El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia presentó un recurso de nulidad de la sentencia contra el exalcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, tres integrantes de su familia y una funcionaria, a quienes se los condenó en acuerdos abreviados por diferentes delitos vinculados a la administración, entre ellos asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento.

Álvarez Petraglia señaló que cuando asumió la defensa de la familia Sánchez, concurrió a la Fiscalía de Rosario para acceder a la carpeta de investigación, pero una funcionaria le negó el acceso y le dijo que debía pedírselo al juez, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 71 del Código del Proceso Penal.

“No me quedó más remedio que presentar el escrito que la Fiscalía requería ante el juzgado ese mismo día [...] quien tenía que entregarme la documentación era la propia fiscal, sin intervención del Poder Judicial, aspecto que parece tenemos todos claro, menos en la Fiscalía de Rosario”, señaló Álvarez Petraglia en el recurso, al que accedió la diaria.

La fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, volvió a negar el acceso a la carpeta de investigación, por lo que el abogado recurrió a la Fiscalía General de la Nación, quien la instó a hacerlo. Finalmente, tres meses después de haberla pedido, el abogado de la familia Sánchez pudo conocer cuáles eran las evidencias por las que sus clientes habían sido condenados, en cuatro casos con prisión efectiva.

El abogado también denuncia que parte de la evidencia estaba fuera de la carpeta y había quedado en manos de la Policía y otra parte fue directamente ocultada a la defensa anterior, que terminó acordando con la Fiscalía la condena de las personas imputadas basándose en escuchas telefónicas, que no estaban registradas en la carpeta de investigación.

La situación fue detectada por Álvarez Petraglia, que encontró en la sede un expediente anterior relacionado con la causa, que no había sido mostrado a la hora de concretar el acuerdo.

“Constatamos un cúmulo de irregularidades que conllevan a la nulidad de toda la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Rosario y avalada por la sede [...] resultando lo expuesto, un apartamiento de lo que debe ser una investigación penal”, expresó el abogado.

El nuevo expediente descubierto por el abogado fue iniciado casi en la misma fecha que el utilizado para concretar la condena. En él se encuentra la argumentación dada por la fiscal para intervenir el teléfono del alcalde, investigado por devolver motos incautadas sin cobrar la multa.

Para Álvarez Petraglia,“lo expuesto por la Policía y la Fiscalía a lo sumo daría para una investigación administrativa, o en su caso para que la Junta Departamental citara al Consejo de Florencio Sánchez a dar explicaciones” y calificó como “un despropósito absoluto” el inicio de la investigación penal.

“¿Desde cuándo en un sistema de garantías como es el nuestro, se puede habilitar una vulneración de este calibre porque alguien comete hechos que podrían ser ilegales? Es como admitir que el estándar de garantías se encuentra en el subsuelo y que nadie ampara los derechos de los ciudadanos ante semejante intromisión sin fundamento alguno”, expresó Álvarez Petraglia en el recurso de nulidad.

El abogado lamentó la falta de control por parte del Poder Judicial sobre el cumplimiento de los dispuesto por el artículo 208.1 del Código del Proceso Penal, que establece que la resolución para solicitar escuchas telefónicas “deberá ser fundada, debiendo ponderar expresamente la necesidad y proporcionalidad de la medida, respecto de la restricción al ejercicio del derecho limitado, bajo pena de nulidad”.

En el expediente oculto a la defensa, según lo planteado por la defensa del exalcalde, figura una negativa de la sede a extender el plazo para continuar con las escuchas, debido a que el plazo máximo previsto en el numeral 4 del artículo 208 del Código del Proceso Penal es de seis meses y las escuchas se habrían extendido por tres años.

Por esta causa fueron condenadas siete personas, detenidas en el marco de la Operación Corruptio, que se realizó en Florencio Sánchez en setiembre de 2021. Tras concretar los acuerdos, la fiscal Fleitas valoró que se lograran penas de penitenciaría, considerando que se trataba de delitos contra la administración pública.