En febrero entró en funciones el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que renovó la mayoría de sus cargos principales. Alejandra Vespa es la nueva presidenta del sindicato y estará acompañada en la conducción por Gustavo Hellbusch en la vicepresidencia y Emiliano Mandacen, que continúa como secretario general.

La nueva presidenta es militante de la filial de La Paz, Canelones, y participa en espacios del sindicato desde 2003. Es profesora de Historia y adscripta, y ya ha tenido distintas responsabilidades en la conducción de la organización: fue secretaria, vicepresidenta y secretaria general, entre otros cargos.

En un año marcado por varios desafíos presupuestales y de política educativa, Vespa habló con la diaria sobre los temas que la Fenapes busca poner sobre la mesa para que sean atendidos por el sistema político. La necesidad de contar con un mayor presupuesto para la educación, la eliminación de los “aspectos regresivos” de la Transformación Curricular Integral (TCI) instalada en la administración anterior, la elección de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) y de los representantes docentes en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fueron algunos de los temas que estuvieron en la conversación.

Vespa se refirió a los cinco años del gobierno anterior como un período en el que la Fenapes y los docentes en general “fueron muy castigados” y, además, en el caso de Secundaria, hubo “una política sistemática de descrédito” hacia los profesionales de la educación. Según ella, esa política tuvo el objetivo de “frenar” a la organización sindical a la hora de emitir sus opiniones sobre el quehacer educativo. Al respecto, señaló que la vulneración de las libertades de expresión y sindical fueron reconocidas tanto por la Organización Internacional del Trabajo como por la actual administración de la ANEP y también por la Justicia.

¿En qué momento está la Fenapes después de lo que el sindicato enfrentó en los últimos años?

Venimos de un congreso que fue realizado en diciembre con la participación de más de 200 delegados, que sintetiza un trabajo previo. Tenemos 61 asociaciones a lo largo y ancho del país que tuvieron una discusión de los documentos preparatorios del congreso, hicieron un balance de lo que fue el trabajo los dos últimos años y también hay toda una perspectiva hacia adelante. Tuvimos que generar una resistencia y un freno al ataque sistemático que recibimos en el período anterior, pero igual seguimos denunciando los ataques a la educación pública.

En diciembre hacíamos un buen balance de lo que se había trabajado. Nuestra voz es escuchada porque tenemos fundamento para lo que planteamos. El primer desafío que tenemos por delante es seguir fortaleciendo nuestra organización sindical, es fundamental el trabajo con los compañeros en todos los departamentos y en todas las asociaciones. Con nuestros compañeros sindicalizados y con todos aquellos trabajadores que aún no han dado ese paso de vincularse al sindicato, que forman parte del gremio docente, pero que para nosotros tienen un lugar dentro del sindicato.

Pero también tenemos grandes desafíos. Uno es la necesidad de que este año se concrete específicamente la convocatoria del Congreso Nacional de Educación [CNE]. En el último período de gobierno no fue convocado y ahora hay señales claras de que el congreso va a ser convocado. Nos preocupa, de todos modos, la lentitud con que viene ese proceso. Ya deberíamos estar en la instancia de la organización del propio congreso, que debe ser altamente participativo. Con participación real, que efectivamente se abran los espacios para la ciudadanía y que luego se concrete lo que se plantee desde ese espacio. Nosotros no negamos que necesitamos cambios en la educación. El problema es el tenor de los cambios y a quiénes involucran.

El otro gran desafío es la reciente ley de presupuesto aprobada, que en el caso de la educación dista mucho de concretar los desafíos que tenemos por delante. El compromiso electoral fue llegar a la adjudicación del 6 + 1% [del producto interno bruto] para la educación [y la investigación]. Si bien nosotros decimos que la educación precisa los recursos necesarios, que pueden ser 6% o más, el problema es que hoy estamos muy lejos siquiera de acercarnos al 6% y no sentimos que exista un compromiso real. Las siguientes rendiciones de cuentas son fundamentales para conseguir los recursos que la educación precisa y que hoy no están sobre la mesa.

En 2006, con el CNE que llevó el nombre de Julio Castro se generó una expectativa muy grande en el movimiento social, pero luego lo surgido en ese espacio no se concretó totalmente. ¿Con qué expectativa se llega a este nuevo congreso?

Nosotros participamos y fuimos parte importante en la organización del CNE Maestro Julio Castro. Las resoluciones que emanaron de ese congreso no fueron plasmadas en la Ley General de Educación de 2008 y nosotros seguimos planteando la necesidad de que el CNE sea vinculante. Eso implica el respeto, obviamente, a las autonomías. Nadie le va a quitar la autonomía técnica y financiera a la ANEP, pero en las líneas de política educativa los lineamientos del congreso deben ser vinculantes.

