La Justicia intenta encontrar desde 2017 al autor de los mensajes de amenaza de muerte enviados entre enero y febrero de ese año a 13 personas relacionadas a la defensa de los derechos humanos, que estaban firmados por el denominado Comando Barneix. Según informó El Observador este viernes con base en fuentes de la investigación, en las últimas semanas se realizaron una serie de allanamientos vinculados a la causa y se dio con el autor.

Según detalla el periódico, la Justicia analiza el material incautado en los allanamientos, y, por lo que se sabe hasta ahora, el presunto autor de los mensajes tiene alrededor de 30 años y utilizaba varias identidades. Esta información no coincide con el perfil psicológico de los redactores de la amenaza, ya que, tal como informó la diaria, los resultados de la investigación indicaban que se trataba de personas mayores, con ciertos conocimientos tecnológicos y militares.

Desde que se presentó la denuncia, en febrero de 2017, hubo cuatro audiencias en la causa y una de ellas fue convocada por un error administrativo, por lo que no supuso ningún avance en la investigación.

En el correo que contenía las amenazas, los firmantes advirtieron que vengarían la muerte del general Pedro Barneix -de allí el nombre de su comando-, quien se suicidó antes de ser detenido por la Policía tras ser declarado culpable del asesinato del militante frenteamplista Aldo Perrini, ocurrido en febrero de 1974.

“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más mataremos a tres elegidos azarosamente”, señalaba la misiva. En la lista estaba el fiscal de Corte Jorge Díaz; el entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez; la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; los abogados vinculados a causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea, Pablo Chargoñia; el activista brasileño Jair Krischke; el magistrado francés Louis Joinet, y la investigadora italiana Francesca Lessa.

La investigación no avanzó mucho durante los primeros cuatro años, pero tuvo un nuevo impulso en febrero de este año cuando varias organizaciones sociales, las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron su preocupación por un eventual archivo de la causa. Cuando fue tomada por Luis Pacheco, fiscal subrogante de 1º turno por el viejo Código de Proceso, descartó el archivo de la causa al considerar que podría tipificarse un delito de asociación para delinquir, lo que extendió el plazo de prescripción e investigación hasta febrero de 2027.