En los últimos años, muchos especialistas en educación de la región se han dedicado a estudiar el rol que deben cumplir los cargos de gestión en los centros educativos. Con un amplio acuerdo en que los equipos directivos deben tener condiciones y formación para potenciar el trabajo de los equipos docentes que trabajan en las aulas, la situación de los inspectores no está tan clara, porque es distinta en cada país.
En el caso de la educación uruguaya, en los últimos cinco años estos roles profesionales fueron protagonistas de distintas tensiones en Primaria y, sobre todo, en Secundaria, subsistema en el que estuvo la mayor controversia. En la administración anterior, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) al mando de Jenifer Cherro eliminó una estructura de inspecciones regionales y, en su lugar, apostó por generar cargos de jefatura con mayor grado, que quedaron integrados por personas de su confianza, más allá de que se apeló al escalafón de inspectores para su designación.
Las actuales autoridades de la DGES definieron antes de fin de año una reestructura de coordinación de inspecciones que había sido iniciada en abril con la eliminación de los cargos de inspectoras jefas. Por otra parte, se nombró como cargo de confianza al exconsejero Javier Landoni en un rol de secretario docente, con el objetivo de organizar el trabajo. En ese marco, se volvió a crear las inspecciones regionales y se generó un espacio colegiado de coordinación de las inspecciones de la DGES, que está integrado por Landoni, el inspector técnico de Secundaria, Aníbal Camacho, dos representantes de las inspecciones de institutos y liceos y otros dos por las de asignaturas.
En diálogo con la diaria, Manuel Oroño, titular de la DGES, explicó que al momento de asumir se encontraron con una estructura “excesivamente fiscalizadora y piramidal” en el organismo, que tenía a la directora general y a las inspectoras jefas como principales protagonistas de la toma de decisiones. Agregó que las actuales autoridades visualizaron que eso no contribuía al involucramiento del resto de los trabajadores del subsistema en la toma de decisiones. “Pasamos de una gestión piramidal a una horizontal”, resumió.
Oroño explicó que la reestructura de las inspecciones se vincula con dos de las principales líneas de trabajo de toda la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP): la descentralización y el fomento de la participación.
En relación con las siete nuevas inspecciones regionales, el titular de la DGES dijo que las regiones son seis: litoral norte, noreste, este, litoral sur, centro y la región metropolitana, que cuenta con una inspección para Montevideo y otra para Canelones, ya que son los departamentos con más liceos. Lo que ocurrirá, consideró, es que “la gestión bajará a los distintos territorios” y, por tanto, “estará más cercana a los liceos”. Precisamente, la falta de respuesta de la DGES a pedidos y reclamos de liceos y colectivos docentes fue una de las dificultades que enfrentó la administración anterior.
Oroño afirmó que el perfil de los inspectores regionales, cuyos cargos serán ocupados mediante un concurso que está en trámite, apuntará a que los profesionales realicen “acompañamiento en territorio” ante situaciones que tengan que ver con la interna de Secundaria y la ANEP, pero también en articulación con otros organismos públicos. De esa forma, se espera que los directores liceales se sientan “acompañados y no fiscalizados”.
El titular de la DGES dijo que este nuevo enfoque en la gestión irá acompañado de cursos de formación que próximamente serán anunciados, tanto para inspectores como para los directores de los centros educativos. “En el marco de una gestión participativa, la idea es también darles herramientas de formación” para eso, indicó. En un contexto de “limitaciones presupuestales”, la DGES analiza algunas posibilidades de, a través del Ministerio de Educación y Cultura, generar acuerdos con la Unesco para concretar los cursos.
Consultado al respecto, Oroño dijo que el Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió que a partir de este año ya no haya mentores en los centros educativos, una figura creada en la administración anterior para seguir de cerca la implementación de la transformación curricular en los centros de educación media y de formación docente. Según dijo, esos roles cumplieron “una función complicada”, ya que eran “los que tenían la palabra respecto de cómo había que enseñar”. En ese sentido, recordó que una de las medidas que tomaron las actuales autoridades de Secundaria al poco tiempo de asumir sus cargos fue la de declarar la necesidad de cumplimiento de la libertad de cátedra”.
Robert Silva cuestionó reestructura de inspecciones en Secundaria
En el llamado a sala a las autoridades de la educación que hizo días atrás el senador colorado Robert Silva, uno de los temas que cuestionó fue la reestructura de las inspecciones en Primaria y Secundaria. El senador y expresidente de la ANEP cuestionó que, mientras que Secundaria reinstaló las inspecciones regionales, Primaria las suprimió.
En la comparecencia de las autoridades, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que los cambios en ese subsistema tienen que ver con “optimizar recursos y procedimientos”, además de la “promoción de real autonomía de los territorios en clave de descentralización”.
En el caso de Secundaria, Silva también cuestionó el rol de Landoni como secretario docente y orientador de las inspecciones, por ser “la primera vez” que las inspecciones son orientadas por “un cargo de confianza política”. Al respecto, las autoridades respondieron destacando la trayectoria de Landoni como consejero de Secundaria y del Codicen y en su cargo de carrera como inspector en UTU, y también plantearon que cuenta con formación de posgrado en gestión educativa.