Polémica por autonomía de los centros educativos para decidir cómo empezar las clases

La directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, confirmó el martes que las clases comienzan el 1º de marzo, tal como estipuló la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en octubre. Sin embargo, detalló que las clases comenzarán “con la presencialidad que se pueda según las condiciones, con la combinación de presencialidad con virtualidad, con distintas posibilidades”.

Según Fabeyro, “cada escuela a nivel de territorio va a tener que decidir cómo tomar estas precauciones y cómo funcionar. Estamos seguros, el 1º de marzo comenzamos con la modalidad que la situación lo permita”.

Además, la directora general comunicó la última resolución del Consejo Directivo Central de la ANEP: el 17 de febrero se abrirán todos los centros educativos, de todos los niveles. El objetivo, comentó, es visualizar “con días previos al inicio de los cursos todas las posibilidades específicas en cada centro”.

La consejera de Primaria electa por los docentes, Gabriela Verde, dijo el miércoles en Informativo Sarandí que esa autonomía de los centros es algo que “cuesta entender”: “Discrepamos con el resto de las autoridades. Esa autonomía es muy compleja de llevar adelante si dejamos solas a las maestras y directoras en las instituciones escolares. Podemos caer en la dificultad de que se generen brechas entre las escuelas que puedan tener mucho apoyo y aquellas que, por muchas causales, no lo puedan tener, por ejemplo que no tengan dónde poner un aula móvil”.

Para Verde, “tiene que haber una implementación del organismo, porque el Estado es el responsable y garante del derecho a la educación”. La consejera agregó que “el riesgo no lo debe gestionar el maestro solo en el aula, o la directora”. “Se caería en una situación muy peligrosa si nos retiramos de garantizar que las escuelas tengan las condiciones. Gestionar así es muy complejo, estamos dejándolo en manos de los docentes, sin recursos administrativos ni presupuestales”.

En esta línea también se expresó el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, que cuestionó la forma de proceder de Primaria. En sus redes sociales se preguntaron: “¿Otra vez dejaremos librado el derecho a la educación de 8 de cada 10 niños en edad escolar en el Uruguay a las posibilidades que cada escuela tenga y a la discrecionalidad de sus direcciones?”.

En su balance de fin de año, el colectivo ya advertía que “la presencialidad plena con autonomía de los centros educativos generó discrecionalidad” en 2020. “Es importante tomar medidas ajustadas a la situación de cada escuela, pero se necesita una orientación clara, y debe llegar desde las autoridades de la educación pero también desde [las de] la salud”, puntualizó en su momento Natalia Cámara, una de las integrantes de la organización.

Días atrás el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, había asegurado a la prensa que el gobierno aspira a cumplir con el calendario de clases que había sido anunciado anteriormente, y que empieza en la primera semana de marzo.

Esto había generado molestia en el sindicato docente por la “informalidad” del anuncio, lo que llevó a que la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública elevara una nota al presidente de la ANEP, Robert Silva, en la que consultaba por la fecha de inicio de clases, así como por la organización de pasos previos al comienzo del trabajo con estudiantes.

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