La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) publicó las resoluciones de su último Congreso Extraordinario de Políticas Educativas, realizado en noviembre del año pasado. Además de la declaración final del congreso, de dicho órgano salió un documento más extenso en el que la federación realiza un análisis de coyuntura y sistematiza una serie de propuestas para mejorar el estado de la educación uruguaya, algunas de ellas en base a resoluciones de congresos anteriores.

En el análisis de la situación actual se citan las resoluciones del congreso de Fenapes de 2015 y una resolución de 2012 de la Asamblea Técnico Docente Nacional de Secundaria. En el primer caso, se afirmaba que en esos años se estaba dando un “desmantelamiento del sistema educativo nacional para reconvertirlo en una acumulación inorgánica de estrategias de contención social inconexa y costosa”. En ese sentido, Fenapes reafirma que “una sociedad que no excluyera en forma permanente a miles de personas no necesitaría de ninguna política inclusiva a nivel educativo”. Por su parte, y al igual que el pronunciamiento de este año, en 2012 la ATD rechazaba el modelo de aprendizaje por competencias y la “consecuente demonización de los contenidos educativos”.

El Congreso Extraordinario de Políticas Educativas consideró que la reforma educativa que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) implica la “agudización” de muchos de esos procesos, que se daban desde épocas de gobiernos frenteamplistas. En particular, el congreso planteó que el enfoque de competencias genera la “pauperización de los aprendizajes y de la rigurosidad académica”, que “promueve el aislamiento del estudiante en su contexto educativo y fomenta el individualismo al separar la producción del conocimiento de la comunidad educativa”. En suma, afirman que “las competencias son la extrapolación didactista de la flexibilización laboral” y que la “crisis educativa” a la que se apela para defender la reforma es “la crisis del capitalismo en una etapa terminal”.

Finalmente, Fenapes considera que la reforma “elimina el carácter propedéutico de la educación media e imposibilita la continuidad educativa, mientras profundiza la tendencia a la privatización y la mercantilización”. En concreto, fundamentan que se apela al endeudamiento externo para su implementación, se fomenta una “brecha entre públicos y privados” y la “injerencia del capital a través de fundaciones y empresas”, además de mantener exoneraciones a privados.

El congreso sintetiza una serie de principios por los que la educación uruguaya debería estar orientada, entre los que se la reivindica como un derecho humano “inalienable e irrenunciable que el Estado debe garantizar”. También se señala que la educación debe ser integral y articular lo intelectual y lo físico y manual, además de “contribuir a generar las condiciones de un país más justo y solidario”, lo que está “indisolublemente unido al proceso de la integración latinoamericana”. El sindicato plantea la necesidad de dar herramientas para el proceso de desarrollo personal de los individuos y, al mismo tiempo, de “contribuir a la formación de un ser humano creativo, productivo y consciente de la necesidad de luchar en defensa de su medioambiente”.

También se sistematizan algunos reclamos que Fenapes viene realizando desde hace años, como la necesidad de contar con edificios necesarios para que no haya más de 25 estudiantes por grupo, salarios que permitan que el profesor pueda vivir de su trabajo con 20 horas semanales de clase, y la existencia de equipos multidisciplinarios en cada liceo.

Modificar lo estructural

Según se planteó, la “propuesta educativa de carácter superador” debería “surgir desde las instituciones educativas, sus trabajadores, estudiantes y familias, en discusión con el conjunto del campo popular en el marco del Congreso del Pueblo”.

Para avanzar en su propuesta, Fenapes identificó tres puntos centrales para modificar lo estructural de la educación: en primer lugar, visualizaron como necesaria “la autonomía y el cogobierno con rango constitucional para los entes autónomos de la educación”, con el fin de que se haga “efectivo que sus actores sean quienes definan, en conjunto con la comunidad, la estructura, los planes, los programas y los reglamentos de pasaje de grado”.

En segundo lugar, se detuvieron en lo presupuestal. El sindicato instó a que haya “un piso” que permita atender necesidades del sistema. En relación con esto, manifestaron que la propuesta de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay de 1994, que planteaba retocar la Constitución para que se asegure el 6% del producto interno bruto o “su equivalente del presupuesto público” para la ANEP, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, “sin Participación Público-Privada”, debe ser retomada y actualizada.

Por último, como parte de lo indispensable plantearon que se corte “cualquier lazo con organismos internacionales de crédito que incidan en las políticas educativas o empresas que condicionen los aprendizajes”.

Propuestas

Entre algunos aspectos a profundizar, reiteraron el planteo de que “el único Sistema Educativo Público es el estatal” y que, por lo tanto, “los recursos públicos solamente deberían financiar centros educativos estatales, sin ningún tipo de subvención a institutos educativos privados”. Para que esto se cumpla, declararon que realizarán “acciones” para reformar la Constitución vigente. Al respecto, propusieron que se retome la discusión de la “ley de mecenazgo”.

A nivel interinstitucional, el sindicato resolvió que “gravar el capital” puede ser una forma para adquirir los recursos necesarios para ampliar la alimentación de los estudiantes de educación media. Sobre este tema, plantearon que es menester crear comedores liceales que cuenten con el apoyo de profesionales de la nutrición.

Por otro lado, pidieron que se amplíe el monto y la cantidad de becas para los estudiantes, al mismo tiempo que se profundicen “la articulación y el trabajo en redes con otras instituciones del Estado como elementos principales para abordar e intervenir en problemas que confluyen en los centros educativos”. Asimismo, reforzaron el reclamo de que haya mayor presencia de equipos interdisciplinarios en los liceos, fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, profundizar la educación sexual en la educación pública además de la perspectiva de género con, entre otras cosas, más formación en los actores institucionales y la reelaboración del protocolo de acoso y abuso en las instituciones educativas. Por último, concluyeron que “se debe eliminar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa [Ineed] como organismo de evaluación externa de la ANEP”.

En cuanto a lo pedagógico, manifestaron que debe “repensarse la evaluación como valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin subordinar estos a aquella”, y que rechazan “la evaluación estandarizada, dado que refuerza lógicas mercantilistas de la educación”.

Sobre el tiempo pedagógico, el sindicato dijo que “estudiará, tomando en cuenta criterios científico-pedagógicos, cómo llevar adelante liceos de un solo turno en aquellos lugares en donde las comunidades educativas consideren pertinente”. En relación a las modalidades de impartir las clases, reivindicaron la presencialidad y aseguraron que “el uso de las tecnologías y los recursos digitales son herramientas que se podrán utilizar conforme el contexto lo requiera, y los docentes lo decidan en el marco de su libertad de cátedra”.

Como imprescindible, concluyeron que el Departamento Integral del Estudiante tiene que descentralizarse para “que se encuentre en departamentos o regiones, además de una división con los técnicos necesarios para su actuación en los casos que se entiendan necesarios”.

Sobre el rol docente, consideraron necesario que la unidad docente debe ser de 20 horas, más diez destinadas a “investigación, extensión, planificación, trabajo interdisciplinario o coordinación”. Por otro lado, hicieron énfasis en la formación continua y en que luego de egresar los docentes tengan la garantía de un concurso inmediato. Por último, remarcaron que “el ascenso en la carrera funcional es un derecho constitucional y es deber del Estado garantizarlo”.