Uno de los ejes más importantes de la transformación educativa que promueve la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es la reforma curricular, que, como las autoridades han señalado, va más allá de la modificación de planes y programas que está en curso actualmente. En primer lugar, se aprobó un Marco Curricular Nacional (MCN), que establece los lineamientos generales y más conceptuales de la nueva política. Pero para cambiar el enfoque de la formación y pasar a una que priorice las competencias, como propone la ANEP, también se hace necesaria la modificación de las reglas de juego con las que cuentan los estudiantes a la hora de ser evaluados.

Por eso, el Consejo Directivo Central (Codicen) del organismo se reunió el lunes en una sesión extraordinaria en la que se aprobaron dos documentos con recomendaciones de un equipo que está estudiando estos temas y cuenta con representación de todos los subsistemas de ANEP. Los documentos nuevamente fueron aprobados únicamente con los tres votos de los consejeros políticos, ya que los representantes docentes votaron en contra.

Según supo la diaria, luego de ser aprobados estos documentos fueron remitidos a un grupo de trabajo que está estudiando un nuevo documento que regule el pasaje de grado de los estudiantes, pero dan pistas del contenido de las transformaciones.

Uno de los documentos, al que tuvo acceso la diaria, refiere también al proceso de reformulación de planes y programas y reafirma que este se implementará en forma “gradual”. En concreto, ello implica que el año que viene los cambios se apliquen en la educación inicial de tres años hasta segundo año de primaria y únicamente en el primer año de la educación media. Los demás grados continuarán con los planes y programas actuales, pero durante 2023 se trabajará en su reformulación para aplicarlos al año siguiente. Además, se aclara que no se trata de una experiencia piloto sino de una implementación a escala nacional, y que se realizarán instancias “de formación y sensibilización” para los colectivos docentes, “acompañamiento” y “monitoreo” a los centros educativos, además de estrategias para recoger insumos para la mejora de la implementación.

En el mismo sentido, se recomienda “desarrollar y extender los espacios de participación estudiantil”, como los consejos de participación o el Parlamento Juvenil del Mercosur. Además, se señala la relevancia de que los cambios sean articulados entre primaria y la educación media, pero también a la interna de este último tramo, que cuenta con dos subsistemas: secundaria y UTU.

El documento señala que dos de los principios de la transformación curricular serán la “flexibilidad” y “la definición local de tramos del currículo”, y se advierte que ello “obliga a profundizar la vigilancia pedagógica” para asegurar la calidad en la formación. Precisamente se plantea que, “sin dejar de lado la idea de un currículo de carácter nacional, cada centro educativo construya un espacio de aprendizaje en el que se desarrolle un proyecto educativo propio”, de forma de contemplar la “contextualización” e “individualización” de la enseñanza. En síntesis, “se trata de construir trayectos flexibles que atiendan a la diversidad y a la inclusión y establezcan los saberes fundamentales para cada tramo, en el marco del horizonte común”.

Cambio de enfoque en la evaluación

De forma de atender al nuevo enfoque en la formación, también se plantea la necesidad de modificar la manera en que es pensada la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, se propone “consolidar y extender el desarrollo de la evaluación formativa” para adecuarse al currículo por competencias y al rol de las progresiones de aprendizaje, que medirán las competencias esperadas para cada tramo.

Al respecto, se plantea que es deseable “vincular el sistema de acreditación y evaluación sumativa a períodos más extensos” y se hace referencia a “ciclos o tramos”, que se sugiere que sean de dos años. De esa forma, la promoción de los estudiantes de un tramo a otro dejaría de realizarse año a año, como hasta ahora.

En ese sentido, otro documento elaborado por el mismo grupo de trabajo, que también fue aprobado por mayoría en el Codicen y fue difundido este miércoles por El Observador, insiste en esta idea y plantea algunas recomendaciones concretas para primaria y la educación media. Según el documento, al que accedió la diaria, desde hace años se viene reflexionando sobre la necesidad de pensar de otra manera la repetición en primaria. El Codicen alude a ese mecanismo como uno de los principales responsables de las desigualdades a la interna del sistema educativo uruguayo, ya que opera como un predictor de la desvinculación futura de los estudiantes.

