El fiscal de Corte, Juan Gómez, explicó en conferencia de prensa las razones por las que la fiscal Darviña Viera ya no sigue al frente de la Operación Océano. Tal como se había adelantado, la decisión de hacer un enroque entre Viera y la fiscal Mariana Alfaro -especializada en delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género de 6º turno-, se debió a problemas de salud de Viera provocados en buena medida por el intenso trabajo de liderar una causa en la que hay 32 imputados con casi 60 abogados ejerciendo la defensa (https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/10/operacion-oceano-colegio-de-abogados-y-asociacion-de-abogados-penalistas-defendieron-el-rol-de-la-defensa-en-la-causa/).

Alfaro, que ahora pasará a liderar la fiscalía especializada del 5º turno, mantendrá el equipo de trabajo de Viera, por lo que las doctoras Fulvia Favretto, Nicole Lebel y Claudia González continuarán con la investigación del caso. La fiscal aseguró que la causa tiene “todo nuestro compromiso”, y reconoció que no tiene experiencia en casos de esta magnitud “porque nadie la tiene, no hay una causa con este volumen de imputados en la historia”.

Sobre los pasos que seguirá a continuación, afirmó que no pedirá prórroga de cara a la próxima audiencia, programada para el 4 de noviembre, y que comenzará a “estudiar profundamente el caso, ayudada por el equipo que ya venía interviniendo y por la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la Nación”. “Es tratar de ponernos en conocimiento de cada una de las víctimas involucradas, los imputados y seguir los lineamientos que ya se venían realizando. Vamos a confiar en las cosas que venían realizando y vamos a empezar tomando conocimiento de cada situación que se presenta”, agregó.

El traslado se da en momentos en que las diferentes partes de la causa advirtieron una serie de errores procedimentales por parte de la fiscalía que trascendieron recientemente, que también fueron reconocidos por Gómez.

El alejamiento de Viera

El fiscal de Corte profundizó en las razones que llevaron a Viera, que se jubilará en los primeros meses de 2022, a alejarse del caso. Según contó, en conversaciones con la fiscal no se pudo determinar una fecha de regreso de la licencia por enfermedad que le prescribieron los prestadores de salud. “Al no advertirse esta posibilidad de decir ‘es diez días, tres meses o cuatro’ es que se empieza a pensar en una solución, y la primera solución es el traslado”, comentó Gómez.

Para el fiscal de Corte, el problema de salud de Viera “le impide la continuación en los tiempos que son necesarios en un proceso de tan gran importancia. Le impide continuar con su gran trabajo y cumplir con la sociedad al dar respuesta sin ningún tipo de impedimentos”. “Eso es lo que buscamos: dar respuesta a la población, al sistema, a las víctimas, a los testigos y a los imputados; dar respuestas serias que no se vean afectadas por una situación particular de una fiscal por problemas de salud”, señaló.

Gómez enfatizó que la fiscalía está “comprometida con el avance de esta investigación” y “procura en los más breves plazos, respetando garantías de todos, tener la posibilidad de debatir, en el ámbito que corresponde, que es el jurídico y no otro, los alcances de esta investigación, para establecer si hay responsabilidades penales”.

Con respecto al proceso que derivó en el deterioro de salud de Viera, Gómez dijo que la investigación de la Operación Océano “lleva un año y medio” y eso “melló su estado de salud; es una situación comprensible y humana, por el propio estado de exigencia que requiere este tipo de procedimientos”.

En esa línea, dijo que “no se va a cambiar el desarrollo del proceso”, pero que lo lleva a la reflexión el hecho de que se dio un caso “que tiene 32 personas imputadas con alrededor de 60 abogados ejerciendo su derecho a la defensa y la intervención de cuatro personas integrantes del ministerio público que son la otra parte”. De todas formas, aclaró que “esas son circunstancias, ya están determinadas y no admiten ningún tipo de variación; no se puede, a esta altura, separar cinco por acá, seis por allá, por lo que continuaremos con el proceso, se continuará con la intervención de todos los imputados”.

La continuidad de la causa

Desde que fue formalizado el primer imputado, en mayo de 2020, la causa alcanzó a identificar a 20 víctimas, investigar y convocar a audiencia a 36 personas con sus respectivos abogados, y condenar a una a través de un acuerdo por proceso abreviado.

Las tres juezas que actuaron en la causa, Adriana de los Santos, Beatriz Larrieu y María Noel Tonarelli, cuestionaron el manejo de la evidencia por parte de la fiscalía, aunque el devenir de la investigación apuntó también a la Policía Científica y a Interpol. Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones de 1° turno -integrado por Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres- responsabilizó por las dilaciones en la causa a la fiscalía, al no dar acceso a la evidencia, y a la propia jueza De los Santos, por no insistir.

En noviembre de 2020, ante la falta de acceso a las pericias por parte de las defensas de las víctimas y los imputados -lo que generó la postergación de varias declaraciones anticipadas-, el Tribunal señaló que la causa “se viene frustrando o dilatando sin conocimiento de la razón o motivo”, y agregó que la sede “debió impulsar el proceso para su duración razonable, instando a quien corresponda el pronto cumplimiento de tales pericias”.

Desde su inicio, el desarrollo de la causa fue objeto de permanentes recursos presentados por las defensas de los imputados, que recurrieron las decisiones de primera instancia en las que alegaron falta de garantías, desigualdad entre las partes, recusaron al Tribunal de Apelaciones y reclamaron dos veces la nulidad del proceso, incluso antes de que sea generada prueba.

La jueza Larrieu cuestionó la violación de la reserva de la causa por parte del abogado Víctor de la Valle, mientras que la fiscal Viera fue objeto de una investigación de la Fiscalía por violación de la reserva, que fue archivada por falta de mérito.

La dimensión de la causa y la dinámica con la que fue llevada por las partes -lo que también fue cuestionado por el Tribunal de Apelaciones en algunos de sus pronunciamientos- implicó que la investigación preliminar, previa a la acusación, se acercara al máximo dos años establecido en el artículo 265 del nuevo código de proceso penal.

El 13 de mayo de 2021, al vencerse el plazo para la investigación, la Fiscalía solicitó la prórroga hasta mayo de 2022, debido a que tenía varias diligencias pendientes, entre ellas la realización de 14 declaraciones anticipadas y el análisis de un gran volumen de evidencia.

Sin embargo, la jueza Larrieu concedió sólo seis meses por considerar que parte de la responsabilidad de la dilatoria en la causa era de la fiscalía, que fue la que “decidió reunir en una investigación a todos los imputados, sin que existiera entre ellos asociación o vínculo alguno”. En el caso de la falta de acceso a uno de los celulares de una de las víctimas, señaló a sus auxiliares, dado que la fiscal habilitó a la Policía Científica a que brindara directamente la evidencia a los abogados de todas las partes. Esa situación generó la apertura de una nueva indagatoria, a cargo del fiscal de Delitos Complejos de 2° turno, Ricardo Lakner, en la que son investigados varios policías que participaron en el manejo de la evidencia.

Un día antes de ser trasladada, ante el vencimiento del plazo para acusar fijado el 13 de noviembre, la fiscal Viera pidió una nueva prórroga para acceder a los dos años de investigación, lo que será definido por la jueza Tonarelli en la audiencia del 4 de noviembre.