Uruguay tiene una oportunidad para convertirse en un “banco de pruebas” de políticas públicas sobre inteligencia artificial (IA). Esa fue una de las principales ideas planteadas por el director del Centro de Artes y Ciencias GEN, Pablo Casacuberta, durante el segundo encuentro del Ciclo de Innovación de la Intendencia de Montevideo que se realizó este viernes.
Según sostuvo, el tamaño del país, su estabilidad institucional y la ausencia de grandes intereses corporativos locales permiten experimentar con regulaciones e iniciativas que luego podrían servir de referencia para otros países.
“Hay una cosa que a veces olvidamos y es que Uruguay ha sido un banco de pruebas de políticas públicas. No solo para el propio país, sino también para el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] y para el Banco Mundial”, afirmó. Recordó como ejemplos la reconversión energética y el plan Ceibal, iniciativas que, dijo, trascendieron las fronteras nacionales gracias al conocimiento generado durante su implementación. “Hacer de Uruguay un banco de pruebas de políticas públicas vinculadas a la inteligencia artificial es una de las cosas que podríamos exportar”, sostuvo.
Para Casacuberta, esa posibilidad responde tanto a la escala del país como a sus características institucionales. “Es un país que tiene una escala humana, una estabilidad institucional muy grande, donde es posible hacer el roll out [despliegue] de una política pública y saber si funcionó al toque”, explicó.
A diferencia de otras economías, Uruguay tampoco enfrenta el peso de grandes corporaciones tecnológicas locales capaces de bloquear regulaciones. “Ahora las corporaciones enormes son extranjeras. Nosotros no tenemos un campo de intereses luchando para que no hagamos políticas públicas”, señaló.
Sin embargo, consideró que el debate no debería limitarse a promover la adopción temprana de estas herramientas o a garantizar la protección de datos y la privacidad. “Todas esas políticas están bien”, afirmó, pero advirtió que todavía falta discutir los efectos más profundos que la IA puede tener sobre la economía y el trabajo.
Entre los temas que, a su juicio, deberían incorporarse a la agenda aparecen las políticas para enfrentar el impacto laboral de la automatización y nuevas formas de distribución del valor generado por estas tecnologías.
Como ejemplo, planteó que si las plataformas digitales obtienen beneficios económicos a partir de la información y las decisiones de las personas, podría discutirse si esos aportes constituyen una forma de producción intelectual susceptible de ser remunerada. También mencionó el debate sobre mecanismos de compensación por el uso de los contenidos que alimentan el entrenamiento de los modelos de IA.
“¿A qué le diste like? Si tu conducta en internet es tan valiosa que alguien la vende y hace plata, ¿por qué no considerar esas decisiones y pagarte?”, se preguntó.
Casacuberta sostuvo que la irrupción de la IA también obliga a fortalecer la conversación pública sobre el sentido del trabajo, la creación y la vida colectiva. En ese marco, recordó que Uruguay enfrenta desafíos sociales previos, como las altas tasas de suicidio y la deserción educativa. Consideró que la nueva tecnología debería servir como una oportunidad para profundizar el diálogo entre disciplinas y sectores de la sociedad. “La inteligencia artificial es una instancia que nos obliga a profundizar esa conversación y que sea mucho más abierta, más interdisciplinaria”, concluyó.