La respuesta judicial a la violencia de género es uno de los principales temas que ocupan la agenda de los feminismos, que aseguran que la Justicia todavía está lejos de brindar una reparación integral a las víctimas, tiene sesgos machistas y carece de perspectiva de género. Estos obstáculos están presentes en todas las etapas del proceso: desde el momento en el que mujeres y disidencias presentan la denuncia hasta lo que dicta una sentencia.

Es una justicia que, además, en muchos casos llega cuando ya es demasiado tarde. En lo que va del año, hubo 25 femicidios en Uruguay, nueve más de los que se registraron en todo 2020. En al menos cuatro de esos casos, las mujeres ya habían denunciado al femicida por violencia de género.

En un país en el que casi ocho de cada diez mujeres aseguran haber vivido violencia en algún momento de su vida, según la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género, y que declaró en 2019 una emergencia nacional por los femicidios, cabe preguntar qué es lo que está fallando. ¿Cuáles son las trabas en el acceso de mujeres y disidencias a la Justicia? ¿Qué pasa una vez que acceden? ¿Qué características tiene la justicia que los feminismos reivindican? ¿Cómo se construye y qué elementos debería introducir o transformar? Con estas preguntas como disparadoras, abogadas especializadas y representantes de la academia y la sociedad civil consultadas por la diaria analizaron los desafíos actuales y propusieron claves para empezar a caminar hacia una reforma judicial con perspectiva de género y feminista.

La justicia que tenemos

Para pensar en qué tipo de justicia queremos, hay que poder caracterizar primero qué tipo de justicia tenemos. Las especialistas coincidieron en que falta perspectiva de género entre operadoras y operadores judiciales de todos los niveles, lo cual deriva en sesgos machistas y prácticas revictimizantes que se reproducen no sólo en las sentencias finales, sino en todos los pasos anteriores.

Para la abogada Ivana Manzolido, integrante de la Red de Abogadas Feministas, se trata de una justicia que “lo que hace es reproducir estereotipos que son machistas, discriminatorios y que se perpetúan a través de las propias decisiones judiciales y de las interpretaciones de quienes imparten justicia”, sumado a “los propios obstáculos que existen para que las mujeres puedan acceder al Poder Judicial y la ineficacia que presentan los mecanismos tradicionales de justicia”. Manzolido señaló que, además, muchas veces las mujeres tienen que “asumir la carga de comprobar determinadas cuestiones ante el juez y la jueza y de hacerle ver por qué esto es violencia”. “La Justicia sigue pensando que tenemos que ser unas doncellas, castas, puras, blancas, de clase media, y así es que nos siguen juzgando”, apuntó.

Lucía Giudice, docente de Teoría del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y magíster en Estado de Derecho, coincidió en que el foco debe estar puesto en cómo el sistema trata a “mujeres, disidencias y ciertos grupos vulnerados históricamente” a lo largo del proceso. En ese sentido, dijo que a veces se toman decisiones judiciales “que nos pueden agradar más o menos en términos ideológicos y políticos”, pero “en todo el proceso, vemos que la víctima recibió un trato que la revictimiza o que implica ciertos tratos degradantes”.

En la misma línea, la abogada Valeria España, magíster y doctoranda en Derechos Humanos, reivindicó el lugar que debería tener la víctima. Puso como ejemplo el caso de la “violación tumultuaria” en Santa Teresa, denunciada en enero de 2014. “Si analizamos cómo se dio el procedimiento y analizamos lo que se declaró ahí, vemos que no se escuchó a la víctima de ninguna manera y no hubo una valoración de la prueba con una perspectiva de género, y eso redundó en una impunidad enorme y en todo el daño que implica el no reconocimiento de una situación”, aseguró, y agregó que, “al no reconocer que se dio el daño, no hay una reparación efectiva a la víctima”.

España dijo que, si bien el nuevo Código del Proceso Penal “le da un nuevo lugar a la víctima”, “tampoco es suficiente en términos de lo que ella o los familiares puedan hacer”. “Lo que vemos es que, en los crímenes más complejos, donde puede haber una situación de trata, explotación sexual o femicidio, muchas veces está también de la mano la búsqueda de la memoria y la verdad de lo que sucedió, y la reparación de los daños causados, en ese caso no solamente por el particular que generó el daño sino también por el Estado, que es negligente” cuando, por ejemplo, “una persona va a denunciar una situación y esa situación se relativiza, o cuando ante la Justicia se vuelve a revictimizar”, señaló la especialista.

