Las escuelas deben ser las últimas en cerrar, después de que se hayan aplicado las demás medidas de mitigación, y las primeras en reabrir, cuando lo puedan hacer en forma segura. La frase, en la que varios pediatras y personas dedicadas a la educación vienen insistiendo, es la conclusión de un informe reciente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), que estudió la incidencia de la covid-19 entre las personas de 0 a 24 años en Estados Unidos, entre marzo y diciembre de 2020.

También es lo que indica parte de la experiencia de los países europeos que actualmente están viviendo la segunda ola de coronavirus: Portugal comenzó un confinamiento fuerte pero mantiene abiertas las escuelas, y Reino Unido y Alemania cerraron las escuelas como una de las últimas medidas ante la aceleración de casos.

En Uruguay las clases terminaron en 2020 sin presencialidad plena. Aunque en los meses finales en muchas escuelas se logró que los sextos años concurrieran todos los días, al igual que en las escuelas rurales y las escuelas de tiempo completo y extendido (en su caso menos horas que las habituales), en la mayoría de las escuelas públicas comunes los niños terminaron el año con dos o tres días de clase a la semana. En cambio, en la mayoría de los centros educativos privados, que en muchos casos contaron con estrategias para tener más espacio y personal, los niños asistieron todos los días.

El comienzo de clases este año seguirá marcado por la pandemia, ya que a un mes y medio del arranque de los cursos Uruguay se encuentra en una peor situación que cuando finalizaron en 2020. Por el momento en el área de datos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) no hay una conclusión respecto de si hay parámetros a tomar en cuenta que indiquen un nivel de evolución por sobre el cual no convenga abrir las escuelas (casos nuevos por día o el número reproductivo del virus, el indicador R), pero el tema está arriba de la mesa y va a ser analizado.

Abiertas con protocolos

“En líneas generales, hay bastante consenso en que las escuelas no deben cerrarse, especialmente por períodos prolongados”, señaló a la diaria Gabriel González, neuropediatra e integrante del grupo coordinador del área Planificación Salud, Asistencia y Prevención del GACH. El especialista dijo que en los próximos días se volverá a analizar el tema, pero en relación con esto recordó dos datos: entre los menores de diez y 12 años el impacto que tiene el aumento de los casos de covid “es bajo” y los brotes en centros educativos “han sido de entre 5% y 10%, y la gran mayoría no han sido grandes brotes”.

De los últimos tres informes epidemiológicos elaborados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), del 3 de enero y del 18 y 11 de diciembre, se desprende que la incidencia de covid-19 en menores de 15 años es la menor ‒y con ventaja‒, en comparación con las otras franjas etarias.

González retomó elementos que presentó el GACH en su informe de noviembre, acerca de que si bien los niños se contagian, “no son grandes transmisores”, sino que “se ubican fundamentalmente al final de las cadenas”. Respecto de los trabajadores de la educación, González señaló que “no tienen más riesgo ni han tenido mayor exposición que otros trabajadores”.

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“Eso no quiere decir que cuando empiezan las escuelas no aumenta la movilidad de la población, por el transporte escolar, ómnibus, etcétera, pero hay que poner en la balanza los problemas ocasionados a futuro por los efectos adversos que tiene el cierre de escuelas”, señaló, y por eso, dijo, “la tendencia en el mundo es, a pesar de la pandemia, mantener las escuelas abiertas”. Resumió: “Tenemos que tratar de mantener las escuelas abiertas y con mayor grado de presencialidad, aunque eso no quita que capaz en algún momento determinado, por períodos cortos, se tomen medidas”.

Añadió que sí será fundamental el cumplimiento de los protocolos, y en este sentido “hay que salir a buscar espacios, carpas o preparando actividades al aire libre”.

Distintos escenarios

En el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) ven difícil apuntar a la presencialidad plena este año. “Estamos pensando que vamos a empezar un año donde va a ser mixta la actividad, presencialidad y virtualidad; de repente tenemos que empezar con virtualidad o se puede trabajar en algo de presencialidad”, dijo la directora general del organismo, Graciela Fabeyro, a la diaria. El miércoles hubo un encuentro de distintas áreas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para “acordar cuáles van a ser las estrategias” que llevarán adelante.

Fabeyro mencionó que van a manejar “distintos escenarios” y enumeró algunos de los problemas con los que se enfrentan. Mencionó que han tenido encuentros con intendencias, municipios, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, en busca de “más espacios y de recursos, porque si tengo que ir a un centro comunal no sólo es usar el espacio, sino también resolver quien se encarga de la limpieza”.

El CEIP está trabajando en un diagnóstico acerca de “cuántas aulas móviles se necesitaría”, informó Fabeyro, quien añadió que en la órbita de la ANEP hay muchas de esas aulas sin usar, a medida que se van terminando obras edilicias. La directora estimó que hay unas 100 aulas móviles, “y se está viendo la adquisición de un número importante”, pero aclaró que los costos incluyen no sólo la compra sino también el traslado, “que es muy costoso y quedan pocas empresas que se encarguen de hacerlo en el país”, porque lo que se está analizando es “dónde es realmente necesario”.

