“Al igual que en la región, Uruguay ha realizado importantes esfuerzos para avanzar hacia la igualdad. Sin embargo, los cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género persisten”. Esa es la conclusión a la que llega La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: indicadores de género del Uruguay a 2024, un documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado el mes pasado, que expone los avances y desafíos de nuestro país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de los compromisos de la Agenda Regional de Género.
Los cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género a los que refiere el informe son la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
El trabajo analiza concretamente ocho de los 17 ODS de los que Uruguay contaba con información disponible hasta 2024: poner fin a la pobreza; terminar con el hambre; garantizar salud y bienestar; garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad; lograr la igualdad entre los géneros; promover el crecimiento económico y el trabajo decente; reducir las desigualdades, y promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y el acceso a la Justicia.
En líneas generales, el informe concluye que, si bien nuestro país “tiene una de las menores prevalencias de pobreza en la región, tiene uno de los índices de feminidad de la pobreza más altos”. Al mismo tiempo, señala que “persisten las desigualdades de género tanto en la participación laboral, la segregación ocupacional y la brecha salarial”, resalta que “se registra una importante penalización a la maternidad” en el mercado laboral, y llama a fortalecer y asignar recursos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Por otro lado, alerta que “se han elevado los índices de violencia basada en género que se expresan, en particular, en una alta tasa de femicidios, en violencia vicaria signada por el asesinato de hijas o hijos y en violencia en línea hacia mujeres con participación en la vida pública y política”.
El análisis también advierte que, “pese a los avances en la implementación de las normativas vigentes, la discriminación interseccional hacia las mujeres afrodescendientes se observa en el desproporcionado nivel de exclusión educativa, embarazos adolescentes, dificultades respecto de la incorporación a la fuerza de trabajo y salarios más bajos, así como en el menor grado de participación en la vida pública y política”, y detalla que es una discriminación interseccional que “también afecta a otros grupos de mujeres”, como mujeres con discapacidad, mujeres rurales, mujeres trans, entre otras.
Pobreza y empleo
Con base en información estimada por la Cepal para 11 países de América Latina, el informe resalta que, “a pesar de ser el país con menores niveles de pobreza de la región, Uruguay muestra el mayor índice de feminidad de la pobreza para 2024”: por cada 100 hombres viviendo en pobreza, hay 154 mujeres en la misma situación. Esto se explica porque la pobreza “está concentrada en la población infantil que habita en hogares monomarentales” que “enfrentan una carga desproporcionada de cuidados, porque las mujeres asumen en solitario tanto las responsabilidades de cuidado como la provisión económica del hogar”.
Las mayores brechas de género en la incidencia de la pobreza se observan en el grupo de 25 a 29 años: 21,2% de mujeres y 16,3% de hombres se encuentran en situación de pobreza. En el caso de 30 a 49 años, 18,2% de mujeres y 13% de hombres atraviesan esa realidad.
Otros datos evidencian que la incidencia de la pobreza en las mujeres afrodescendientes es el doble (30,5%) que en las mujeres no afrodescendientes (16,7%), mientras que solo la mitad (50,7%) de las mujeres a cargo de hogares en situación de pobreza tiene un trabajo remunerado, frente a 75,8% entre los hombres. Además, 18,7% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria entre 2021 y 2023, frente a 12,7% de los hombres.
“Estas cifras muestran que las políticas dirigidas a la reducción de la pobreza deberían diseñarse para atender la pobreza infantil, y también para resolver las necesidades y ampliar las oportunidades de las mujeres a cargo de esos hogares, considerando además la discriminación étnico-racial”, afirma el documento.
Respecto del empleo, detalla que 57,2% de las mujeres participaron en el mercado laboral, en comparación con 72,1% de los hombres. A su vez, 20,4% de las mujeres ocupadas trabajaron sin cobertura de seguridad social (en comparación con 22% de los hombres ocupados). Al mismo tiempo, en 2024 “la brecha de género en ingresos del trabajo mensuales fue de 22,2% y la brecha por hora fue de 3,4%, en desmedro de las mujeres”.
En tanto, las tasas de desempleo fueron de 9,4% para las mujeres y 7,2% para los hombres, y la proporción de jóvenes que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación es de 13,9% en el caso de los hombres y 15,9% para el caso de las mujeres.
El informe también asegura que “las mujeres asumen una carga total de trabajo de 54,5 horas semanales frente a las 50,1 horas en el caso de los hombres, pero dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo no remunerado, mientras que los hombres lo dedican al trabajo remunerado”. En concreto, “las mujeres siguen destinando el doble de tiempo que los hombres” al trabajo no remunerado.
Violencia de género y representación política
En materia de violencia de género, el documento afirma que, en una lista de 17 países analizados, “Uruguay se ubica en el séptimo lugar cuando se comparan las tasas de feminicidio en la región”. En concreto, detalla que en los últimos tres años la tasa de femicidios se ubicó entre 1,3 y 1,6 cada 100.000 mujeres, y que por año “sufren feminicidio entre 22 a 28 mujeres”.
El documento indaga además en la escasa representación de mujeres en la política. Así, señala que solo 29% de las personas elegidas en las dos cámaras del Parlamento para el período 2025-2030 son mujeres, mientras que representan 35,7% de las designadas a ocupar las carteras ministeriales y 31,7% de las elegidas a ocupar cargos en los órganos deliberantes de los gobiernos locales. “En materia de participación política, el país continúa siendo uno de los más rezagados” de la región, concluye, y agrega que, “si bien se han registrado avances, como la aprobación de una ley de cuotas, los intentos por consolidar un marco más ambicioso, como la ley de paridad, no han prosperado”.
Salud y educación
A nivel de la salud, el documento describe que la razón de mortalidad materna fue de 10,3 muertes maternas por cada 100.000 personas nacidas vivas en 2024, una cifra “por debajo de la meta de 70 muertes maternas”. “El desafío actual es seguir reduciéndola, ya que se elevó durante la pandemia por covid-19”, aporta el texto.
También remarca que la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años “ha tenido una reducción importante en la última década, pasando de 52,0 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2016 a 21,4 nacimientos en 2023”.
En lo referido a la educación, señala que la tasa de escolarización para niñas y niños de 5 años fue de 100% en 2023 y, para menores de esa edad, “si bien no se llega al 100%, las tasas se han incrementado”.
Por otra parte, “la tasa bruta de matrícula de nivel terciario es de 101,6% para las mujeres y 59,2% en el caso de los hombres”; pese a esto, “las mujeres tienen baja participación en áreas de estudio relacionadas con el campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”.