuya como iniciativa propia una medida que se tuvo que tomar precisamente ante la ausencia de respuestas desde el propio gobierno”. El sindicato explicó que gran parte de la financiación fue asumida por los empresarios y los trabajadores, que aportaron un jornal de la licencia y otro del aguinaldo. Al respecto, el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O’Neill, dijo a la diaria que el 100% del dinero “inicialmente” lo puso el Banco de Previsión Social (BPS), pero “va a recuperar buena parte a lo largo del tiempo”, y el Estado terminará aportando 30% del monto total.
Gobierno prepara medidas: obras y capacitación laboral
En la conferencia del lunes había expectativa de que el MEF anunciara alguna nueva medida, lo que no ocurrió. Ayer el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, informó que se está analizando “cuáles inversiones de obras de infraestructura apurar” en el marco de un plan de reactivación económica, que dijo que deberá “involucrar al sector privado” e implicará adelantar el cronograma definido para el período por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
En diálogo con la radio Carve, Alfie no habló de a cuáles obras se apuntará, pero dijo que “se está tratando de mejorar algunos contratos para poner incentivos más adecuados”. Sí se refirió a la construcción de la doble vía en un tramo de la ruta 5, que se volvió prioritaria ante el atraso de la construcción del tren para UPM 2 y, como informó la diaria el lunes, será financiada bajo el mecanismo de contrato Crema ‒el privado que construye cobra 70% cuando termina la obra, y se encarga por diez años del mantenimiento‒. “Es conveniente adelantarla” para “evitar trancaderas o colapsos en la ruta” por la que la nueva pastera sacará la producción en un principio, señaló el jerarca.
Por otro lado, el plan del gobierno incluirá una apuesta a la capacitación y reconversión laboral por medio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), junto con nuevas leyes para fomentar la contratación de jóvenes y mayores de 45 años, informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, al diario El País.
FA pregunta por implementación de la regla fiscal
Luego de las críticas hechas el lunes tras la conferencia del MEF, desde el FA se insistió en los reclamos al gobierno por el gasto vinculado a la pandemia y se solicitó información sobre la implementación de la regla fiscal. Además, los diputados y senadores se reunirán esta semana para definir “el perfil de las consultas a realizar” al equipo económico, que concurrirá el 24 de febrero a la Comisión General ‒integrada por los siete diputados y cuatro senadores de la Comisión Permanente‒, informó el diputado Daniel Gerhard.
Los diputados Gustavo Olmos y Sebastián Valdomir enviaron al MEF nueve preguntas sobre la regla fiscal, cuya implementación fue votada dentro de la ley de urgente consideración (LUC). Se trata de una herramienta de manejo macroeconómico que procura guardar en épocas de bonanza para gastar más en tiempos de recesión.
“Teniendo en cuenta que este instrumento fue previsto en la LUC y habiendo transcurrido siete meses desde su promulgación, interesa conocer el avance de su instrumentación”, dice el pedido de informe. A continuación, interroga al MEF sobre si se nominó al comité de expertos y el consejo fiscal asesor ‒nueva institucionalidad prevista en la LUC‒, “cuáles son los criterios” para definir sus integrantes, e “información detallada sobre la regla fiscal elaborada y las medidas tomadas en cuanto a la difusión pública, para que los agentes económicos puedan hacer el monitoreo”.
Asimismo, el senador Daniel Olesker publicó un hilo en Twitter asociado a la presentación del MEF y afirmó que “el gasto final” por la pandemia ubica a Uruguay “en el nivel más bajo de América Latina y el mundo”. También está entre los que menos elevaron su déficit por atender la emergencia, ya que creció 1,4% contra 5,5% en los países de ingreso medio, como este. Además, proyectó para este año una pérdida salarial 2,5% mayor que en 2020, y afirmó que el MEF “dice que lo peor ya pasó, quizás en lo macro pero seguro no para los trabajadores, jubilados y en general para los que viven del mercado interno”.