Donald Trump volvió este lunes a la Casa Blanca y todo indica que, en materia de salud reproductiva y diversidad, su segundo mandato se perfila como una versión reloaded del primero (2017-2021). Como pasó durante su gobierno anterior, el mandatario ya anunció algunas medidas que limitarían derechos para la población LGBTI+ –especialmente contra las personas trans– y restringirían el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, esta vez, el escenario es distinto porque el republicano vuelve a la Casa Blanca con el camino más allanado.
Esto es así, en primer lugar, porque ahora tiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso y una Suprema Corte de Justicia (SCJ) con mayoría conservadora –gracias a las designaciones que él mismo hizo antes de culminar su anterior mandato–. De hecho, ese movimiento político fue lo que dejó el terreno preparado para que, en junio de 2022, el máximo tribunal derogara el fallo Roe vs Wade, que eliminó el derecho constitucional al aborto y marcó un retroceso de casi medio siglo, con coletazos que llegaron a otros países.
Además, Trump tiene una mayor influencia que antes sobre el Partido Republicano, definió un gabinete de personas de confianza con varios nombres reconocidos por defender la agenda “antigénero” y en este tiempo cosechó alianzas con distintos representantes de la ultraderecha global.
“La segunda administración de Trump no sólo repetirá muchas políticas hostiles de la primera, sino que también es casi seguro que amplíe sus ataques a los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y en el extranjero”, advirtió el Instituto Guttmacher, referente nacional en el tema, el día que el republicano fue proclamado ganador de las elecciones.
Unas semanas después, el propio Trump marcó cuál sería su postura respecto de los derechos de las disidencias cuando prometió “poner fin a la locura trans”.
Arremetida contra las personas trans: segundo round
El presidente estadounidense fue bastante explícito respecto de su intención de restringir derechos de la población LGBTI+ durante su segundo mandato. El 22 de diciembre, en un acto en Phoenix, Arizona, dijo que firmará órdenes ejecutivas para “poner fin a la mutilación sexual infantil”, en referencia a los tratamientos de reafirmación de género de niñas, niños y adolescentes trans, y “sacar” a las personas trans “del Ejército y de nuestras escuelas primarias, secundarias y preparatorias”.
También prometió “mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” (en alusión al pequeño número de mujeres trans que se unen a equipos que coinciden con su identidad de género), y aseguró que “será la política oficial del gobierno de Estados Unidos que sólo haya dos géneros, masculino y femenino”.
Al mismo tiempo, en su hoja de ruta para “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, publicada en su sitio web, incluye como acción prioritaria “recortar la financiación federal para cualquier escuela que impulse una ideología de género radical”.
En los últimos años, varios estados gobernados por republicanos impulsaron proyectos para prohibir los tratamientos de reafirmación de género para niñas, niños y adolescentes trans, y Trump expresó que su administración seguiría el ejemplo. La organización Human Rights Campaign informó en agosto que había 26 estados con una prohibición de este tipo.
Ese mismo mes, cuando las encuestas de intención de voto mostraban que la elección iba a ser reñida y que entonces Trump tenía posibilidades de ganar, un sondeo de la plataforma FOLX reveló que 76% de las personas trans y no binarias tomaron o planeaban tomar al menos una medida de protección de sus derechos. Las más de 50.000 personas LGBTI+ encuestadas citaron medidas como acelerar el proceso de reafirmación de género (que puede incluir servicios médicos, quirúrgicos y de salud mental); almacenar medicamentos; actualizar los marcadores de género en los documentos; y adelantar los planes de matrimonio.
El día después de que ganó Trump, la organización The Trevor Project reportó un aumento de 700% en el volumen de llamadas a su línea telefónica de prevención de crisis y suicidios para población LGBTI+.
Derechos reproductivos: el panorama “más hostil”
La anulación de Roe vs Wade, facilitada por el propio Trump, dibujó el mapa de aborto más adverso de las últimas cinco décadas. Desde ese fallo, 14 estados aprobaron prohibiciones totales del aborto y otros tantos restringieron el acceso. Las organizaciones que trabajan en la temática aseguran que, con un presidente antiaborto, es posible que más estados elijan este camino.
“Nos dirigimos hacia el panorama absolutamente más hostil para el acceso al aborto en 50 años en este país, sin la protección legal de Roe y con la administración más hostil al acceso al aborto”, alertó Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de la Federación Nacional del Aborto, al portal de noticias States Newsroom.
Por otro lado, se espera que Trump restablezca la llamada “Ley Mordaza Global”, que bloquea los fondos federales estadounidenses a organizaciones civiles extranjeras que informan, promueven o brindan servicios de aborto. El líder republicano había restablecido esa política durante su último mandato y Joe Biden volvió a rescindirla en enero de 2021.
“La Ley Mordaza Global es devastadora porque hace que las mujeres y niñas más vulnerables pierdan el acceso a servicios vitales de salud sexual y reproductiva, no sólo atención al aborto sino también acceso a métodos anticonceptivos, exámenes de detección de cáncer, etcétera”, aseguró este lunes Olivia Nater, de la organización civil Population Connection. “Si bien la política tiene como objetivo reducir los abortos, no hay evidencia de que realmente lo haga. De hecho, la evidencia sugiere que aumenta el número de embarazos no deseados y obliga a más mujeres a buscar abortos inseguros”, apuntó.
Durante su primer mandato, Trump también había impedido que las clínicas que recibían subvenciones del programa de planificación familiar para estadounidenses de bajos ingresos (conocido como “Título X”) brindaran servicios de aborto o información al respecto. Como resultado, “muchas clínicas se vieron obligadas a abandonar el programa, lo que se tradujo en que millones de personas de bajos ingresos perdieran el acceso a los servicios de salud”, recordó Nater. Está previsto que esta “Ley Mordaza Nacional” sea reinstaurada por la nueva administración.
En este escenario complejo, el Instituto Guttmacher advirtió, además, sobre la posibilidad de que Trump ceda a las presiones de grupos antiaborto y prohíba tanto los abortos por telemedicina como el envío de misoprostol y mifepristona por correo, dos medidas que hoy en día son fundamentales para quienes viven en estados donde el procedimiento está prohibido.
Al igual que sucedió con la población LGBTI+, la victoria de Trump en noviembre también derivó en la toma de medidas por miedo a perder eventualmente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En las horas posteriores a que se confirmara el resultado electoral, Planned Parenthood informó que las consultas médicas sobre el DIU crecieron 760%, aquellas para implantes anticonceptivos aumentaron 350% y las citas para vasectomías alrededor de 1.200%. A la vez, según la cadena CBS, dos empresas que comercializan la pastilla anticonceptiva de emergencia informaron aumentos en las ventas de entre 966% y 1.000%, especialmente en estados donde rigen prohibiciones al aborto.