El gasoil, principal insumo de los sectores productivos, no subía de precio desde enero de 2018 debido a una política del gobierno anterior, continuada por el actual, de priorizar este combustible a la hora de definir ajustes y concentrar el aumento en las naftas. En los tres años y medio transcurridos desde esa fecha hasta hoy, las naftas ajustaron 30% y la inflación —es decir, el nivel general de crecimiento de los precios de la economía— fue de 23%. A su vez, la evolución internacional del principal insumo a tener en cuenta, el barril de crudo Brent, mostró una variación de 38% este año, aunque había descendido 25% en 2020.

En este marco y con la insistencia de Ancap de procesar un ajuste de los precios al consumidor, teniendo en cuenta la diferencia entre lo que percibe la petrolera estatal y el valor internacional del petróleo, el gobierno anunció este martes una suba de 12% de los combustibles. Esto implica un aumento de cinco pesos en el gasoil (10,8%), de siete pesos en las naftas (10,9%) y de 79 pesos en la garrafa de 13 kilos de supergás (12%).

Como es habitual, este tipo de medidas generaron críticas en los ámbitos político, empresarial y sindical. Desde la oposición se apuntó a que es la segunda suba de las naftas en seis meses —hubo un ajuste de 6% en enero— y al incumplimiento de la promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou, que habló de no aumentar tarifas. El director del Frente Amplio (FA) en Ancap, Walter Sosa, cuestionó la decisión e insistió con que los mayores ingresos para la empresa pueden surgir de una reducción impositiva y no de una suba al consumidor.

Por su parte, el presidente de la Federación Ancap, el sindicato de trabajadores, Gerardo Rodríguez, cuestionó lo resuelto: “Después de que los uruguayos subsidiamos a los malla oro con el combustible de las cosechas, llegó el mazazo. Naftas aumentaron casi 19% en cinco meses, aumento real muy por encima del precio. Impuestazo, aumentan la recaudación por IVA del gasoil y el supergás. Le mintieron a la gente”.

Si se toma la inflación desde marzo de 2020, cuando asumió el gobierno, se observa que el precio de la nafta creció más que los precios —16% contra 8,6% de inflación—, es decir, hubo un aumento real de 7,2%. Sin embargo, si se extiende este análisis al período transcurrido desde el último ajuste hecho por el FA, en enero de 2019 —un año después no se ajustaron las tarifas, lo que fue cuestionado por las actuales autoridades —, da una leve diferencia al revés, ya que el IPC subió 1,5% más que las naftas.

En tanto, los sectores productivos reiteran una comparación regional que utilizaron en el pasado para cuestionar los niveles de costos en Uruguay y cómo esto afecta la competitividad. Según la consultora especializada SEG Ingeniería, antes del aumento Uruguay tenía el sexto combustible más caro de América Latina y ocupaba el lugar 81 a nivel mundial, entre 151 países relevados. Tomando el valor por litro en dólares para poder hacer la comparación, estaba 20% por debajo del más caro del continente, Jamaica, y 57% por encima de Ecuador, el segundo más barato —el de menor precio es Venezuela, pero su valor es tan ínfimo que imposibilita la comparación—.

En la región, Uruguay con la congelación del precio del gasoil estaba algo por encima de los otros países, pero con el reciente aumento pega un salto en la comparación. Según números aportados a la diaria por el técnico agropecuario José Luis Matonte, que sigue los cambios en el mercado de combustibles, así quedará el nuevo mapa de precios: 1,04 dólares por litro en Uruguay contra 0,95 dólares en Argentina, 0,88 dólares en Chile, 0,86 dólares en Brasil y 0,79 dólares en Paraguay. Las diferencias con la región oscilan entre 9,5% y 31%.

Nuevo esquema para las tarifas

Junto al anuncio de la suba de precio de los combustibles, el gobierno informó que pone en marcha un nuevo esquema para la fijación de tarifas. Esto surge de la ley de urgente consideración (LUC), que originalmente planteaba la desmonopolización de la producción de combustibles, pero, tras diferencias en la coalición, se optó por dejar de lado esto y plantear que los valores al público deben ajustarse en línea con el precio de paridad de importación (PPI).