En ese sentido, se nombran varias circulares de la anterior administración que van en el sentido de reflexionar pedagógicamente sobre el uso de la herramienta y se sostiene que “sería oportuno que la reflexión generada a partir de la evaluación se expresara como ‘descripciones fundadas’ que sean significativas para el niño, sus adultos referentes y el colectivo docente”. Al respecto, se agrega que eso llevaría a “tomar cierta distancia” entre la evaluación y la calificación, y también entre la evaluación y la promoción.

Además, se plantea la necesidad de la elaboración de un proyecto de trabajo personal para cada niño, en función del cual la institución educativa deberá diseñar estrategias para proteger la trayectoria de cada niño. En ese marco, “se promueve la construcción de estrategias que transiten por la flexibilización de formatos, la desestructuración de grupos, los trabajos internivelares, la didáctica multigrado, la atención a la diversidad y la aceleración, como formas de personalizar las propuestas”.

En el caso de la educación media, el terreno está menos allanado y se plantea la necesidad de que la decisión surja de las competencias esperadas para cada tramo y que se atienda especialmente a quienes necesiten acompañamientos más personalizados, los cuales deberían estar disponibles durante todo el año, según sostiene el documento. Al respecto, señala que una estrategia de ese tipo fue puesta en práctica en secundaria y en UTU durante la emergencia sanitaria y que tuvo una evaluación positiva para los estudiantes, ya que “el cierre anual de los cursos se extendió a febrero”.

Por su parte, el documento de recomendaciones aprobado por el Codicen señala que “sería oportuno que las instancias o períodos de exámenes se redujeran” e incluso se “evitaran” y “tendieran a sustituirse por formas alternativas de evaluación de proceso”. En concreto, se habla de priorizar “la utilización de proyectos” o portafolios y otras formas de evaluación que den mejor cuenta “de la adquisición de las competencias y saberes disciplinares”. Al respecto, el documento agrega que “la escala numérica utilizada para la evaluación del aprendizaje” de los estudiantes “pierde sustento frente a una propuesta educativa en la que cobran mayor importancia las progresiones de aprendizaje”.

Otros cambios

Uno de los documentos también se refiere a cambios en la lógica de funcionamiento de los centros educativos para promover el trabajo en proyectos y la evaluación formativa centrada en los procesos. Para ello, se habla de la necesidad de que los centros educativos tengan mayor autonomía de gestión y que en todos los casos haya salas docentes en las que se tomen “decisiones pedagógicas”. Para hacerlo, se señala que los docentes deben contar con horas de coordinación incluidas en su carga horaria.

Según se señala, “se requieren espacios curriculares con mayor flexibilidad y contextualización” y ello “implica superar el enfoque asignaturista entendido como recorte disciplinar”. El documento agrega al respecto que el enfoque debe ser “integral” para permitir abordajes de “la realidad como problema, para conocerla y actuar sobre ella”, y se sostiene que el centro educativo debe incorporar a su planificación el relacionamiento con otros actores del territorio en el que está inserto.

Las recomendaciones aprobadas por el Codicen van más allá e incluso hablan de la necesidad de redefinir el rol docente en el sistema educativo, para que no esté enfocado “únicamente en las tareas de enseñanza”. En ese sentido, se habla de “cambiar la matriz de la evaluación docente”, lo que se asume como “un proceso largo y complejo” debido a “las lógicas pedagógicas y administrativas instaladas, a la organización de los centros y a la modificación de las condiciones laborales”, que deben ser negociadas con los sindicatos. Otro aspecto importante que se señala es el “impacto presupuestal” que llevaría pasar de un sistema de horas docentes a uno de cargos, principalmente en la educación media.

Precisamente, dicho cambio se plantea como deseable y se sostiene que puede llevarse a la práctica de forma progresiva, de forma que entre las “nuevas funciones” docentes se consideren el trabajo en proyectos, la investigación educativa y la extensión. Al respecto, se señala la relevancia de contar con docentes con cargos de “alta permanencia” en los centros, y que estos cambios deberían ser acompañados de una revisión de “la estructura administrativa” del sistema educativo.