“La próxima administración debe reparar el daño causado y garantizar los derechos consagrados en la Constitución”, escribió la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en su cuenta de X este lunes, para dar inicio a una conferencia de prensa en San José de Mayo, a propósito de la situación de funcionarios que, según el sindicato y la Asociación de Profesores de San José (APSJ), han sido “perseguidos y sancionados”.

José Olivera, vicepresidente de Fenapes, recordó en la conferencia que el apoyo sindical a los docentes de San José se remonta a marzo de 2021, desde que 15 trabajadores del liceo de San José fueron sumariados por participar en una fotografía en campaña contra la reforma “Vivir sin miedo”. Destacó que la propia Fenapes junto a la Internacional de la Educación hicieron seguimiento del caso a partir de la denuncia que se presentó en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En ese marco, especificó que, en junio de 2023, el Comité de Libertad Sindical “señaló claramente el derecho que tienen las organizaciones sindicales de expresarse sobre temas de interés general”. Olivera afirmó que el organismo internacional pidió al gobierno uruguayo que revea la situación de los trabajadores de San José, porque entendió que la pronunciación que hicieron los trabajadores “la pueden hacer en el lugar de trabajo, siempre y cuando eso no vulnere el derecho de los niños”.

“Nunca la administración pudo demostrar que la acción llevada a cabo por las compañeras y los compañeros -que fue tomarse una foto en la sala de profesores y en otros espacios donde ya no había actividad con estudiantes y ellos no estaban- había vulnerado el derecho de los niños, por lo tanto, no había ninguna cuestión ilegal cometida por los compañeros”, esgrimió Olivera.

Aun así, manifestó que la asesora legal de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “sancionó a funcionarios por haber asumido una conducta contraria a sus deberes funcionales” y porque, según argumentó, “las consignas promovidas en la reforma no tenían vinculación alguna con el sindicato ni con sus afiliados”. Para Olivera, este punto “define qué temas son de interés de las trabajadoras y trabajadores y qué temas no lo son, lo cual claramente muestra el signo bastante autoritario que ha caracterizado a todo el gobierno”.

A pesar de algunas idas y vueltas posteriores con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la ANEP y el Comité Legal de la OIT, el presidente de Fenapes narró que este año el Comité de Libertad Sindical volvió a plantear que el gobierno debía revisar el caso y, sin embargo, dijo que la ANEP volvió a desestimarlo.

Por esta razón, Olivera sentenció que en noviembre de este año el sindicato, junto con la Internacional de la Educación, pidió al Comité que en su próxima reunión, en marzo, “revise nuevamente el tema y establezca sanciones contra el Estado uruguayo”. Según fundamentó, “en dos oportunidades ha desoído y desatendido las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical”, mientras que “las sanciones sobre las compañeras y compañeros están generando un perjuicio hoy día”, por ejemplo, a la hora de ser ubicados en los listados de la elección de horas.

Otras medidas

“San José es un caso emblemático de todo el proceso de persecución a los docentes: es el primer caso que instala el terror en el cuerpo docente”, aseguró Emiliano Mandacen, secretario general de Fenapes.

Para Mandacen, lo emblemático de la situación es que las autoridades tomaron el caso “como el símbolo de lo que iba a ser la transformación educativa, en el aspecto de aterrorizar y amedrentar al cuerpo docente en la perspectiva de una transformación educativa netamente regresiva, que buscaba que los docentes no se organizaran y no salieran adelante”.

En este marco, el dirigente sindical destacó que, aun así, tanto Fenapes como APSJ “gozan de buena salud”, y que en San José están por abrir una nueva casa que funcionará no sólo como “un centro de referencia para los docentes de San José, sino para la comunidad entera, y se va a transformar en una referencia cultural”.

En segundo lugar, recordó que junto con el Comité Ejecutivo y el área de Comunicación iniciaron “una campaña que se denomina ‘de urgente consideración’, que generó inmediata repercusión pública”. A través de la campaña, aseguró que la primera “exigencia” que generarán es que “el próximo MTSS convoque a las partes para reparar inmediatamente la situación de los cuatro compañeros afectados”. “Ese va a ser uno de los primeros elementos que le va a plantear la Fenapes al próximo gobierno, porque es un elemento de justicia”, esbozó. Según agregó, a ese caso sumarán también la sanción al exdirector del IAVA Leonardo Ruidíaz, que fue suspendido por Secundaria por negarse a cortar el diálogo con el gremio de estudiantes y desalojarlos del salón estudiantil.

En tanto, Marcel Slamovitz, exvicepresidente del sindicato e integrante de la APSJ, agradeció el apoyo de los trabajadores en las calles, que desde hace cuatro años han tenido “muestras de solidaridad y de afecto”.

“Ser perseguidos nunca es grato, porque además nosotros después de volver teníamos que dar la cara a nuestros alumnos, hablar con nuestros padres, con los padres de nuestros alumnos”, esbozó. Y se preguntó, más de una vez: “¿Por qué nos sancionaron?”.

Según Slamovitz, después de casi cuatro años, hoy lo ven “como un honor”, por haber defendido “la educación pública hasta las últimas consecuencias” y también su profesión. “Y quienes nos atacaron hoy se van por la puerta trasera”, agregó.

Por otro lado, señaló que también en otros lugares “hubo sanciones menores, pero que generaron mucho terror, como arrancar las carteleras sindicales o prohibir hacer actividades”. “Al lado de la sanción parecen menores, pero no lo son”, aseguró.

De acuerdo al exsindicalista, se trata de “una estrategia de este gobierno reaccionario”, “un plan armado para generar terror, para imponer esta reforma nefasta de espalda a los docentes, que ahora estamos viendo los resultados patéticos”. Sin embargo, manifestó que “a los docentes se los cuida”, y que, ante casos como estos, “la gente responde más allá de sus filiaciones político partidarias”.