Las principales causas judiciales que involucraron al gobierno y cómo podrían continuar en 2025

Durante este quinquenio, las causas judiciales en las que fueron investigados actores vinculados al gobierno tuvieron central importancia en la agenda política en un diálogo entre lo político y lo jurídico que se extendió durante todo el período, y que tuvo como sus máximos puntos de expresión la detención de Alejandro Astesiano el 26 de setiembre de 2022, y la crisis política generada por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y la destrucción de documentos vinculados al caso, que implicó la renuncia de dos ministros de Estado y el principal asesor del presidente en materia de comunicación, quedando pendiente la declaración del presidente Lacalle Pou que se concretará en 2025.

La causa Kirma: “La valoración de los testimonios aportados por los imputados y la mentira o no en sus relatos no constituyen otra cosa que el derecho a no autoincriminarse”

El caso comenzó con la denuncia presentada en setiembre de 2021 por la bancada del Frente Amplio, luego de que el ministro de Turismo designado por Lacalle Pou al inicio del período, el colorado Germán Cardoso, renunciara a su cargo cuestionado por las compras directas de publicidad, difundidas por —el también colorado— Martín Pérez Banchero, quien fue cesado como director de Turismo por negarse a aprobar esas compras. Concretamente, la investigación judicial apuntó al compromiso de compra por 280.000 dólares por el servicio de distribución de publicidad y a la compra directa de 11 millones 709.000 pesos en publicidad para promoción turística, a la empresa Netcom que sería pautada en abril, mayo y junio de 2021 cuando las fronteras estaban cerradas por la emergencia sanitaria.

La investigación penal se encontró con varias particularidades en el caso, como la existencia de un “colaborador honorario” en el Ministerio, Elbio Rodríguez, que ingresó al Ministerio con un rol central en la toma de decisiones, sin tener ningún vínculo formal con la cartera y todo un entramado ontológico sobre la empresa estonia Kirma Service, al punto que la mayor parte de los esfuerzos de la fiscalía se volcó en comprobar su existencia y la de quien figuraba como su director, Giorgios Shipillis. Además, encontró que un mes de la oferta de Kirma por intermediación de Rodríguez, otra empresa que tampoco tenía antecedentes ni registros en la web, había hecho una oferta por el mismo monto, que fue rechazada por los funcionarios del Ministerio. Pese a sus conductas atípicas, como la de no cumplir con requisitos formales de facturación, mandar mails desde servidores uruguayos y utilizar para la negociación la VPN de un proveedor uruguayo y negarse a declarar, la Fiscalía dio por probada la existencia de Kirma, lo que fue clave para archivar el caso respecto a Elbio Rodríguez en agosto de 2024. Lo mismo había hecho con el ministro Cardoso en diciembre de 2022.

Para la fiscalía, la existencia de Kirma probó la genuinidad de la gestión de Rodríguez como mediador y descartó la intención de dañar al Estado, un elemento clave para concretar la imputación. Queda pendiente resolver la rama de la investigación respecto al exadscripto del ministro Cardoso, Daniel Reta, quien en declaraciones ante la fiscalía dijo que firmaba facturas y documentos sin leerlos para agilizar los trámites, y que por eso en un primer momento dijo desconocer a la empresa Kirma, cuando fue quien envió a la agencia Young & Rubicam la propuesta de Kirma y quien firmó el ingreso al Registro Único de Proveedores, que fue observado por el Banco República y detuvo el pago.

La causa Astesiano: “Estoy tan sorprendido como ustedes”

