El lunes un auto incinerado apareció frente a un descampado, en la esquina de Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani, en el barrio Flor de Maroñas. La Policía concurrió al lugar luego de recibir una denuncia de una persona que se acercó a ver si había artículos de valor en el vehículo y encontró un cráneo y restos óseos.

Al día siguiente, la investigación policial determinó que el cráneo tenía un impacto de bala y que el Volkswagen Gol pertenecía a un abogado y exjuez, que además había sido denunciado como desaparecido en las últimas horas. El miércoles, las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Luis Delfino Vivo, que se desempeñaba actualmente como abogado independiente y había sido juez en los años 90.

Las “irregularidades” que motivaron su cese como juez

La carrera de Delfino en el Poder Judicial fue corta. Ingresó al organismo en marzo de 1993 como juez de paz de la 19º sección judicial de Canelones y ocho meses después fue trasladado al juzgado departamental de Pando. En 1995 pasó a desempeñarse como juez letrado en Cerro Largo y en 1998 asumió como juez letrado de Ciudad de la Costa, donde estuvo por dos años hasta su destitución.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ), según la resolución de 18 páginas a la que accedió la diaria, lo destituyó por “múltiples irregularidades” en su actuación que configuraron un “descrédito” para la administración de justicia y un “abuso de autoridad en el ejercicio de funciones”. Por lo tanto, se entendió que se configuraba la hipótesis de “ineptitud para el ejercicio del cargo de juez”.

El de Ciudad de la Costa era un juzgado clave porque su jurisdicción abarcaba al Aeropuerto de Carrasco. Dos hechos por los que Delfino terminó siendo cesado estuvieron relacionados con este lugar. En marzo de 1999, la jueza penal de Maldonado, Fanny Canessa, realizó un pedido de detención de dos ciudadanos brasileños que habían utilizado cheques falsos en Punta del Este por un monto de 6.000 dólares.

La policía los detuvo cuando llegaron al aeropuerto para viajar hacia San Pablo, Delfino se hizo presente en el lugar y los dejó irse. “Solicité a Interpol que verificará si existía orden de detención nacional internacional y me informaron que no había registro de ello; Interpol interrogó a los brasileños y no encontró nada raro; la supuesta orden de la jueza no figuraba en ningun lado y los policías no estaban habilitados para solicitar la detención de las personas”, justificó Delfino a El Observador en una nota de 1999.

En el sumario, los ministros de la SCJ puntualizaron que “si la orden o solicitud de detención era ilegal o no, es cuestión completamente ajena a la competencia del juez de Ciudad de la Costa por carecer de jurisdicción territorial en el asunto. Si el tema venía de Maldonado, era allí adonde se debió remitir a la Policía que le daba cuenta de la detención de los dos sujetos, sin ingresar a la consideración de la regularidad o irregularidad de la detención”.

También rechazaron los argumentos dados por Delfino y los calificaron de “deleznables”. En particular, el juez argumentó que un hurto “es un delito perseguible a instancia de parte” y los ministros puntualizaron que se trataba de un “dislate jurídico”, además de que el delito era una estafa. En suma, por este caso entendieron que el juez cometió un “error inexcusable”.

Otro de los hechos que fueron tomados en cuenta por los ministros de la SCJ para el sumario fue la decisión de Delfino de aceptar unos pasajes a Estados Unidos que le regaló un director del aeropuerto. La SCJ entendió que la conducta del magistrado vulneró “normas del decoro propio de su investidura” y constató que recibió pasajes de “un jerarca del aeropuerto [...], y ello dio pábulo a que se tejieran comentarios que vinculan la cortesía de los pasajes recibidos a una implicancia del juez, conformando un desprestigio para la administración de Justicia”.

Además, cuando hizo uso de los pasajes y viajó a Miami, estaba certificado por enfermedad. Luego de concretada su destitución, Delfino diría que había sido certificado por estrés. “Alguna responsabilidad a mí me cabe, sin lugar a dudas, yo no lo niego. Objetivamente, acepté pasajes de favor, pero no como coima. Yo siempre quise dejar el nombre de mi padre en alto”, señaló en diálogo con El Observador el 12 de octubre de 2000. Su padre era el abogado Luis Alberto Delfino Cazet, especializado en derecho comercial.

Esas no fueron las únicas “irregularidades” que fueron motivo de análisis durante el año que duró el sumario iniciado por la SCJ. Por ejemplo, también se constató que Delfino había otorgado a funcionarios policiales autos que había incautado a partir de operativos dictados por él.

Asimismo, Delfino había realizado un allanamiento ilegal y confiscado bienes para buscar dirimir un conflicto entre privados. El sumario de la SCJ también incluía un caso relacionado con el entonces director de Turismo de la Intendencia de Canelones, Diego Porcile, quien había denunciado que le habían entrado a robar a su casa y se habían llevado, entre otras cosas, las boletas de la compra de una isla de edición.

Según informó el semanario Búsqueda el 19 de octubre de 2000, Delfino allanó la casa del exsocio de Porcile, Carlos Martínez, y le incautó la isla de edición, que estaba en su poder. En la investigación por el hecho, según consta del sumario, Delfino alegó que los hechos eran “harto simples: hubo una denuncia de hurto contra Martínez por la cual -previa orden de allanamiento- se procedió a la incautación del presunto objeto robado”. Sin embargo, la SCJ recalcó que eso no era cierto: “No hubo ninguna denuncia de hurto contra Martínez, y tanto no la hubo que Porcile es muy preciso en indicar que lo que le fue hurtado fue una documentación de compra, no la máquina en cuestión sobre la que dice expresamente que la tiene en su poder y la usa Martínez”.

Los ministros de la SCJ cuestionaron el proceder del juez: “¿A qué efectos emplazó el Sr. Juez a Martínez? ¿Para indagarlo sobre el hurto denunciado por Porcile? Evidentemente no, puesto que la Policía no encontró ninguno de los objetos hurtados en el allanamiento ni Martínez estaba sindicado como autor de hurto alguno. Parece muy claro que la Policía -contando con una verdadera coparticipación del Sr. Juez- asumió la función jurisdiccional de dirimir el conflicto exclusivamente comercial suscitado entre dos socios”.

Otro hecho que se incluyó en el sumario tuvo como protagonista a la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que por ese entonces se desempeñaba como fiscal de Pando y Ciudad de la Costa. Ferrero había establecido una fianza por 100.000 dólares para la excarcelación de una persona procesada por contrabando. Sin embargo, Delfino decretó la excarcelación por una fianza de 80.000 dólares, sin informarle Ferrero, que, por lo tanto, no pudo apelar la medida. En la resolución, la SCJ da cuenta que Delfino reconoció que se cometieron “errores procesales”, pero dijo haber llamado a la fiscal para notificarle. Sin embargo, Ferrero dijo no recordar una conversación con el juez por ese asunto.

En ese entonces, la SCJ estaba integrada por Juan Mariño, quien la presidía, y los ministros Raúl Alonso de Marco, Milton Cairoli, Gervasio Guillot y Roberto J. Parga Lista.