En las últimas horas, la Fiscalía de Delitos Sexuales informó a las diferentes partes de la causa que ya estaban a disposición las pericias con la información surgida de los teléfonos celulares incautados en el marco de la Operación Océano, que investiga explotación sexual de menores.
La falta de los resultados de esas pericias, que estaba haciendo Interpol, y el acceso fragmentado a la prueba fueron algunas de las razones por las que los abogados de 11 imputados pidieron la suspensión de la audiencia prevista para el 8 de octubre, en la que se determinarían las condiciones para la toma de declaración de una de las víctimas, que pidió declarar por el mecanismo de prueba anticipada, antes de la realización del juicio oral.
La jueza penal de 33º turno, Adriana de los Santos, que accedió al pedido de las defensas, también planteó que la suspensión del servicio de la brigada de traslados, debido a un foco de covid-19, impedía conducir al único imputado por la causa que se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Si bien se manejó la posibilidad de hacer una videoconferencia, De los Santos advirtió que en ese momento no podía asegurar la comunicación entre abogado e imputado y, por ende, la igualdad de condiciones entre los imputados.
En diálogo con la diaria, Juan Raúl Williman, abogado de algunas de las víctimas, señaló que ante la suspensión del servicio de traslados, en diferentes causas se comenzó a implementar el sistema de videoconferencia, por lo que resta confirmar si se puede implementar desde la sala de Constitución del Palacio de los Tribunales, donde está previsto que se lleve a cabo la audiencia.
En cuanto a los cuestionamientos de uno de los abogados de los imputados sobre si estaban dadas las condiciones sanitarias para reunir en la misma sala a unas 100 personas, entre abogados, imputados, víctimas y funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía, Williman dijo que esa sala permite albergar esa cantidad de gente: “Ya lo hicimos y no hubo problemas sanitarios de ningún tipo”, sostuvo, en referencia a la audiencia del 14 de agosto.
Williman señaló que la falta de acceso a la totalidad de las pericias de los celulares era una condición en la que estaban todas las partes, por lo que no significó una desventaja para la defensa de los imputados. “Si la pericia no está hecha, no está disponible para nadie”, señaló, y abogó por que una vez que la prueba se distribuya entre las partes se fije la fecha de la audiencia lo antes posible.
“Como defensores entendemos que cuanto antes se produzca la declaración anticipada, mejor”, señaló, considerando lo que significa para la víctima “el impacto de tener que declarar” y el hecho de que “hace mucho tiempo” que se pidió la prueba anticipada. “No es bueno para la víctima que se dilate esta instancia de declaración”, agregó.
En cuanto a la última audiencia, en la que se tomó declaración a una nueva víctima en la causa, el abogado dijo que la instancia se redujo a la disposición de las medidas cautelares y recordó que en un principio la Fiscalía había planteado medidas cautelares para que ningún imputado pudiera comunicarse con ninguna de las víctimas, pero eso no fue implementado por De los Santos, por lo que están resolviendo caso a caso.
El abogado se negó a referirse a la estrategia de los defensores de los denunciantes y destacó el trabajo de la Fiscalía en “una causa muy grande, con mucha información de los celulares”. “Para el volumen de trabajo que tienen, están trabajando con mucha responsabilidad”, opinó.
Tribunal de Apelaciones rechazó un nuevo recurso de las defensa de los imputados
Además del escrito presentado por las defensas reclamando la suspensión de la audiencia por falta de acceso a la carpeta investigativa, una de las defensas elevó un recurso al Tribunal de Apelaciones reclamando acceder a las pericias de los celulares. El tribunal, integrado por Alberto Reyes, Sergio Torres y Graciela Gatti, rechazó la apelación presentada por la defensa, señalando que no hubo inequidad en las condiciones de acceso.
“Para que un reclamo como el que nos ocupa pueda prosperar es imprescindible que quien lo formule acredite argumentativamente que de parte de la Fiscalía se ha producido un actuar contrario a derecho que le impide el acceso a alguna evidencia”, señala la sentencia. Los miembros del Tribunal consideraron que “la tardanza se produjo por la demora de los servicios técnicos del Ministerio del Interior en realizar una pericia que oportunamente les fuera cometida”, por lo que “la falta de la pericia no sólo afecta la labor de la defensa, también afecta la del Ministerio Público, que tampoco cuenta con dicho insumo en su legajo”.