La detención de Alejandro Astesiano, el 26 de setiembre de 2022, y la incautación de uno de sus celulares dejaron un tendal de investigaciones penales abiertas vinculadas al jefe de seguridad presidencial que en febrero de 2023 fue condenado por un acuerdo con la fiscalía a cuatro años y medio de penitenciaría, y finalmente fue liberado el 20 de setiembre de 2024. Las diferentes líneas de investigación fluctuaron en función de las acciones tomadas por las dos fiscales que tuvo el caso: Gabriela Fossati, quien actuó desde el inicio de la investigación hasta marzo de 2023, y Sabrina Flores, que tomó el caso desde esa fecha hasta diciembre de 2024, cuando asumió como fiscal de Homicidios. En algunos casos, como la investigación contra los cónsules uruguayos en Rusia en la causa que investiga adulteración de documentos para la solicitud de pasaportes uruguayos, la fiscal Flores resolvió a favor de las personas que la fiscal Fossati había pedido imputar. La decisión de Flores se debió a la falta de evidencias sobre los imputados y el archivo de esa rama de investigación a la falta de colaboración de la justicia rusa, entre otros puntos, que impidieron que se determinara el alcance de la red dedicada a la expedición de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y sus responsables. Como el juez Fernando Islas aceptó el pedido de la fiscal Fossati de imputar con prisión a uno de los cónsules por 14 delitos de fraude, en base a que figuraba su firma en los documentos adulterados, ahora el cónsul sobreseído evalúa ir contra el Estado por haber sufrido prisión indebida. Otro de los casos en los que la fiscal Flores resolvió a favor de los imputados fue el de Jorge Berriel, que la Justicia imputó por iniciativa de Fossati, como un delito de revelación de secreto por otorgar información a Astesiano. Para el sobreseimiento de Berriel, la fiscal Flores se basó en las declaraciones del presidente Lacalle, quien admitió que “se entendía que si llamaba Astesiano era como si la hubiera pedido yo la información”. También fue sobreseído el exdirector de Inteligencia, Claudio Correa, investigado por el procedimiento de detención y la manipulación del celular del exjefe de custodia.

En otros casos, la investigación de Flores se vio obstaculizada por decisiones de Fossati que complicaron la obtención de evidencia. El caso más claro es el que refiere a los chats entre Astesiano y el presidente Lacalle, los cuales fueron excluidos de la investigación por iniciativa de Fossati, tras un acuerdo con las autoridades de gobierno. Otro tema archivado fue el espionaje contra Mario Layera, por el que fueron investigados el comisario mayor Hernán López, alias Lupita, y Adrián Fabio Ferreira, conocido como La Boga —y funcionario de seguridad en el barrio privado La Tahona—, porque estaban reuniendo información para comprometer a Layera.

Entre las causas que permanecen abiertas, se encuentra la del espionaje contra el senador Charles Carrera y Mario Bergara, por la que fue condenado el militar retirado Marcelo Acuña, en marzo de 2024, en una investigación que no logró determinar quién estuvo atrás del pedido de obtención de información personal de los senadores frenteamplistas para comprometernos en su carácter de denunciantes del acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie por la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo. Otra de las causas que permanece abierta es la que investiga el operativo de seguimiento contra el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala, luego de haber sufrido un accidente de tránsito. También la investigación sobre funcionarios de migraciones del Chuy que habrían permitido el ingreso irregular de ciudadanos rusos al país, la venta de un dron de 750.000 dólares para UTE por parte de Vertical Skies, la empresa de militares retirados uruguayos con sede en Miami que buscaba ganar licitaciones con el Estado a través del vínculo con Astesiano. También está pendiente la línea que investiga conversaciones entre un empresario vinculado a PDVSA y Alejandro Astesiano para ganar una licitación de obras en ruta 9, en la que Astesiano planteó el cobro de un adelanto de “cuatro lucas”. Varias de las investigaciones afrontan como obstáculo las reiteradas negativas de la Fiscalía General de la Nación de concretar la realización de una pericia para recuperar los chats entre el presidente Lacalle y Astesiano, un punto que requiere aprobación de la FGN por sus requerimientos presupuestales.