Las mismas barreras son identificadas por organizaciones feministas que acompañan y asesoran a víctimas de violencia de género. El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? trabaja desde 2017 en la visibilización de casos de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, en muchas ocasiones brindando apoyo a las familias que denuncian. En estos años, han visto de cerca cómo la Justicia, “en general, obstaculiza bastante los procesos”, explicó a la diaria Sofía Lledías Otero, integrante del grupo. “Es una justicia que hace que las personas se cansen y que llegue un momento en el que desistan de querer respuestas, porque no hay un trabajo intersectorial y una respuesta integral. Muchas veces, hay varias instituciones que están encargándose de una misma cosa y, por no estar conectadas, no se llega a nada”, dijo la activista. Agregó además que, muchas veces, “si no se ejerce presión desde algún lado, no hay respuestas”. En ocasiones, esa “presión” se despliega recurriendo a los medios de comunicación o tejiendo estrategias como la presentación de denuncias colectivas.

La justicia que queremos

¿Qué características debería tener, entonces, una justicia feminista? En principio, debería ser antipatriarcal, antiheteronormativa e incluir una perspectiva de género, derechos humanos y clase, aseguraron las expertas en líneas generales. También implica pensar en un sistema que no esté centrado en el castigo, en el entendido de que pedir penas más duras no resuelve el problema de fondo, que es estructural. Basta con mirar alrededor para notar que más años de cárcel para un violador, un explotador sexual o un femicida no contribuye a erradicar la violencia de género.

“Cuando hablamos de que queremos una justicia antipatriarcal, estamos pidiendo que se tome en consideración en la elaboración de las sentencias, en la valoración de los hechos y de las pruebas, y a lo largo de todo el proceso, la presencia de los estereotipos de género y cómo eso impacta en la vida de mujeres y hombres”, introdujo Manzolido. La abogada recordó que el año pasado se presentaron dos guías para que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación aborden los casos con perspectiva de género, lo cual podría significar un avance si se tradujera en “una mejora de las prácticas”.

“El tipo de justicia que añoramos las feministas no es más que una justicia que cumple con una obligación constitucional de igualdad y una obligación convencional de hacer realidad el derecho a la igualdad, obligaciones que no solamente se encuentran en la Constitución de la República, sino en tratados como la Convención de Belém do Pará o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que nuestro país ha ratificado”, señaló Manzolido.

Es, además, una justicia con perspectiva de clase. “Queremos una justicia que promulgue por la igualdad, porque también tenemos clarísimo que no es lo mismo una chica que desaparece en un barrio pobre que una chica que desaparece en un barrio con características económicas distintas. Queremos que todas y todos seamos iguales ante la ley”, manifestó Lledías Otero.

Por otra parte, España dijo que el primer paso hacia una reforma judicial con perspectiva feminista es promover un “gran diálogo nacional” entre operadores judiciales, movimiento social y poder político, para pensar “qué tipo de justicia queremos” y “qué tipo de justicia administramos”.

La abogada propuso otros elementos que deberían estar arriba de la mesa de debate, como cuáles son los mecanismos que tiene una jueza o un juez para ser evaluado en su propia actuación, cómo se garantiza “la democratización desde la más alta jerarquía para evitar una influencia inadecuada por parte del poder político en las decisiones de la Suprema Corte Justicia”, y cuál es el proceso de reparación que rige no solamente para las personas que sufren la violencia sino también para sus familiares. “¿Qué sucede con las niñas, niños y adolescentes que perdieron a su madre [en un femicidio], como en el caso de Valeria Sosa, que denunció en reiteradas ocasiones y que existen elementos para mostrar que hubo una falta de debida diligencia por parte del Estado para atender sus reiterados pedidos de ayuda denunciando a su agresor? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la reparación que pueden llegar a tener esas víctimas?”, planteó España.

La experta consideró que uno de los desafíos principales es plantear cómo no llegar justamente a las puertas de la Justicia, “porque cuando se garantiza un derecho tenemos que apelar a la garantía que surge de ese derecho, que es que sea reconocido y que sea un derecho vivido, y cuando se llega a la apelación de la Justicia es porque ese derecho no se protegió”. “No es el lugar al que queremos llegar”, reconoció, “pero es el lugar del cual tenemos que hablar, porque evidentemente la Justicia no está cumpliendo con los compromisos que tiene en el marco de un Estado democrático y de derecho”.