Además, la jerarca informó que están en marcha cerca de 300 obras de refacción menores en las escuelas, en referencia a arreglos en baños o comedores.

Robert Silva, presidente de la ANEP, también dijo a la diaria que el espacio edilicio “es un obstáculo significativo con las medidas sanitarias”, pero advirtió que además de este tema logístico-estructural se está preparando el arranque de clases trabajando “en lo pedagógico, en lo socioemocional y en lo sociocomunitario”. “Estamos en las primeras instancias de encuentro, elaborando un plan general, y a partir de ese plan general vamos a desarrollar la última semana de enero y febrero acciones preparatorias para el inicio de clases”, indicó.

Respecto de la búsqueda de más espacios, Silva dijo que cree que se hará “un llamado público” y que las comisiones descentralizadas de ANEP y las inspecciones realizarán “un relevamiento, primero para la optimización de nuestros espacios dentro de la educación, porque hemos constatado algunas situaciones en donde se puede aprovechar de mejor manera los espacios que tenemos; luego con otras entidades públicas y también con las de la sociedad civil, clubes deportivos, sociales”. Explicó que en algunas escuelas esto se hizo en 2020, “pero obviamente en este caso la diferencia tendría que ser que al inicio del año lectivo eso ya esté establecido”.

Silva aseguró que el diálogo con el Poder Ejecutivo y sus asesores es permanente, pero que aún no hay definiciones respecto de en qué condiciones comenzará el año lectivo. “La idea es trabajar por la presencialidad y seguir aumentándola”, señaló.

Sobre la posibilidad de invertir en aulas móviles, Silva no la descartó, aunque manifestó sus dudas: “Podemos poner, y ya hemos puesto, más de 100 millones de pesos en aulas, ¿pero cuando pase la pandemia?”. Mencionó que no en todas las escuelas hay espacio físico para instalar aulas, y dijo que además “hay un tema de recursos docentes: “dividimos los grupos y, ¿quién los atiende?”.

Un acuerdo por más presencialidad en las escuelas

Desde fines del año pasado hay varios actores impulsando un acuerdo político y social por el aumento de la presencialidad en las escuelas. Uno de ellos es Pablo Cayota, director del programa de Educación del Claeh. “Debería haber un movimiento social amplio, producto de un acuerdo político-social, para que en cada centro educativo hubiera un pueblo rodeando a la escuela. Lamentablemente hoy no lo estamos viendo”, consideró en diálogo con la diaria. “Es posible encontrar miles de espacios, hoteles, gimnasios, templos. Se pueden hacer actividades al aire libre y se pueden usar otros instrumentos que es necesario empezar a poner en valor”, advirtió.

Para Cayota una de las conclusiones de 2020 es que “perdimos días valiosísimos con los niños, sobre todo con los de sectores más vulnerables, porque en un escenario de baja circulación del virus tuvimos una presencialidad extremadamente baja, y ha quedado demostrado que la mayor presencialidad no es origen ni causa de los mayores niveles de contagio”, dijo, y puso como ejemplo el caso de Argentina, donde se sufrió con intensidad la primera ola de contagios pese a que las escuelas estuvieron cerradas todo el año. El docente y director de centros educativos recordó que a comienzos de diciembre, de un informe epidemiológico del MSP se desprendía que “de 4.000 centros educativos había 18 brotes, un porcentaje ínfimo”.

Cayota coincidió en que se debería adoptar “el criterio muy claro de que las escuelas son lo último en cerrar y lo primero en reabrir”, y advirtió que si bien “no hay que dejar de ver la realidad, y se verá cómo siguen los números, hay que trabajar por una presencialidad plena”. Consideró que hay que dotar a las escuelas “de todo lo necesario para garantizar el cumplimiento de los protocolos”, y que se debe pensar en diversas formas de ventilación de los espacios de clases. “Hay más de una tecnología en sistemas de purificación de aire”, señaló.

Sobre los costos económicos que puedan implicar estas iniciativas, se cuestionó “cuál es el costo de cerrar escuelas”. “¿Pensamos tener otro semestre de escuelas cerradas o basadas en la virtualidad cuando, aún con el valor que tiene, sabemos que termina dejando en evidencia y profundizando la brecha de aprendizajes? ¿Cuál es el plan? ¿Esperar a que cerremos las escuelas por diez meses, como en Argentina, donde lo único que lograron fue disminuir los aprendizajes y no los contagios?”, reflexionó. Consideró que, al contrario, “hay que acostumbrarse a convivir con el virus todo el año, aún en el marco de la vacuna”.

Cayota advierte con preocupación por “los silencios atronadores de actores políticos y sociales que no están planteando esto como un problema”, y señaló que “si triunfa el pánico los que pagan son los niños más vulnerables”. Puntualizó que considera que los docentes deben estar dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna, y sobre las organizaciones sindicales docentes consideró que “no todas las voces fueron de pánico, hubo matices”.

El colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública comenzó el año pidiendo reuniones con distintos actores sociales en busca de concretar una campaña de sensibilización respecto de este tema. Además, presentará documentos ante un grupo de trabajo conformado en el CEIP para analizar estrategias para aumentar la presencialidad.