Hay mucho temor, y lo expresan directamente muchos actores políticos y a veces el propio gobierno, de quedar supeditados a las resoluciones de un congreso. Para nosotros es clarísimo: un congreso vinculante que respete las autonomías del ente establecidas por la Constitución. La fuerza política que está hoy en el gobierno tiene resoluciones de sus propios congresos que plantean un CNE vinculante, respetando las autonomías. Nuestra expectativa es que se cumpla con los compromisos asumidos.

El hecho de que las resoluciones del congreso no se plasmen en lo que después hacen los actores institucionales va generando un descrédito. Yo creo que están en un momento propicio para desandar esos desánimos. Nosotros vamos a desplegar todo el esfuerzo de la federación para que el congreso sea ampliamente participativo y después exigir a las autoridades que se cumpla con aquello que se resuelva. La única forma de construir con la ciudadanía es si uno se compromete a una democracia participativa. La participación ciudadana no puede ser pura y exclusivamente cada cinco años al emitir un voto, sino que se hace todos los días desde el club de barrio, desde los comités de base, desde los sindicatos, esa es la verdadera participación popular y el reflejo de una democracia fuerte y robusta.

Este año también se dará la elección de las ATD a nivel nacional. ¿Cómo miran ese proceso?

El 18 de abril son las elecciones nacionales de todas las ATD, donde está representado el gremio docente. En estos días se reunió la ATD Nacional de Secundaria para valorar las modificaciones y los cambios en los programas de las asignaturas. Es fundamental que los docentes puedan tener su espacio para intercambiar y pronunciarse en los aspectos técnicos y pedagógicos, y la ATD es el órgano fundamental para eso. Una ATD que también ha sido castigada, ninguneada; en algunos momentos se quiso plantear que el cuerpo docente no tenía la capacidad o estaba equivocado en aquellos planteos que realizaba.

Más allá de que no es nuestro ámbito sindical, sino que es un ámbito más genérico, convocamos a participar y a respaldar con el voto a todos los docentes en la elección de las ATD, que van a tener un papel fundamental hacia adelante en la revisión de la TCI. Hemos planteado la necesidad de atacar e ir desmantelando la génesis de la transformación educativa y la ATD va a ser parte fundamental en ese proceso.

También se dará la elección de los dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen).

Ahí también tenemos reparos con la administración actual. La ley es muy clara: son cinco los directores de ese Codicen, sean electos por el cuerpo docente o sean designados por el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, nos encontramos con una situación en la administración anterior de desconocimiento de los dos consejeros electos por los trabajadores. En estos meses [del nuevo gobierno] tenemos que decir que la situación no ha variado mucho. En un organismo de cinco integrantes los consejeros electos obviamente están en minoría, pero allí deberían darse las discusiones francas, fraternas, para resolver las políticas educativas a nivel país. Pero en muchos casos es desconocida la participación de los dos electos, tanto de Julián Mazzoni como de Daysi Iglesias.

Eso para nosotros es una preocupación. Aun así, aspiramos a que llegue la elección de consejeros y ahí estaremos nuevamente como Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay planteando nuestros referentes para poder asumir esa responsabilidad. Hay un debe o hay un pendiente: en la campaña electoral, el presidente de la República, el profesor Yamandú Orsi, asumió el compromiso de la restitución de los consejos desconcentrados. En primaria, secundaria y en educación técnico-profesional se mantienen las direcciones generales, una experiencia nefasta.

Hoy en día se mantienen y, si bien en el caso de Secundaria es con otro perfil y con un vínculo totalmente diferente -el diálogo se restableció, las instancias bipartitas tienen otro tenor que no solamente es de escucha, sino de intentar en conjunto buscar soluciones, acuerdos y llegar a resolver situaciones-, seguimos exigiendo la vuelta a los consejos desconcentrados. Eso es algo que todavía está pendiente, depende de que el Parlamento aborde el proyecto de ley que vuelve a instalar los consejos. Cuando eso suceda, vamos a estar nuevamente en un proceso de elegir a uno de los integrantes de los consejos desconcentrados.

La Fenapes manifestó conformidad con los ajustes a la TCI realizados en octubre, pero desde la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP se han puesto sobre la mesa algunas líneas de continuidad y profundización de la política curricular. ¿Qué esperan de la discusión que transcurra este año?

