Más de un centenar de funcionarias, representantes de ocho ministerios, diputadas y senadoras, concejalas, dirigentes políticas, cooperativistas y activistas de Argentina se reunieron la semana pasada en la Casa Rosada para celebrar el Primer Foro de Acciones para Alcanzar la Justicia Menstrual. El objetivo del encuentro era generar iniciativas para revertir la situación de mujeres y personas menstruantes que no pueden acceder a toallitas, tampones o copas, lo que provoca que en muchos casos falten a clases, se ausenten en el trabajo o tengan que recurrir a alternativas insalubres que pueden afectar la salud.

Vestidas de rojo o con un distintivo de ese color, las participantes advirtieron sobre el “factor de desigualdad” que implica la menstruación en los distintos ámbitos de la vida y mencionaron las políticas públicas que están en marcha en el país para avanzar hacia una “justicia menstrual”. También adelantaron otras iniciativas que se implementarán en el corto y mediano plazo, informó el gobierno argentino en un comunicado.

El Ministerio de Salud se comprometió a destinar partidas presupuestarias para la compra de copas menstruales que serán distribuidas de manera gratuita en distintos programas oficiales. El de Seguridad, en tanto, aseguró haber adquirido 2.000 copas para las mujeres que trabajan en las fuerzas federales.

La subsecretaria de Inclusión e Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social, Micaela Ferraro, dijo por su parte que la cartera implementó una línea específica de gestión menstrual dentro del Programa Inclusión Joven y una línea de financiamiento para experiencias cooperativas por parte de los gobiernos locales.

Por otro lado, la diputada Mónica Macha, que encabeza la Comisión de Mujeres y Diversidades de la cámara baja, informó que existen 19 iniciativas presentadas en el Congreso argentino “referidas a la provisión de productos gratuitos para la gestión menstrual y la promoción de la gestión menstrual sustentable”. En Uruguay, hay una a estudio: la presentada en junio por la diputada María Eugenia Roselló, del Partido Colorado, que busca crear una “canasta higiénica menstrual” para las mujeres y personas menstruantes que son beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social.

En otra de las exposiciones, la economista Mercedes D’Alessandro, titular de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, insistió en la importancia de hacer cambios en el sistema impositivo para que los artículos de gestión menstrual dejen de ser productos de lujo. En base a datos relevados por el organismo que dirige, la experta dijo que el IVA a estos productos representa “unos 328 millones de pesos de la recaudación nacional”. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación –que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- también trabaja en la temática y adelantó que en 2021 lanzará tres concursos vinculados a la menstruación.

Uno estará orientado al diseño de productos de gestión menstrual, otro se enfocará en campañas de concientización del gobierno y el tercero promoverá la investigación sobre el impacto ambiental, económico y sanitario, entre otros.

“La gestión menstrual va a ser política de Estado”, dijo al cierre del foro la investigadora, socióloga, historiadora y actual asesora presidencial, Dora Barrancos. Y agregó: “No hay justicia social sin justicia de género”.

Activistas y organizaciones civiles de distintos países luchan desde hace años contra la llamada “pobreza del período menstrual”. En algunos casos, los reclamos han llegado a los recintos parlamentarios. Por el momento, el caso más exitoso es el de Escocia, que el mes pasado se convirtió en el primer país del mundo con acceso gratuito y universal a productos de gestión menstrual.