El Supremo Tribunal Militar, cuando todavía era presidido por el general Daniel Castellá, no envió la información que le solicitó el Ministerio de Defensa Nacional sobre el caso de la muerte bajo torturas de Vladimir Roslik en 1984, según relataron el ministro Javier García y el subdirector general de Secretaría del Ministerio, Cipriano Goñi, ante la Comisión de Defensa del Senado en la tarde del lunes, y consta en la versión taquigráfica.
Según lo dicho en comisión, ante el pedido de acceso a la información pública realizado por la diaria, Goñi requirió la información solicitada al Comando del Ejército y al Supremo Tribunal Militar.
El pedido incluía acceso a los expedientes de la justicia militar sobre el caso Roslik y las anotaciones en los legajos y sanciones recibidas en 1984 por los oficiales que revistaban en el Batallón de Infantería 9, de Fray Bentos, cuando ocurrió la detención, tortura y muerte del médico.
Mientras el comandante en jefe del Ejército respondió enviando la información pedida, no pasó lo mismo con el Supremo Tribunal Militar.
Ese organismo respondió a través de un informe jurídico elaborado por su secretaria, la abogada Gianella Frachelle. En el informe se dijo no tener los legajos de los oficiales sobre los cuales se pedía información y nada se informó sobre las actuaciones de la justicia militar en el caso.
“Esta sede no cuenta con la información solicitada”, sostuvo Frachelle en un informe que avaló el general Castellá.
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Frachelle es hija del coronel Mario Carlos Frachelle, procesado con prisión en junio, junto con otros militares, en la causa que investiga las torturas en el Batallón 13 de Infantería, conocido como Infierno Grande o 300 Carlos. Gianella Frachelle ha actuado como abogada defendiendo a militares acusados de delitos contra los derechos humanos en la dictadura. En agosto de 2020, el semanario Búsqueda informó que la abogada protagonizó un escándalo al irrumpir en una audiencia donde militares estaban siendo juzgados, grabando con su teléfono y gritando que todo era “un atropello”.
Goñi comentó a los senadores “que en esta respuesta enviada por quien ostentaba el cargo de presidente del Supremo Tribunal Militar, se contesta una parte de lo solicitado por el periodista Leonardo Haberkorn, no así la otra parte (...). Es decir, se contesta el punto A (legajos), pero la doctora no responde el punto B ni el punto C (actuaciones de la justicia militar y sanciones). Y esto, que se desprende del informe, es elevado por el general del Ejército Castellá al Ministerio de Defensa Nacional”.
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El Ejército, mientras tanto, sí envió los legajos pedidos. Goñi comenzó a leerlos y allí constató lo ya sabido: existía una sentencia de la justicia militar que alcanzaba a dos de los oficiales, el teniente coronel Mario Olivera y el mayor Sergio Caubarrere, en 1984 jefe y subjefe de la unidad militar donde mataron a Roslik.
“Encontramos un pedido de procesamiento provisional y un pedido de excarcelación. Naturalmente, al encontrar esos dos antecedentes de estos dos oficiales en los legajos personales, tuvimos que insistir y volver a oficiar al Supremo Tribunal Militar”, dijo Goñi a los senadores.
Es decir, se volvió a pedir información al Supremo Tribunal Militar. Ante esta insistencia, el organismo envió un segundo informe, elaborado otra vez por la abogada Frachelle y firmado por Castellá. Allí constan las fechas en las cuales Olivera y Caubarrere fueron procesados, luego excarcelados, encarcelados nuevamente y liberados definitivamente. En el informe se cita la sentencia del 29 de abril de 1986, dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia de 2º Turno, pero no se la incluye, ni ningún otro documento.
Castellá sostuvo que toda la documentación había sido enviada en 2018 a un juzgado civil en Fray Bentos y no se tenía copia. Adjuntó un documento que certificaba un envío a ese juzgado, pero no se detallaba qué documentos eran los remitidos.
Goñi señaló a la comisión: “Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que cuando solicitamos información al Supremo Tribunal Militar no se nos contesta la parte que nos interesaba, que era la relativa a las anotaciones y a las sanciones. En segundo término, luego de la insistencia y de la ampliación de oficio por parte del Ministerio de Defensa Nacional, surge este oficio enviado por el general Castellá, pero lo que realmente interesa es destacar que, según lo que nos narran, el expediente habría sido enviado en el año 2018 al Juzgado de Fray Bentos. Sin embargo, en el informe que se nos envía surgen datos que para mí son muy importantes porque hacen referencia a la sentencia definitiva de primera instancia Nº 486, de fecha 29 de abril de 1986, dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia de 2º Turno, en la que se establece la condena que recibieron los oficiales Olivera y Caubarrere”.
Goñi se puso entonces a buscar la sentencia o una copia en el propio ministerio. Y la encontró. la diaria la reprodujo el sábado.
El ministro García agregó que en la segunda respuesta del Supremo Tribunal Militar “se cita una sentencia, pero no se la envía. (...) Se cita, pero no se envía y la cita coincide con el texto original de la sentencia que fue encontrada posteriormente”.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Rios, preguntó si al ministerio “le consta que esa sentencia estaba en poder del Supremo Tribunal Militar y no fue enviada”. El ministro respondió que lo que consta es que “nunca se nos envió”.