En el caso específico de la Dirección General de Educación Secundaria [DGES], valoramos positivamente que al asumir se planteó el respeto a la libertad de cátedra; con la TCI, los docentes quedamos sujetos a determinados lineamientos. También valoramos muy positivamente que se haya abierto un proceso de discusión con los docentes, en el que tal vez los tiempos fueron muy acotados por la premura del inicio de un año lectivo. Nos hubiese gustado tener más tiempo para discutir, pero sí saludamos que ya no hay un lineamiento competencial; las competencias siempre han estado incluidas dentro del trabajo docente, pero no podían ser la columna vertebral. Quedó claramente establecido en los documentos aprobados por la DGES que el tenor es otro.

A partir de allí, seguiremos hacia adelante. La TCI tiene el Marco Curricular Nacional, que sigue manteniendo algunos elementos que son perjudiciales para la formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, vamos a seguir bregando para que esas cosas cambien y se modifiquen.

Hay una preocupación desde el cuerpo docente y, obviamente, a nivel sindical, con algunos actores técnicos o asesores vinculados al Codicen que mandan mensajes bastante contradictorios con respecto a dar pasos firmes para eliminar o modificar aspectos regresivos de esta transformación educativa. Eso nos preocupa mucho, porque tanto en Secundaria como en el resto de los subsistemas hubo pronunciamientos que fueron más allá del sindicato: expresamente las ATD de todo el país señalaron lo regresivo de la aplicación de la TCI y la necesidad de dar pasos firmes en revertir esos aspectos negativos.

Preocupa que algunos técnicos se sigan aferrando a esos modelos que no surgen del intercambio con los docentes, sino que son recetas que ya se han aplicado en otros lugares, en otros momentos; en muchos casos se está volviendo de esas aplicaciones. Y que sigan con esos oídos sordos de no escuchar al plantel docente y aferrados a mantener algunos elementos de la transformación educativa que perjudican la enseñanza.

Algo fundamental que el Codicen todavía tiene pendiente son los cambios a los reglamentos de evaluación y de pasaje de grado de los estudiantes. Hay ciertas flexibilizaciones en el compromiso que uno debe pedirles a la familia y a los estudiantes que no podemos permitir. Parte del proceso fundamental de aprendizaje es la permanencia de los estudiantes en los centros educativos. Se fue dando una flexibilización por la que da lo mismo que asistas o no, más allá de que los discursos después van en otro sentido, pero los reglamentos amparan que eso sea así. El alejamiento del estudiante del centro educativo es perjudicial en todos sus términos. Seguimos exigiendo abordar esos elementos, modificarlos y transformarlos.

Quienes son partidarios de estas flexibilizaciones sostienen que una mayor rigidez termina generando un desestímulo para la continuidad de los estudiantes. ¿Qué peso tienen los aspectos curriculares en comparación con la vulnerabilidad socioeconómica que enfrentan muchos estudiantes, algo que han señalado desde la Fenapes?

Sin duda que el propio sistema educativo siempre va a tener cosas perfectibles. Nosotros no estamos planteando que en estos momentos el sistema educativo tenga todas las respuestas ni todas las soluciones. Lo que también hemos dicho infinidad de veces y lo seguimos reafirmando es que hay una situación social, un deterioro y una descomposición que no puede resolver pura y exclusivamente el sistema educativo. Durante muchos años no solamente se ha puesto a hombros de los docentes esa responsabilidad, sino que se han descuidado otras políticas públicas que tienen que acompañar cualquier proceso educativo.

Es muy difícil para cualquier estudiante mantener su permanencia si tiene un contexto familiar y sociocultural que no lo lleve a generar esa responsabilidad de asistencia, de estudio, de continuidad. Y ahí juegan muchos factores. El primer factor es algo que desde el PIT-CNT y diferentes organizaciones sociales se está planteando: la necesidad de atender rápidamente la pobreza infantil. En la mayoría de los casos, viene con situaciones familiares de madres jefas de hogar o de abuelas y abuelos con ingresos muy diezmados y en algunos casos sin ingresos firmes. Es muy difícil para cualquier estudiante mantener y desenvolverse en una jornada escolar si no tiene las condiciones básicas satisfechas.

Si un adolescente no tiene la alimentación necesaria en su hogar y tampoco es algo que se tenga cubierto en Secundaria, más allá de que ahora en marzo hay varios liceos que van a contar con comedor estudiantil, de todos modos, eso no suple la carencia de base: la situación sociofamiliar. Si no abordamos esa situación, es muy difícil.

Y los trabajadores que estamos en los liceos hacemos hasta lo imposible por atender las situaciones de estos estudiantes. A lo largo del país hay infinidad de ejemplos en los que los aportes del sindicato y de los docentes son los que mantienen la vestimenta de algunos estudiantes, se otorgan canastas cuando las familias están pasando por situaciones críticas, una beca para una cantina. Son esfuerzos de los trabajadores que se organizan y buscan en otros lugares lograr paliar en algo esas situaciones económicas.