La causa Katoen Natie: El asesoramiento de la ANP “no fue correctamente brindado en el plano formal”

En setiembre de 2021, varios senadores del Frente Amplio presentaron una denuncia penal contra las autoridades de gobierno que participaron en el acuerdo entre el Estado y Terminal Cuenca del Plata, conformada en 80% por Katoen Natie y en 20% por la propia ANP, para la concesión hasta 2081 de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del Puerto de Montevideo. Los investigados fueron el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el subsecretario Juan José Olaizola; el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés y el director de la ANP, Juan Curbelo. Una de las particularidades del caso es que no existía entre denunciados y denunciantes diferencias sobre cómo transcurrieron los hechos, por lo que la investigación penal se centró en determinar si los denunciados, que negociaron la concesión bajo un acuerdo de confidencialidad sin consultar a los miembros del directorio de la ANP, habían incurrido en delitos. Los denunciantes señalaron que el acuerdo —que otorgó prioridad para operar a Katoen Natie— violaba varias leyes, entre ellas, el literal D del artículo 20 de la Ley 17.243, que plantea que debe asegurarse “la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerán restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo” y el artículo 377 de la Ley 19.355 (la ley de presupuesto 2015-2019), que establece que las concesiones “que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) otorgadas al amparo de la Ley 16.246 de 8 de abril de 1992 podrán prorrogarse por resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP”.

Si bien los denunciados reconocieron que no habían consultado al directorio, plantearon que el asesoramiento de la ANP establecido en la ley podía pasar sólo por su presidente, basándose en la opinión del director de jurídica de la ANP, Edgardo Amoza, al que consultaron en marzo de 2022, con la causa ya iniciada. Amoza respaldó esa postura, entrando en contradicción con lo que él mismo había escrito en 2015 en un artículo sobre derecho administrativo titulado “Actividad portuaria en Regulación de la Actividad Privada” y los poderes jurídicos del directorio como asesor del Ejecutivo. Cuando los abogados denunciantes le señalaron el cambio de postura, Amoza lo atribuyó a “un tema de honestidad intelectual”. La causa fue archivada en noviembre de 2022 por el fiscal Gilberto Rodríguez, quien señaló que ante la discusión técnica no estaba en condiciones de llevar la denuncia a juicio con posibilidades de éxito, al no poder demostrar dolo en la actuación de los denunciados, y concluyó que el asesoramiento de la ANP al Ejecutivo “no fue correctamente brindado en el plano formal, tal como lo manifestaron los coadyuvantes denunciantes y alguno de los consultantes interrogados”. Los denunciantes pidieron el reexamen de la causa, que fue realizado por la fiscal Silvia Porteiro, quien en noviembre de 2023 ratificó la actuación de Rodríguez. “Sin perjuicio de algunas actuaciones irregulares o reprochables, estas no resultan suficientes para la tipificación del injusto que se pretende imponer”, señaló Porteiro.

La causa pasaporte de Marset: “Los ministros de Estado faltaron a la verdad y ocultaron información”

La causa fue iniciada de oficio el 1° de setiembre de 2022 por el entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, tras escuchar la sesión parlamentaria en la que fueron interpelados el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su canciller, Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, cuando se encontraba detenido en Dubai por haber ingresado con un pasaporte falso paraguayo en noviembre de 2021. Gómez entendió que “situaciones como las que se analizan en la sesión del Senado” tienen “repercusiones internas y externas que justifican con amplitud la investigación”. La discusión en la Fiscalía se planteó en torno a si el Ejecutivo, con base en lo dispuesto en el decreto 129/2014, estaba obligado a entregarle el pasaporte a Marset, para evitar incurrir en abuso de funciones, o si, por el contrario, tal como admitió el entonces canciller Francisco Bustillo, ese marco legal le habilitaba cierto nivel de discrecionalidad para negárselo o postergar su entrega, como planteó la entonces cónsul uruguaya en Abu Dabi, Fiorella Prado, que el mismo Tras dos años de investigación, en los que se conocieron múltiples aspectos de la forma en la que se efectuó el trámite, las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la preparación —y el ocultamiento de información— de la interpelación que dio inicio a la causa y las diligencias realizadas por el abogado de Marset, Alejandro Balbi, para concretar la impresión y la entrega del pasaporte a Marset, el fiscal Alejandro Machado concluyó que el gobierno actuó dentro del marco legal en el trámite para entregar el pasaporte, pero reprochó la mentira en la que incurrieron los ministros de Estado ante la Cámara de Senadores que acordaron ocultar el hecho de que conocían la identidad de Marset y su dimensión en el narcotráfico antes de entregarle el pasaporte.

