La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo se posicionó en contra del proyecto de ley de urgente consideración (LUC). En un comunicado manifiesta su “rechazo total y absoluto al contenido antipopular” de la LUC, “al procedimiento antidemocrático a través del que pretende aprobarse y lo inoportuno de su presentación en plena crisis sanitaria y económica”.

Según comentó a la diaria Javier Iglesias, dirigente de ADES, los docentes entienden que la LUC “incurre en una acción doblemente antidemocrática” porque, por un lado, ingresa al Parlamento en un momento en que las prioridades sociales “pasan por otro lugar, no están en discutir esto que propone el gobierno; hay gente refugiada para no enfermarse, pululan las ollas populares y los merenderos para los que no tienen para comer; la gente tiene otra urgencia”. Además, la LUC presenta una “cantidad de cambios estructurales” en un formato de ley que, aunque es legal, impide “la discusión social necesaria”, afirmó.

En esta línea, ADES establece en el comunicado que los más de 500 artículos y la amplitud de temas desarrollados “elimina la posibilidad de discusión parlamentaria pormenorizada” y en algunos puntos es “inconstitucional”, según establecen “algunos especialistas” con los que comparten la visión. Para ADES, el articulado implica “uno de los retrocesos más importantes de los últimos tiempos en campos tan variados como las libertades y garantías individuales y colectivas, la administración de los recursos públicos, la educación y la salud pública, la vivienda, la seguridad social, el cuidado ambiental, la tenencia de la tierra”, entre otros temas.

Iglesias opinó que “no es casualidad” que el proyecto se presente en este momento de emergencia sanitaria. “Se coloca un proyecto que se sabe que es polémico, que durante la campaña electoral fue anunciado pero del que se ocultó su contenido a cal y canto hasta después de haber ganado la segunda vuelta, en un momento donde está muy limitada la movilización”, señaló y agregó: “El gobierno aprovecha una situación generada por una emergencia sanitaria para colocar una ley que sabe que tiene un contenido antipopular muy grande; esto escapa a la discusión democrática que se tiene que garantizar”.

El dirigente sindical recordó que antes de la suspensión de las clases virtuales ADES había establecido un cronograma de movilizaciones y paros, que ahora “no son posibles”. El sindicato afirmó que enviar el proyecto supuso “un enorme grado de deslealtad del gobierno hacia la discusión democrática” y aseguró que el movimiento docente busca “maneras de poder organizar algún tipo de acción”, pero están “condicionados por la situación de emergencia”.

Materia educativa

“Entendemos que todo el capítulo educativo es una ley de educación nueva; no es una reforma curricular: es cambiar completamente la ley de educación vigente”, detalló Iglesias. A su vez, destacó que ADES también se opuso a la actual ley de educación por no contemplar “planteos históricos del movimiento sindical, como la autonomía y el cogobierno”.

Así las cosas, para ADES, la LUC “modifica radicalmente” la Ley General de Educación “sin pasar por el debate parlamentario”. Según Iglesias, una situación de este tipo no ocurriría en “los países serios con desarrollo social, donde la educación es política de Estado y las sociedades requieren tiempo para aportar y transformar su educación”. “Este mecanismo priva a la ciudadanía de la posibilidad de discutir el proyecto educativo; debería pasar necesariamente por un proceso de discusión serio, con tiempos razonables, y no colocarlo en este formato de urgente consideración”, sostuvo.

A pesar de no estar de acuerdo con el funcionamiento de los actuales congresos nacionales de educación, Iglesias opinó que al menos de esa manera se convocó a los actores sociales, pero en la LUC “no se utiliza ninguno de los mecanismos de consulta, negociación o discusión. Se reniega de cualquier mecanismo, salvo la voluntad del Poder Ejecutivo”. En opinión de ADES, este proyecto “supone el avance de la privatización y mercantilización de la Educación Pública, así como un alejamiento aún mayor” de la autonomía y el cogobierno “históricamente reivindicados”.