La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, presentó la acusación contra los militares en situación de reforma José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina en la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff.
El caso también investiga otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
El documento de acusación de la fiscalía, que tiene 330 páginas, se conocerá íntegramente cuando sea levantada la feria judicial, el 1° de febrero, cuando también comenzará a correr el plazo de 30 días para que las partes respondan la acusación de Perciballe.
Según supo la diaria, el fiscal pidió 30 años de cárcel para el represor José Arab, quien fue imputado en agosto de 2022 por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitelaw, Daniel Banfi, Guillermo Jabif, Luis Enrique Latrónica, Telba Juárez, Eduardo Efraín Chizzola, Hugo Gomensoro Josman, José Méndez Donadio y Francisco Candia, y las desapariciones de Manuel Liberoff y Washington Barrios.
Arab también fue imputado por las supresiones y suposiciones de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, y la privación de libertad de Gabriela Schroeder, María Victoria Barredo y Máximo Fernando Barredo, María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba, Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, Alba Coitinho Mello y sus hijas Patricia Noel, María Fernanda y Victoria Martínez Coitinho, María del Carmen Martínez Addiego, María del Rosario Villarino, Washington Pérez Rossini y Washington Pérez Carrozo y por el delito de privación de libertad y abuso de autoridad contra 17 personas detenidas.
También pidió condenas para el represor Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina, que no fueron vinculados a los cuatro homicidios del 20 de mayo de 1976, ni a la desaparición de Liberoff, sino a otros crímenes de lesa humanidad, dado que Medina ingresó al Servicio de Información y Defensa (SID) en julio de 1976, mientras que Silveira integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Según la investigación de la Fiscalía, el operativo estuvo a cargo del Departamento III del SID y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
Ricardo Medina fue imputado por la supresión y suposición de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni; las privaciones de libertad de María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba, Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso, Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta. Además, sobre Barboza y Peralta se le imputó un delito de lesiones graves y un delito de rapiña contra la familia Soba y la familia Mechoso.
Jorge Pajarito Silveira fue imputado por los homicidios de Telba Juárez y Eduardo Chizzola, los delitos de supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman, y los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves contra Carlos Rodríguez Coronel, Sara de León, Adriana Ferraro, Alejandro Nogueira, Mario Nino Di Negri, Ricardo Gil, Élida Rita Vázquez, Luis Ferreira da Silva, Elisa Michelini Delle Piane, Jorge Vázquez e Ivonne Trías.
La causa fue iniciada en noviembre de 2020 por Gabriela Schroeder, quien denunció su secuestro y el de sus hermanos luego del asesinato de su madre. El cuerpo de Barredo, que pertenecía a una organización escindida del MLN-T, fue encontrado junto a los de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Whitelaw en Buenos Aires, el 21 de mayo de 1976.
Por esta causa también se pidió la formalización, en agosto de 2021, contra los militares en situación de reforma Gilberto Vázquez, ya fallecido, y Ernesto Ramas, que fue imputado en agosto de 2022 por los homicidios de Telba Juárez y Eduardo Chizzola, el delito de supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni, y abuso de autoridad contra cuatro detenidos; falleció en diciembre de 2022. También se pidió la extradición de Manuel Cordero, quien cumple condena en Argentina por la causa Plan Cóndor, y de Pedro Mato, refugiado en Brasil al menos desde 2014.
Luego de que las partes respondan la acusación de la fiscalía se realizará la audiencia de control de acusación, donde el juez de garantías, Fernando Islas, determinará cuáles serán las pruebas que ingresarán al juicio oral, que podría concretarse en mayo de este año.