El fiscal especializado en Delitos Económicos de primer turno, Enrique Rodríguez, convocará a declarar en calidad de indagados a la intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, y a varios directores del ente que participaron en la aprobación del proyecto y el seguimiento de la obra del Antel Arena, según informó El País y confirmó la diaria.

El fiscal Rodríguez también lleva la causa que investiga presuntas irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por la que serán convocadas a declarar, también en calidad de indagadas, la exministra de esa cartera Marina Arismendi y la exsubsecretaria Ana Olivera.

El fiscal Rodríguez dijo a la diaria que aún no hay fechas establecidas para las audiencias y declinó hacer declaraciones sobre los puntos que se plantearán en la indagatoria.

La causa sobre el Antel Arena fue iniciada el 8 de noviembre con una denuncia presentada por el abogado Gustavo Bordes, quien manifestó a la prensa que en la auditoría impulsada por el actual directorio de Antel hay referencias a desprolijidades e ilegalidades que ameritan un análisis de la responsabilidad penal de los involucrados en el proyecto.

Cuando se realizó la denuncia, la expresidenta de Antel ratificó su confianza en los funcionarios que trabajaron en el proyecto y cuestionó la seriedad de la auditoría hecha por la empresa Ecovis Uruguay, a la que calificó como “una seudoauditoría” realizada por “un notorio militante herrerista”.

Ese estudio fue el insumo utilizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública para determinar que durante la obra se tomaron decisiones en las que “estuvo ausente la buena administración”.

En tanto, la causa que investiga irregularidades en el Mides entre 2015 y 2020 fue iniciada el 4 de febrero de 2021. La denuncia también fue presentada por el abogado Gustavo Bordes y el entonces director general de la cartera, Nicolás Martinelli, quien dijo que los elementos planteados ante la fiscalía surgieron de la auditoría interna realizada por la actual administración.

Entre los puntos denunciados se encuentra la gestión de una donación realizada al Cottolengo Don Orione, los gastos de mantenimiento de los ascensores Otis, irregularidades en el sistema de transporte utilizado por el ministerio y el Programa de Atención a las Situaciones de Calle. Además, se plantearon cuestionamientos a contrataciones directas que, a juicio de la actual administración, “no se justifican”.