La abogada reivindicó al mismo tiempo el rol de los feminismos, que en los últimos años “han estado presentes para poder denunciar el carácter patriarcal de las sentencias y los sesgos de género que existen en muchos operadores judiciales”.

El debate sobre las penas

Las profesionales estuvieron de acuerdo en que la solución al problema de la violencia no pasa por el endurecimiento de las penas. “La idea no es avanzar en políticas únicamente persecutorias si no logramos desactivar antes y salvar de verdad las vidas de aquellas mujeres que eventualmente, por la negligencia del Estado y por su falta de debida diligencia, terminan siendo agredidas, afectadas en su integridad o siendo víctimas de femicidios”, dijo España.

En un sentido similar, Guidice consideró que el sistema judicial está diseñado para responder a un problema individual, como puede ser un femicidio, y no tiene en cuenta la dimensión “colectiva” y “estructural” de la violencia machista. Entonces, “con que el agresor o el femicida vaya preso, el problema no está resuelto”. “Si el día después de pedir la condena de pena privativa de libertad para el femicida no estamos pensando en estrategias para resolver en la medida de lo posible la dimensión colectiva de la violencia basada en género, que creo que es la más importante, quedamos entrampadas en el sistema tal y como está diseñado”, afirmó.

También Manzolido señaló que “elevar la pena nunca va a ser la solución”, aunque sostuvo que las penas “no dejan de ser un mensaje para la sociedad, porque revelan cómo procesalmente se juzga a una mujer y a un hombre”. En ese sentido, dijo que “no puede tener la misma pena una mujer que comete microtráfico al ingresar marihuana a una cárcel, que un hombre que comete un femicidio”.

Lo que hace falta es un cambio cultural. “El problema es mucho más estructural que una capacitación sobre perspectiva de género, que es preciosa, pero que evidentemente no permea en la práctica. Últimamente se ha dicho que está habiendo una feminización en la Justicia, pero eso por sí mismo tampoco garantiza una reforma desde una perspectiva feminista. El tema es mucho más complejo y tiene que ver con un cambio de paradigma”, reflexionó España. Puso como ejemplo la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, que “marcó un antes y un después en la forma de incorporar a las niñas, niños y adolescentes y la protección de su interés superior”, pero llevó “años de maduración”. En el caso de la Ley 19.580 de violencia basada en género, aprobada a fines de 2017, “estamos lejísimos para que logre permear y, por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar a dilucidar y caracterizar con nombre y apellido el tipo de justicia que tenemos”.

Ley “de avanzada”, sin presupuesto

Pensar una justicia feminista también implica tener leyes que amparen los derechos de mujeres y disidencias y que, sobre todo, puedan ser implementadas de manera efectiva. Las especialistas aseguraron que la ley integral de violencia de género es buena pero que, sin recursos, no puede cumplir con los objetivos para los que fue creada.

“Una de las dimensiones de ir construyendo un sistema de justicia feminista es la elaboración de determinadas leyes que, más que establecer nuestros derechos, también sean pensadas con otra lógica. Si los derechos específicos de las mujeres y otras identidades se traducen en la ley en los mismos términos que el sistema viene generando desde hace tantos años para determinados intereses, quizás al día siguiente no funcione como esperamos”, apuntó Giudice. Tanto la docente como Manzolido y España coincidieron en que la ley de violencia de género es “un gran ejemplo” y una “normativa de avanzada” pero, si no se le destina presupuesto, es muy difícil que sea efectiva.

Una de las tantas razones por las que necesita presupuesto es para financiar la instalación de los juzgados especializados en violencia de género que mandata la ley, que podrían mejorar el tránsito de las mujeres y disidencias por el sistema de justicia, pero cuya creación viene a pasos lentos. En principio, se evitaría así que las denunciantes tengan que trasladarse por distintas sedes judiciales según cuál sea el proceso, con todo lo que eso implica en términos emocionales e incluso económicos, aseguraron las profesionales.

A la vez, la creación de estos juzgados permitiría que las y los operadores judiciales puedan especializarse en la materia. “Vivir una judicialización nunca va a ser algo positivo”, señaló España, “pero que sea en un juzgado que esté especializado, que cuente con cierta expertise en el tratamiento de los casos y donde las situaciones que lo ameriten puedan tener un curso por esa vía, podría generar mejores condiciones para la dinámica de una denuncia específica en relación al tema de género”.