Por otro lado, hay una situación cultural que uno también tiene que ir acompasando. Tal vez hace algunos años había un mayor seguimiento de las familias. A veces pasa cuando llegan a la etapa de secundaria, como ya son un poco más grandes y es correcto que se les deje la libertad necesaria por su edad, pero eso no quiere decir que no haya que estar atentos a qué le pasa a ese adolescente mientras transita por los seis años de liceo. Que la familia esté acompañando al estudiante en todo el proceso para nosotros es fundamental. Todas estas cosas a veces parece que no están tan claras desde las autoridades de la educación o cuando proponen y se votan los presupuestos a nivel del Parlamento.

Por otro lado, hay una serie de otras organizaciones estatales que tienen que estar muy presentes también para nuestros estudiantes. Hay múltiples factores por los cuales los estudiantes abandonan las aulas o no culminan su proceso educativo; no es solamente lo que tenga que modificar Secundaria. A veces se cae en tapar la realidad planteando que existe una cierta rigidez o que el sistema actual no se ha modificado, que es arcaico, y que eso lleva a que los estudiantes no permanezcan en él. Los factores son muchísimos más y más complejos que eso.

Nosotros no nos negamos a la discusión ni a abordar una modificación en la estructura de Secundaria, pero esta modificación no puede ser como la experiencia que llevó adelante Robert Silva a través del Codicen, con una imposición de una transformación educativa que no tuvo el respaldo de ninguna ATD a nivel nacional ni de nadie en el cuerpo docente. Los procesos de cambio o de transformación tienen que contar con la participación no solamente de los directamente involucrados, pero fundamentalmente de los directamente involucrados, para ir a la raíz del problema.

Más allá del presupuesto y la revisión de la TCI, ¿qué otros temas son importantes para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes uruguayos?

Siempre hemos planteado la necesidad de, primero, sentirnos respaldados en el trabajo. El hecho de que hoy en día la DGES reconozca el rol docente y se nos respalde en función del trabajo que llevemos adelante, que se reflejó en la declaración sobre la libertad de cátedra, ya trae una cierta tranquilidad.

Después está cómo accedemos a nuestra fuente de trabajo. Para el resto de la población puede ser poco entendible que nosotros año a año tenemos que acceder a nuestro trabajo viendo en qué liceo vamos a estar y con qué carga horaria. Nosotros tenemos las 20 horas docentes, que equivalen, según la asignatura, a una serie de grupos. 20 horas docentes más una dedicación a horas de coordinación es lo que se recomienda internacionalmente a nivel de trabajo. El problema es que con un salario de 20 horas ningún docente en este país puede subsistir.

Por lo tanto, se genera la acumulación y la sobrecarga de trabajo. Así como les pasa a las maestras que trabajan en doble turno, nos pasa a nosotros a nivel de los liceos que tenemos que trabajar en doble cargo, con doble horario, lo que resiente la condición de trabajo. Por eso siempre insistimos en la necesidad de seguir planteando el aumento salarial que vaya equiparando las necesarias 20 horas bien pagas, con sus correspondientes horas de coordinación, porque la administración anterior las retiró. Es un espacio que había sido conquistado por los docentes, en el que se intercambia con otros, se elabora en conjunto y después se lleva a las clases. Esas horas se eliminaron en un recorte presupuestal. Nosotros estamos planteando la necesidad de volver a contar con esas horas que reconocen un espacio de intercambio y de trabajo con otros docentes para después poder trasladarlo al aula.

Otra de las cosas que estamos impulsando con todo el movimiento sindical también es la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Podría ser un buen camino a transitar para mejorar las condiciones y la sobrecarga de horas que tiene un docente.

Otra gran preocupación, que se da en todos los ámbitos de trabajo, es la salud emocional de los trabajadores. En el caso de los docentes es una preocupación cada vez más presente. Está el desgaste de la tarea, pero también de la sobrecarga horaria, que repercute especialmente en los docentes que tienen menos años de trabajo en el sistema, quienes muchas veces recorren cuatro, cinco, seis liceos para poder completar sus cargas horarias. Además del estrés que esto genera, hay toda una situación de desgaste social y de la actividad docente en la actualidad que para nosotros está siendo una preocupación fundamental. Es muy importante poder abordar ese tema con la administración. Tal vez la salud ocupacional solo sale a la luz cuando hay un episodio de violencia en una institución educativa, pero el problema es que ese tal vez es el emergente que se visualiza. Pero para llegar a ese momento de violencia venimos con mucho tiempo de retraso en el abordaje de la salud ocupacional.