La jueza penal de 44° turno Diovanet Olivera dispuso una prórroga para la investigación penal hasta marzo de 2022 en la causa contra ocho personas que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo, sobre las que se formalizó un proceso por usurpación.

En diálogo con la diaria, Juan Ceretta, uno de los asesores legales de las familias, dijo que durante la audiencia el fiscal de Flagrancia de 5° turno Diego Pérez volvió a manejar la posibilidad de alcanzar un acuerdo para archivar la causa a cambio de abandonar el predio. Ceretta manifestó que el planteo de un acuerdo implica una decisión difícil para las familias, porque si bien acordar implica aceptar la persecución penal, no acordar implica asumir el riesgo de ir a juicio con la posibilidad de tener que cumplir condena efectiva por no poder fijar domicilio. “A veces es fácil asesorar para ganar la discusión, pero el que corre riesgo de ir a prisión es la familia, no es sencillo”, comentó.

Finalmente los imputados definieron no realizar ningún acuerdo que implicara un plazo para irse, lo que derivó en que el fiscal pidiera una prórroga para la audiencia preparatoria del juicio, que fue concedida por la jueza Olivera. La decisión corre únicamente para las ocho personas que fueron convocadas a audiencia, que son referentes del asentamiento Nuevo Comienzo, mientras que para el resto de las personas imputadas continúan corriendo los plazos iniciales para la acusación, o sea, un año desde que se formalizó el proceso para cada persona.

La prórroga en el plazo para la investigación llega en momentos en que el gobierno anunció que en la Rendición de Cuentas se creará un fideicomiso para realojos y soluciones habitacionales para personas que viven en asentamientos con fondos que iban a ser destinados a la compra de tierras del Instituto Nacional de Colonización.

El martes pasado, el presidente Lacalle recibió a un grupo de vecinos de Nuevo Comienzo que se concentró frente a Torre Ejecutiva para reclamar una solución al problema y que se suspendieran las detenciones e imputaciones ante la Justicia, en su mayoría por usurpación y robo de energía eléctrica. Lacalle recibió una carta de los vecinos por tercera vez y dos días después llamó a una de las voceras de las familias del asentamiento, Fabiana Molina. Según comentó Molina a la diaria, en la conversación Lacalle le dijo que no estaba al tanto del principio de acuerdo que habían alcanzado a finales de 2020, cuando la Intendencia de Montevideo se comprometió a ceder unos terrenos para el realojo de las familias de Nuevo Comienzo, siempre que se realizara en el marco de un Plan de Vivienda, mientras que el Ministerio de Vivienda otorgaría una canasta de materiales para la construcción de una pieza, un baño y una cocina por familia.

En tanto, en la Justicia de Familia se fueron dilucidando las tres acciones de amparo que presentó el abogado Juan Ceretta en reclamo del reconocimiento del derecho a la vivienda de las familias que fueron sometidas al proceso penal. En el primer caso presentado se logró una solución habitacional para la familia. En el segundo, luego de varios recursos de apelación e incluso una recusación del juez actuante por parte del Ministerio de Vivienda, se determinó que se pagara un subsidio de alquiler a las familias. La multa que deberá pagar la cartera será de 25 Unidades Reajustables por día de retraso en el cumplimiento de la sentencia, lo que suma cerca de un millón de pesos. En el tercer caso, que también fue apelado por el ministerio, quedó firme la sentencia de primera instancia. La cartera deberá pagar un subsidio de alquiler y, en caso de que corresponda, una multa por retrasos en el cumplimiento.