La investigación de los 14 profesores del liceo 1 de San José por haberse tomado fotos dentro del centro educativo a favor de la campaña No a la reforma en 2019 parece estar cerca de concluir, pero no así el caso. Según informó la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en un comunicado de su Comité Ejecutivo, dos de las docentes investigadas fueron notificadas de que la División Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) recomienda su destitución, ya que entiende que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo político.
Desde Fenapes sostienen que el informe jurídico “tergiversa” declaraciones de testigos que “evidencian lo contrario” de lo que se concluye. Además, el sindicato entiende que se trata de un hecho de “persecución política sindical” que fue “disfrazado bajo el manto de supuestas garantías jurídicas” y que los “retrotrae a prácticas que el país sufrió previo y durante la dictadura fascista en la educación pública”. En suma, consideran que todo el proceso fue manejado con “opacidad” y “poco apego a las garantías del debido proceso”, en particular por parte de quienes instruyeron el procedimiento disciplinario, por el que los docentes estuvieron separados del cargo y con retención de 50% de sus haberes hasta agosto de este año. Por lo tanto, el sindicato entiende que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que terminará definiendo sobre el destino de los docentes investigados, “tiene la responsabilidad y obligación de corregir” la situación y detener “este proceso de persecución política sindical”.
Fenapes entiende que la defensa de los profesores implicados “es una causa nacional del conjunto del movimiento sindical”, pero también “continental y mundial”. Por lo tanto, el sindicato anunció que, si no existen resoluciones que reviertan las sanciones a los profesores, iniciará “las denuncias y acciones pertinentes en cuanto ámbito internacional sea necesario”, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una línea similar, días atrás también se expresó la Asociación de Profesores de San José, perteneciente a Fenapes. Desde la filial llamaron “a redoblar esfuerzos, mantenerse alerta e informados sobre la gravísima situación que se podría presentar” en caso de que las autoridades de la ANEP den lugar a la recomendación de los informes jurídicos que resultan de la investigación. Por lo tanto, convocó a abordar la situación en el paro nacional que Fenapes definió para este jueves y, de esa forma, “construir mediante el diálogo posibles estrategias de lucha”.
Por otra parte, el tema volvió a llegar al Parlamento, ya que un conjunto de diputados del Frente Amplio envió un pedido de informes a la ANEP y la DGES. En concreto, los diputados opositores buscan saber detalles sobre el proceso de instrucción del sumario a los profesores, que se definió a partir del desarchivo de una denuncia que hizo en 2019 la entonces directora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo. En concreto, los legisladores quieren saber cuál fue el motivo para el desarchivo y en qué normativa se sustenta, además de si existieron otros casos similares al de los profesores de San José en los que la DGES definiera desarchivar resoluciones para darles nuevo tratamiento.
Por su parte, la información que maneja la bancada de diputados del Frente Amplio es que en el último tramo de la gestión del anterior Consejo de Educación Secundaria en que se archivó la denuncia contra los profesores de San José también se archivaron otras denuncias similares. Por lo tanto, consultan a las autoridades de ANEP por qué únicamente desarchivaron la denuncia de proselitismo por la campaña del No a la reforma, contra la propuesta de reforma constitucional “Vivir sin miedo”, liderada por el nacionalista Jorge Larrañaga.
La diputada frenteamplista Lilián Galán dijo a la diaria que los docentes de San José realizaron la medida como parte del colectivo Fenapes y, por lo tanto, la recomendación contra las profesoras “en realidad está violando las resolución de un colectivo”. La diputada señaló que muchos casos no fueron desarchivados y entiende que se trata de una “discrecionalidad”. “Hay una persecución sindical”, señaló, y apuntó que la destitución de docentes debe ser “la última medida” y que desde 1985 a la fecha nunca hubo una resolución de este tipo.
En tanto, Carlos Rivero, exconsejero electo por los docentes en el Consejo de Educación de Secundaria cuando se solicitó el archivo de los expedientes -que posteriormente votó en contra de su desarchivo-, dijo a la diaria que en la sesión que se discutió el tema se resolvió por unanimidad archivar “varios casos que había, de todos los sectores políticos”, porque se entendía que la “gravedad no era tal” y era necesario preservar el “ambiente armónico” de la comunidad educativa. De todas formas, apuntó que en ese momento se hizo un “llamado de atención” a las comunidades educativas y se llamó a “fortalecer los vínculos pedagógicos”.
En una entrevista radial al inicio del año lectivo, cuando desde Fenapes hicieron un paro para apoyar a los docentes, la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, dijo a En perspectiva que el caso fue desarchivado ante una nueva denuncia presentada por Arnejo en 2020, tras constatarse que el caso no había sido investigado por las anteriores autoridades. Además, Cherro indicó en ese momento que la determinación de los sumarios y la retención de haberes fue definida en base a un informe de carácter técnico de la División Jurídica de la DGES.