Las niñas sobrevivientes del ataque de un hombre a su familia en el barrio La Amarilla, en Durazno, quien asesinó a su esposa y a su hija mayor antes de suicidarse, se encuentran internadas por las númerosas heridas de arma blanca que sufrieron, al tiempo que se están activando los mecanismos institucionales para su contención.
La adolescente de 12 años se encuentra estable en un centro asistencial de Durazno, en sala de cuidados moderados. En tanto, la niña de nueve años debió ser trasladada a Canelones, donde permanece internada en CTI, también estable, aunque con “otra gravedad”, informó la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, en rueda de prensa consignada por Subrayado.
El presidente, Yamandú Orsi, en diálogo con la prensa durante una actividad en Río Negro, consideró, ante el trágico hecho, que algunos de los dispositivos del Estado “evidentemente están fallando”, ya que, si bien no se puede “resolver todo”, “capaz algunas alertas no las vemos y están ahí”. El mandatario llamó a no “bajar los brazos” y a “siempre pensar que lo que estamos haciendo sigue siendo insuficiente”. Además, advirtió que no se debe perder la capacidad de asombro, ya que, cuando casos tan graves ocurren con frecuencia, se “corre el riesgo” de tomarlos como un “dato de la realidad”, cuando es “mucho peor”. “Hay dificultad y el tema de la violencia de género sigue tan vigente y tan crudo como hace años, y a veces complicándose más”, afirmó Orsi.
Sobre los mecanismos para acompañar a las niñas sobrevivientes, Romero explicó que la Justicia determinará la activación del Centro de Estudio y Derivación (CED) y, a su vez, este activará la red focal interinstitucional para que “todas las instituciones que tienen que ver a lo largo de la trayectoria de la vida de estas niñas, liceo, escuelas, si asisten a un club de niños, la propia salud, conformen una red en la que se planifique cómo va a ser el acompañamiento de estas niñas”.
Una de las tareas del CED es “buscar quiénes son los referentes que puedan proteger a las niñas” y, en el caso de que existan familiares referentes, “se harán las medidas pertinentes para acompañar todo el proceso, obviamente acompañado de una atención a la salud mental de estas niñas”. Acotó que “es muy pronto” para saber si las niñas cuentan con algún familiar referente.
En el caso de la adolescente de 12 años, ya se dispuso una cuidadora del INAU y “se están estableciendo las redes con lo que es el programa Escuelas Disfrutables, que van de Montevideo y de Durazno para participar en la red focal”, explicó la presidenta. Con respecto a la niña de nueve años, sostuvo que se establecerán reuniones con el referente del programa Vida Libre de Violencia y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia de Durazno y Canelones.
Por su parte, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari, explicó al medio citado que el fiscal de primer turno, Diego Chaves, activó el protocolo para que se hiciera presente en el lugar de los hechos una técnica de la unidad, para brindar “acompañamiento y asistencia” en un momento de conmoción. “Eso es parte de lo que permite reparar el daño, que suena como algo difícil en este momento cuando uno ve tanto dolor que se genera y la pérdida de las vidas de estas personas, pero bueno, ese acompañamiento permite mitigar y organizar algunas tareas de asistencia que hay que dar en el primer momento”, sostuvo Solari.
En ese marco, se asistió a las niñas, así como a otros familiares paternos que se encontraban presentes porque viven en una casa lindera a la del crimen. Solari explicó que, si bien no hay un indagado porque el victimario se suicidó, el fiscal entiende que es parte “de la reparación a las víctimas” continuar con “una indagatoria, tomar declaraciones, tomar algunos insumos que aparezcan de la trayectoria de este vínculo y de la trama familiar que termina en este desenlace”. En ese proceso, las niñas son “testigos clave” porque presenciaron el hecho y “es muy importante que ellas estén preservadas y protegidas en lo emocional, en lo físico”, afirmó.
La directora también se refirió a la información que circuló a partir del parte policial sobre antecedentes de denuncias por posible maltrato hacia la adolescente asesinada de 16 años, que tenía una discapacidad, en 2016 y 2017. Solari aclaró que en aquel momento actuó el juzgado de Familia y hubo un seguimiento por parte del INAU. Sin embargo, sostuvo que, ante casos de familias con “situaciones complejas que estresan aún más la crianza de sus niños, como puede ser una niña con una discapacidad severa”, es importante que el Estado “pueda hacer un seguimiento de cuáles son los requerimientos que tiene esta niña, que tienen los adultos, cómo se distribuyen los cuidados, porque a veces estas situaciones son estresores que pueden también condicionar una situación vincular en la familia”.