El PPI es un ejercicio teórico que simula los costos a los que un privado abastecería el mercado y es la nueva referencia que fijó el gobierno, porque su evolución acompaña los costos de Ancap, que surgen del precio internacional del crudo y el valor del dólar. Estas dos variables fueron las que afectaron las finanzas de la empresa estatal en los últimos meses, dado que sus ingresos en pesos no eran suficientes para cubrir los costos de producción, estimando pérdidas por 253 millones de dólares en el año si no había un ajuste. Esto va más allá de la ganancia que obtuvo en el primer trimestre, cuando vendió el crudo comprado a menor precio a finales de 2020.

La compañía petrolera había solicitado un incremento de precios superior a 10 pesos para naftas y gasoil días atrás. El gobierno explicó que el ajuste anunciado equipara los precios al público al PPI, pero no toma en cuenta los “sobrecostos” que se estimaron para Ancap, es decir, aquellos sectores o negocios donde se entiende que la empresa debe ganar eficiencia. A eso el gobierno lo denominó factor X y lo estimó en tres pesos por litro, aunque no lo tomó en cuenta para este ajuste.

Pasando raya, el nuevo esquema implica PPI+X para la definición de la tarifa, y de haberse aplicado completamente la suba habría sido mayor: 17,4% en las naftas y 19,5% en el gasoil, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

El informe de PPI lo realiza cada mes la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), y este martes se conocieron los números de mayo, es decir, los que utilizó el gobierno para la decisión de las tarifas. Según ese cálculo, las naftas previo al ajuste se encontraban 26% por debajo del precio teórico en función del mercado de crudo, y el gasoil, con una brecha de 15% en igual sentido. La comparación siempre se hace tomando el precio de salida de la planta de refinación e incluyendo la mezcla de biocombustibles.

Efecto en la inflación y subsidio regresivo

Al inicio de los últimos dos meses, el Ejecutivo había anunciado que si bien las condiciones financieras de Ancap y el mercado petróleo imponían un ajuste de combustibles, se postergaba la decisión en virtud de la pandemia y como señal hacia los sectores productivos. Eran momentos de cierre de las cosechas de arroz y soja, dos importantes productos de la canasta agroexportadora y que consumen mucho gasoil en sus procesos.

Un análisis hecho por la consultora Exante a raíz de esa postergación planteó que “no es la forma más eficiente de gastar los recursos”, porque 41% del gasto de los uruguayos en combustibles se concentra en el quintil más rico —20% de mayores ingresos— y entonces la medida no termina llegando a los sectores más vulnerables. “Hay formas más focalizadas” para atender a esa población, indicó la consultora.

A su vez, la no suba de combustibles posibilitó —entre otros aspectos— que la inflación converja en los dos últimos meses al rango meta del Banco Central, ubicándose en torno al techo del objetivo, que es entre 3% y 7%. En abril el IPC estuvo en 6,76% en el acumulado a 12 meses, y el mes siguiente en 6,64%.

Todo indica que con este ajuste de combustibles la inflación de junio, que se conocerá a inicios del mes próximo, mostrará nuevamente al IPC por fuera de la meta. Según el economista Nicolás Cichevsky, gerente del área de Consultoría Económica en Grant Thornton Uruguay, la suba de combustibles tendrá “una incidencia directa de 0,35% en el dato de inflación de junio”, lo que para dimensionar es un valor cercano a la suba general de todos los precios en mayo (0,46%). “Considerando que en junio de 2020 la inflación mensual fue 0,02% [este dato se va de la medición a 12 meses y entra el nuevo], es probable que la inflación anual supere el 7% en junio de 2021”, señaló el economista.

El nivel de inflación cobra relevancia también al estar próxima una nueva ronda salarial, donde negociarán ajustes las principales ramas de actividad. El IPC determina los niveles de recuperación hacia atrás y también fija las expectativas para los acuerdos hacia adelante, en busca de que los salarios le ganen a la inflación.