“Una vez finalizada esta indagatoria, estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía (...) A modo de ejemplo puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarles a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta de que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado”, concluyó el fiscal.

Otro punto mencionado por el fiscal fue la reunión que mantuvieron el 24 de noviembre de 2021 Balbi y Ache en el despacho de la subsecretaria, donde ambos declararon que Ache no estaba al tanto de que Balbi quería saber sobre la valija diplomática a Dubái para enviar el pasaporte de Marset. “Este Ministerio Público no encuentra sustento evidencial que otorgue credibilidad a la versión brindada por ambos imputados”, sostuvo el fiscal, pero admitió que no pudo probar su teoría del caso, que era que Balbi le había pedido a Ache la postergación del envío de la valija diplomática. La causa no pudo ser reexaminada por otro fiscal porque fue iniciada de oficio y el derecho a reexaminar los casos por otra fiscalía está reservado a las causas iniciadas por denunciantes.

La causa Marset por destrucción de documento: “Vos perdé el celular”

La declaración de Carolina Ache, realizada el 1° de noviembre de 2023 ante el fiscal Machado en la causa que investigó la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, generó la apertura de una nueva causa, dado que Ache denunció presiones desde Presidencia de la República y una maniobra que habría implicado la destrucción de un documento certificado y la intención de certificar un chat adulterado, con el propósito de ocultar dos diálogos que mantuvo con Maciel, el 21 de setiembre y el 3 de noviembre de 2021, los mismos que ocultaron al Senado. “Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible”, escribió Maciel dos semanas antes de que le entregaran el pasaporte a Marset. El mismo día que declaró Ache, se conoció la grabación de una conversación que la exsubsecretaria mantuvo con el entonces canciller Francisco Bustillo, en la que discutían sobre la pertinencia de incorporar esos chats a la investigación administrativa que estaba llevando el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Que se mande al frente Maciel, vos, perdé el celular. Estoy imaginando escenarios: en diciembre, enero se te perdió el celular. Por ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando esto paso a paso”, expresó Bustillo en la conversación en la que se comprometió a intentar hablar con el director de jurídica del MREE para incidir sobre la instructora del sumario. “Busquemos la vuelta para que no tengas que entregar eso porque ahí te dejan repegada”. El canciller renunció al día siguiente y, tres días después, renunciaron el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, su subsecretario, Guillermo Maciel, y el asesor de comunicación Roberto Lafluf. Según lo que informó Ache a la fiscalía, luego de entregar los chats certificados recibió una llamada de Roberto Lafluf, para convocarla a una reunión en la Torre Ejecutiva en la que le pidieron borrar los chats de su teléfono y certificar el diálogo sin esos chats. Ache se negó y pidió el documento para volver a entregarlo a Cancillería, cuando se enteró de que había sido destruido. En la conferencia de prensa en la que se anunciaron las renuncias, Lacalle admitió haber generado ese encuentro, en el que dijo haber pasado a saludar, para ponerse de acuerdo sobre qué hacer con los chats.

Según supo la diaria, el fiscal, antes de convocar a las personas indagadas en la causa —que incluirán al presidente Lacalle—, espera obtener la respuesta de los organismos a los que pidió información, de manera de llegar a las instancias de declaración con la mayor documentación posible. Como la causa se retoma en febrero por la feria judicial, es poco probable que el presidente Lacalle Pou declare antes de dejar el cargo. Entre los delitos que podrían imputarse en esta causa está el de destrucción de documentación, previsto para quien “destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte un documento o un certificado verdadero”, el delito de falsificación ideológica por un funcionario público, previsto para el funcionario público que, “en el ejercicio de sus funciones, diere fe de la ocurrencia de hechos imaginarios o de hechos reales, pero alterando las circunstancias o con omisión o modificación de las declaraciones prestadas con ese motivo o mediante supresión de tales declaraciones”, y el delito de abuso de funciones.