Entrevistado por la diaria Radio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, sostuvo que el atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo, no sólo la afecta personalmente, sino también a la institucionalidad.

“Es muy importante porque es la principal institución que, en este momento, dentro del sistema de Justicia, tiene la persecución de los delincuentes”, señaló Pérez sobre la función de la Fiscalía. Dijo que, si la finalidad del atentado fue amedrentar a Ferrero –a quien calificó de una excelente fiscal, y “una muy buena técnica”–, no tendrá resultado.

El atentado se vinculó rápidamente con el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico. Para Pérez, “es muy difícil determinar quién está detrás”, aunque consideró que podría tratarse del narcotráfico, ya que “va creciendo”. Además, en tiempos de discusión del presupuesto quinquenal, el hecho reavivó los reclamos de mayores recursos, por ejemplo, para la Guardia Republicana o la propia Fiscalía General de la Nación. A propósito, Pérez señaló que en la SCJ “no tenemos dinero” para la contratación de servicios 222 para la custodia de los juzgados.

El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que Ferrero contaba el domingo con una protección acorde al “protocolo vigente” y al “acuerdo” establecido con ella. No obstante, puntualizó que, a raíz del hecho, que desde el gobierno se analiza quiénes son las “personas que necesitan eventualmente una protección mayor”. Consultado sobre si el Poder Judicial debería participar en ese análisis para obtener mejores niveles de custodia, Pérez respondió: “Teóricamente no se puede hablar de un sistema de Justicia dejando fuera el principal componente, que es el Poder Judicial”.

El presidente de la SCJ mencionó que en otros países de América Latina sus colegas “están con custodia policial permanente”, mientras que en Uruguay “eso no existe, no estamos acostumbrados, porque generalmente pensamos que no pasa nada... hasta que pasa. El problema es qué respuesta vamos a dar cuando pasa”, sostuvo.

Otro debate que se puso sobre la mesa tras el atentado fue el vinculado con el proyecto para modificar la Ley contra el Lavado de Activos, remitido por Presidencia al Parlamento. En una conferencia de prensa este lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, exhortó a las bancadas de los partidos políticos a “acelerar el tratamiento de la ley de lavado”, ya que “por ahí también hay que golpear y ser cada vez más eficientes”, dijo. Pérez, si bien rechazó emitir una opinión sobre la iniciativa, sostuvo que “puede ser una posibilidad”, pero advirtió que “no sólo es con lo normativo que se combaten las cosas, se combaten también en el territorio”.

Reconoció, no obstante, que cualquier modificación siempre repercute en el trabajo del Poder Judicial. “El problema es que nunca se considera la importancia que tiene el Poder Judicial dentro de la sociedad”, acotó.

El presupuesto contempla un 6,5% de lo solicitado por el Poder Judicial

Este miércoles, una delegación del Poder Judicial asistirá a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para plantear sus pedidos. La partida presupuestal prevista en el proyecto de ley de Presupuesto para el Poder Judicial representa el 6,5% de lo solicitado. “Para el primer año pedimos más o menos 44 millones de dólares y se nos dan tres millones”, sostuvo Pérez, quien señaló que es un poder que remite “aspiraciones en forma medida, pidiendo lo necesario para el período y sobre bases ciertas”. Sin embargo, “el Poder Judicial ha sido históricamente relegado, partido tras partido que haya gobernado, independientemente del signo político. Nunca se le otorgan las aspiraciones que corresponden”, sostuvo.

“Pedimos cosas y pedimos cosas para la sociedad. Eso es lo que no se entiende”, cuestionó Pérez, para quien el problema es que el Poder Judicial no está “dentro de la agenda pública y política”. “La gente ve la educación, ve la salud, pero no ve la justicia. Y la justicia marcha y trasvasa todo el sistema”, agregó.

Entre los pedidos del Poder Judicial, Pérez mencionó la creación de 24 juzgados de violencia de género –6 para Montevideo y 18 para el interior–, de los cuales sólo se contempla uno, a concretarse en 2027. El proyecto incluyó el juzgado de Ciudad del Plata, “que venimos reclamando desde hace tiempo”, así como cinco de los siete pedidos que no implican recursos. Sobre las solicitudes sin costo, Pérez hizo énfasis en la posibilidad de reasignar recursos ya previamente asignados, ya que, a partir del presupuesto del período anterior, el Poder Judicial necesita la anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder traspasar sus fondos. “Eso limita para mí, más aún, la autonomía del Poder Judicial”, cuestionó.

Reconoció que no ha ocurrido que el MEF haya rechazado una solicitud –las cuales son frecuentes, dijo–, pero “estamos a la buena voluntad de las personas del Poder Ejecutivo”, señaló. Este será uno de los puntos que el Poder Judicial defenderá ante la comisión, con la esperanza de que sea añadido por el Legislativo.