El fiscal de Corte, Juan Gómez, brindó una conferencia de prensa este viernes para dar la información oficial sobre la acusación que hizo el jueves la fiscal especializada en Delitos Sexuales subrogante de quinto turno, Mariana Alfaro, en el marco de la investigación Operación Océano, que terminó su primera etapa. Gómez, en la sede de Fiscalía, aseguró que hacía una “rendición de cuentas” porque en octubre, cuando por razones de salud la fiscal Darviña Viera dejó el caso, “habíamos prometido, y estamos cumpliendo en nombre de la transparencia, que el trabajo de la fiscalía se iba a encarar en forma absolutamente profesional”.

Agradeció a los trabajadores y equipos involucrados, y destacó que en esta primera etapa de la investigación “se hizo lo correcto”. Reseñó que 20 de las personas imputadas serán “sometidas al contralor de un juez, en nueve de esos casos ya con sentencia condenatoria mediante un proceso abreviado, que necesariamente requirió la aceptación del imputado y su defensa de los hechos que le atribuye la fiscalía”, mientras que las restantes 11 personas enfrentarán “lo que también prometimos: juicios orales y públicos. Tendrán, con todas las garantías, la posibilidad de esgrimir sus defensas ante un juez”.

Respecto de los nueve condenados por juicio abreviado, quiso descartar la idea de que “arreglaron y no fueron ni siquiera un día a la cárcel”. Gómez detalló que en cinco casos las personas cumplirán prisión efectiva, “en algún caso incluso por un año y medio”.

Para las 11 personas que enfrentarán un juicio oral y público, la fiscalía pidió penas en el marco de la Ley 17.815, por los delitos de promesa o retribución a adolescentes por actos de naturaleza sexual. Para siete de ellas se pidió una sanción de seis años de penitenciaría, para otra cinco años, para dos cuatro años y para la restante tres años de penitenciaría. En uno de los casos también se acusó por un delito de almacenamiento de pornografía con menores de edad, previsto en el artículo 3 de la Ley 17.815.

En todos los casos, añadió, se previó como penas accesorias previstas en la Ley 19.580 la retribución a las víctimas, por 12 salarios en caso que tengan trabajo o 12 salarios mínimos en caso de que no, y se les solicitó la prohibición de ejercer cualquier actividad vinculada con niños y adolescentes.

Por otro lado, Gómez marcó que 13 de las personas formalizadas durante la investigación fueron o serán sobreseídas. “Existía evidencia que las vinculaba con ese hecho, pero la conclusión fue que esas evidencias no nos permitían llegar a un juicio oral y público con una razonable posibilidad de ganarlo”, explicó el fiscal de Corte, y destacó que ninguna de estas personas estuvieron privadas de su libertad en este proceso.

“La Fiscalía no necesita de ninguna cosa que no sea lo correcto, que no sea la verdad, no necesitamos para ganar o litigar nada que sea espurio, porque esto es responsabilidad de la sociedad y de un Estado de Derecho”, agregó.

Además, confirmó que se archivará la causa respecto de los cuatro investigados que no fueron imputados.

Gómez también criticó la actitud de algunas defensas de los imputados, que presentaron recursos de nulidad pero finalmente acordaron condenas por procesos abreviados, y señaló que “no se puede sostener que algo es nulo y al otro día acordar una solución al conflicto, que bienvenida sea”.

En esa línea señaló que la Operación Océano es “el caso más paradigmático de uso por las defensas privadas de todos los recursos que disponían”, y agregó que esos recursos fueron analizados por tribunales y jueces.

Consultado por la cantidad de víctimas, Gómez señaló que en el proceso hubo unas 20, pero que se concretaron como prueba para el juicio siete declaraciones anticipadas.

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