El Juzgado de Adolescentes de 2º turno dispuso como medida cautelar la prisión preventiva de las tres adolescentes bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que el lunes pasado habían sido denunciadas penalmente por la excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll.
El fiscal de Adolescentes de 2º turno, Pablo Rivas, solicitó que se disponga como medida cautelar la internación de las adolescentes, de 14, 16 y 17 años, en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por 30 días, mientras dura la investigación, confirmó la diaria. Se dispuso la formalización de la investigación por dos delitos de lesiones personales y un delito de violencia privada.
En un comunicado, la presidenta del INAU, Claudia Romero, y el vicepresidente, Mauricio Fuentes, calificaron la medida como una “noticia triste” y destacaron que “la privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso”. También puntualizaron que no se trata de una simple “recomendación”, sino que es una “exigencia jurídica respaldada en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Las autoridades del INAU remarcaron que la privación de libertad deja “laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias”, unas adolescencias que ya cargan “historias de vulneración”. En ese sentido, pidieron a “todos los actores” que se aborde “esta situación con responsabilidad institucional” y que se priorice “la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Por otra parte, en el comunicado las autoridades del INAU reconocen que en el Sistema de Protección Especial existen “problemas estructurales y persistentes” que el país “tiene que resolver”, pero también apuntaron que los “procesos de transformación institucional no se producen de manera automática”.
También advirtieron que la “violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable” y tiene que “ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se reitere”.
Ripoll vive en la misma cuadra donde se encuentra el Hogar Magnolia del INAU. La dirigente nacionalista denunció ante la Policía que tres adolescentes tiraron piedras en la calle y al taxi que estaba estacionado en la puerta de su casa. Luego se acercaron a Ripoll, que estaba grabando la situación detrás de las rejas de su puerta, intentaron quitarle el celular y golpearon a ella y a su hija.
Organizaciones sociales advirtieron por “una doble vulneración”
La medida judicial generó preocupación entre organizaciones de la sociedad civil. La Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) publicó un comunicado en el que manifestó que “la reciente exposición pública de jóvenes bajo el sistema de protección y su posterior criminalización evidencian una práctica tan recurrente como alarmante: cada vez que niñas, niños o adolescentes institucionalizados reaccionan ante situaciones de vulneración, el debate público se enfoca en juzgar sus conductas, evadiendo las omisiones del sistema, que tiene la responsabilidad de brindarles protección y amparo”.
Para PIAS, no debería ser aceptable “que quienes ya han sido privadas de su derecho a crecer en una familia enfrenten una nueva vulneración al ser objeto de exposición pública y condena social. Como sociedad, no podemos acostumbrarnos a aceptar que las soluciones que se propongan sean a través del punitivismo, el control o la intervención penal, desviando la mirada del problema estructural: la falta de capacidad institucional para garantizar efectivamente el derecho a la vida familiar y comunitaria”.
Por otra parte, señalaron que las reacciones de las tres adolescentes son “un síntoma ineludible y la consecuencia directa de un sistema de protección que sigue fallando”. “Son el resultado visible de un sistema que sigue dando respuestas fragmentadas, con mirada punitiva, que ha criminalizado e institucionalizado la pobreza; con instituciones que no están acorde a las nuevas realidades, muchas de ellas con una visión adultocéntrica y sin perspectiva de derechos hacia niños, niñas y adolescentes”.
Por otra parte, se reclamó que las respuestas institucionales “estén a la altura de las responsabilidades que el Estado y la sociedad han asumido” porque si se sigue “castigando a las víctimas de este sistema y se ignora el fracaso estructural de las políticas de protección, ninguna crisis habrá sido realmente resuelta...”.