La oficina de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia presidencial, preso por múltiples delitos asociados a una red criminal dedicada a la falsificación de documentación, fue inspeccionada. Tras su detención, y por orden del presidente Luis Lacalle Pou, la oficina quedó clausurada. La fiscal Gabriela Fossati, quien se dedica exclusivamente a este caso y dejará de estar de turno para otros casos de Flagrancia, recorrió la oficina en busca de evidencia. Según informó El País, no hubo una orden de allanamiento, sino que se habilitó el ingreso de forma voluntaria.
En la visita se incautaron varios documentos reservados del Ministerio del Interior, entre los cuales estaban los legajos policiales del Sistema de Gestión de Seguridad Pública de varias personas. También se encontraron capturas de las cámaras de videovigilancia públicas que son administradas por la cartera por medio del Centro de Comando Unificado de la Policía.
Entre las potestades que tenía Astesiano por su cargo estaban ser el enlace directo con el Ministerio del Interior y la Policía. Podía “requerir en cualquier momento apoyos y recursos” de estos y otros organismos públicos y entidades privadas. La reglamentación establece que las instituciones del sector público “están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le sea solicitada”, con la “premura y/o las prioridades” que determinara Astesiano. También estaba dentro de sus potestades “recabar información de cualquier Agencia nacional o extranjera, referente a eventuales riesgos para la persona del Presidente de la República, sus familiares directos, y cualquier otra persona que aquel determine”.
También se incautaron fotos de cédulas de identidad y de partidas de nacimiento y cartas de expolicías que le pedían trabajo a Astesiano y formar parte de la custodia presidencial. Además, se incautó una computadora y un pendrive.
Según informó El Observador, la Fiscalía investiga el acceso que por su rol Astesiano tenía al Sistema de Seguridad y Monitoreo del Ministerio del Interior y el uso que hacía de este, bajo la presunción de que era con fines personales asociados a sus distintas actividades delictivas. El medio informó que Astesiano se presentaba en el centro de control de cámaras ubicado en la Torre Ejecutiva, desde donde había acceso a las cámaras del Ministerio del Interior, y solicitaba visualizar puntos de la ciudad que no tenían relación con su trabajo ni con la seguridad del presidente.
Actualmente se investiga la vinculación de seis jerarcas policiales con el caso Astesiano. Todos se mantienen en sus cargos a pesar de que el Ministerio del Interior perició sus celulares y aportó el contenido a la Fiscalía. A partir de la pericia del celular de Astesiano, se pudo saber que el exjefe de la custodia presidencial mantenía múltiples contactos de apariencia irregular o delictiva con jerarquías policiales a las que les pedía “favores”. Uno de las seis jerarcas involucrados es Héctor Ferreira, subdirector de la Policía, segundo cargo de máxima jerarquía en la estructura. Hasta el momento, se negó a declarar y va a resolver si declara o no en base a la evidencia reunida en la carpeta de investigación.