Nadar por las páginas de los programas de los partidos políticos en busca de políticas ambientales concretas podría considerarse una travesía. Las palabras sostenible y sustentable se han puesto de moda y muchas veces se utilizan para propósitos totalmente contrarios a los que uno pensaría. La primera aparece 50 veces en las Bases programáticas del Frente Amplio (FA) y tres veces en su documento Prioridades para gobernar Uruguay, 32 en el Programa de gobierno del Partido Nacional (PN) y 23 en el Contrato con Uruguay del Partido Colorado (PC).
Los planes de gobierno tienen todos más de 100 páginas; esto extraído de forma aislada no dice absolutamente nada. Sin embargo, es curioso si lo comparamos con la cantidad de veces que son nombrados otros conceptos, como el de biodiversidad o el de áreas protegidas, que no llegan a mencionarse más de siete veces en el mejor de los casos y apenas una sola en el peor. La discusión de políticas ambientales entre partidos políticos ha estado ausente del debate público, en sintonía con las características de esta campaña electoral, en la que ha predominado el espectáculo.
Las políticas implícitas
Antes de relatar algunas de las propuestas de los tres partidos políticos con chances de llegar a la Presidencia de la República según las encuestas –FA, PN y PC–, es necesario definir qué consideramos como política ambiental. Carlos Santos, doctor en Ciencias Sociales especializado en ecología política y medio ambiente, decía a la diaria en un artículo anterior que, además de las políticas ambientales explícitas –como podría ser la creación del Ministerio de Ambiente en la campaña anterior–, están las implícitas. Las definió como “todas las políticas de promoción de determinados usos de los recursos naturales con determinados fines productivos” que “hacen una consideración respecto al lugar que ocupan los recursos naturales y los servicios ecosistémicos con relación a la producción”. Dos ejemplos vinculados con el agua, bien natural que hace un año fue protagonista de una crisis: el hidrógeno verde y el riego.
Los tres partidos políticos proponen crear un Plan Nacional de Riego –la oposición lo denominó de forma distinta, “Plan Nacional de Desarrollo Sostenible del Riego” – y la promoción del hidrógeno verde. El FA menciona que “regulará el uso de los recursos naturales, como el agua, en la producción de hidrógeno verde”, establecerá “cánones de explotación” y tendrá en cuenta “su relación con el ordenamiento territorial”. “Las empresas públicas deben liderar el proceso de investigación, desarrollo y posterior producción en materia de nuevas fuentes energéticas y vectores energéticos”, sostiene.
Por otra parte, el PN dice que “el gobierno actual ha trazado una hoja de ruta a largo plazo, [el hidrógeno verde] podrá ser consumido localmente en forma directa y en industrias relacionadas a la producción de materias primas y química verde, pero sobre todo presenta un potencial enorme para la exportación”. Más adelante, hace hincapié en que, más que hidrógeno verde, se potenciarán los combustibles sintéticos que “permiten transformar desechos agroindustriales en combustibles idénticos a los actuales fósiles, que funcionan con los mismos motores y propulsores, pero no derivan del petróleo o del gas”.
Por su parte, el PC promete desarrollar “marcos normativos claros e innovadores para proyectos industriales que utilicen grandes cantidades de agua (hidrógeno verde, entre otros), garantizando la protección de nuestros recursos hídricos y un desarrollo sostenible de nuestras industrias nacionales”. Más adelante, suman: “Se adecuarán, en la medida de los avances en la materia, las cartas orgánicas de las empresas públicas, a efectos de que las mismas puedan cumplir con sus competencias legales, a la vez que se fortalecen y se preparan para un mundo competitivo”.
Ni el PN ni el PC hablan de aplicar un canon por uso del agua, una herramienta que puede servir para que los afectados no paguen los daños a los recursos hídricos, pero que debe ser acompañada por políticas estructurales para no dañar aún más nuestros ecosistemas. El FA únicamente plantea el canon para las iniciativas de hidrógeno verde. Con respecto a los emprendimientos que pretenden instalarse en nuestro país, una medida que pone sobre la mesa el PN –sin mencionar una industria particular– se propone “agilizar los procesos de autorización, habilitaciones y otros trámites administrativos del Ministerio de Ambiente”. El PC, en la misma línea, quiere “procesos más eficientes para las evaluaciones de las autorizaciones ambientales”. En ninguno de los dos casos se especifica si el objetivo es lograr una mayor eficiencia para el interesado en concretar el proyecto o para velar por los derechos de la ciudadanía a proteger los bienes comunes.
Las políticas explícitas
Los tres partidos políticos hacen promesas en torno al acceso de la población al agua. El FA tiene entre sus prioridades la “implementación efectiva del Plan Nacional de Agua y construcción de Casupá”. El PN señala que reformularán este último proyecto “explorando alternativas de financiamiento y construcción”, y el PC no lo nombra. Los socios de la coalición mencionan el proyecto Neptuno-Arazatí como obra encaminada; el FA no habla sobre la iniciativa privada en ninguno de sus documentos. En este sentido, el PC dice que promoverá “una actualización del Decreto 253/70 para adecuar los estándares de calidad de agua, que permitan la armonía entre el desarrollo productivo y el cuidado del ambiente”.
A continuación vamos a describir algunas propuestas de los partidos políticos, que son mencionadas pero no desarrolladas. En un artículo anterior de la diaria puede encontrarse más información.
El PC busca el traspaso de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial al Ministerio de Ambiente, que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Vivienda. También propone crear una fiscalía especializada en delitos ambientales y el desarrollo de un “mercado de carbono modelo” que “mediante instrumentos financieros permita a las empresas comprar y vender créditos de emisión, incentivando la reducción de gases de efecto invernadero a través de mecanismos de precio y competencia”. Por otro lado, propondrá a “distintos acreedores el canje de deuda de nuestro país por compromisos de conservación”.
El PN quiere “reducir el consumo de bienes innecesariamente desechables (por ejemplo, los comercios deben ofrecer la opción de no imprimir ticket papel y enviar ticket electrónico)” y “reducir la cantidad de sitios de disposición final de residuos”. Al mismo tiempo, quiere “propiciar el uso responsable y sostenible de sustancias químicas” y “generar condiciones para contar con alternativas efectivas y de menor riesgo”, además de promover una “Ley Nacional de Educación Ambiental”. Esto contrasta con el paso dado en este gobierno de que la aplicación de agroquímicos sea declarada de forma voluntaria.
Finalmente, el FA menciona entre sus prioridades “superar el 50% de la flota del transporte público eléctrico en todo el país”, incorporar “150 unidades por año durante el quinquenio” e “implementar un plan para acelerar el pasaje al transporte eléctrico en el transporte público”. Por otra parte, la fuerza política afirma que “se establecerán mecanismos que permitan proteger la inversión pública y la destinada a la adaptación al cambio climático”.
El sistema político tiene una deuda enorme con la protección de nuestros bienes naturales, la protección de la población rural frente a los plaguicidas, garantizar el acceso a la justicia socioambiental, la promoción de la agroecología y un largo etcétera. Son varios los técnicos, organizaciones sociales y sindicales que han imaginado futuros posibles y realizado propuestas. Esperemos que este tema no sea gestionado como un botín electoral y se priorice el interés general, tal como determina el artículo 47 de nuestra Constitución.