La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) rechazó la semana pasada el nombramiento del nuevo comisario de la seccional décima de Punta del Este. Según plantearon, el policía “cuenta con denuncias” del sindicato “por acoso laboral y xenofobia, por las cuales resultó sancionado”. Sipolma entiende que, “por tanto, no merece ser premiado con el liderazgo de la mejor seccional del departamento de Maldonado”. A partir de este hecho, reiteraron la solicitud de remoción del jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, porque dicen que “demuestra una total incapacidad administrativa al momento de nombrar al personal que lo acompaña”.

Ahora, reiteran su rechazo al nombramiento y citan un nuevo conflicto que emerge de haberle asignado este rol: según Sipolma, en la misma comisaría trabaja su pareja, y por ende ahora estaría bajo su dependencia, lo que viola la normativa vigente para la función pública.

Por eso, comunican que “vista la falta de respuesta por parte del jefe de Policía de Maldonado en corregir una posible omisión en cuanto al nombramiento del nuevo comisario de la Seccional 10 de Punta del Este, el cual quedaría prestando servicio en la misma unidad en la cual trabaja su señora esposa, quedando comprendido en un aparente incumplimiento del artículo 9 de la ley 19.823”, Sipolma presentará denuncia contra Pioli ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por entender que está comprendido en el artículo 10 de la misma ley.

La Ley 19.823 es el Código de ética de la función pública. En su inciso i del artículo 9 plantea que está “prohibido” y es “incompatible” que actúen en dependencia directa dentro de la misma repartición u oficina “aquellos funcionarios que se vinculan por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, matrimonio o unión concubinaria”. Y explica que los traslados necesarios para dar cumplimiento a lo previsto por la ley “no podrán causar lesión de derecho alguno, ni afectar su remuneración”.

El artículo 10 determina las responsabilidades en su aplicación: “Serán responsables de controlar la aplicación de estas normas los jerarcas respectivos de cada unidad o dependencia de los organismos públicos”. Detalla que “dichos jerarcas deberán responder en un plazo de 30 días siguientes a toda consulta formulada por un funcionario público de su dependencia relacionada con la aplicación de las presentes normas de conducta”.

Sipolma pidió varias veces la destitución de Pioli. Las causas han sido varias: el uso de chalecos antibalas vencidos, poner en riesgo a los policías, nombramiento de un coordinador (ahora destituido) que está preso por múltiples delitos, gestión de funcionarios con denuncias por violencia doméstica y “premiar” a policías simulando una “medida ejemplarizante”.

También han solicitado la remoción del director de la Policía Nacional, Diego Fernández, porque, según señala el sindicato, ha “fracasado de forma inexcusable demostrando que es improvisado en la seguridad pública” y que la Policía está dominada por “retirados nostálgicos que han reinstalado las viejas prácticas y costumbres que tanto daño han hecho”. El pedido de remoción de Fernández llegó luego de la octava sustitución de jefes de Policía desde que asumió el gobierno.