A diferencia de Bolivia y Paraguay, la Justicia de Uruguay nunca emitió una orden de captura contra Marset. En setiembre de 2024, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, archivó la causa sobre la entrega del pasaporte que le permitió salir de Dubái, una investigación que había iniciado dos años antes tras la interpelación a autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou. Machado tomó esa decisión al no encontrar pruebas suficientes como para tipificar delitos penales, aunque en el documento dejó constancia de que en ese proceso hubo “desprolijidades” y que algunos ministros “faltaron a la verdad” en el Parlamento.
Machado tiene otra causa abierta derivada de la “causa madre” de Marset: la denuncia por destrucción de documentos públicos en la Torre Ejecutiva, un asunto por el que serán citados a declarar Lacalle Pou y su asesor Roberto Lafluf. La última novedad del caso es el resultado de una investigación administrativa de la cancillería en la que se decidió iniciar un sumario administrativo al excanciller Francisco Bustillo y al exjefe de Jurídica Carlos Mata, tal como informó la diaria en setiembre de 2025.
La posibilidad de que Marset aporte elementos ante la Justicia de Estados Unidos “difícilmente” arroje novedades vinculadas a esta segunda causa por destrucción de documentos públicos, según informaron fuentes cercanas a la investigación. El argumento es que en este caso se analizan posibles delitos vinculados a la “gestión de crisis”, que no estarían directamente relacionados con la operativa de Marset.
La eventualidad de que surjan nuevos elementos –por ejemplo, pagos a funcionarios por la entrega del pasaporte– estarían vinculados a la primera causa, que en todo caso debería reabrirse o empezar de cero, explicaron las fuentes.
Este viernes, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo tener “certeza policial” acerca de la participación de Marset “en distintos hechos ocurridos en el país, no tan lejanos”. “Sabemos de la participación de Marset en varios hechos que han sido públicos en la prensa”, dijo Negro, quien aclaró que no profundizaría al respecto porque son investigaciones a cargo de la Fiscalía.
La fiscal especializada en Estupefacientes Angelita Romano, investiga el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en setiembre de 2025. Si bien hay dos personas formalizadas por ese caso, todavía no se ha logrado comprobar la participación directa de Marset, una sospecha ampliamente extendida a nivel policial y de la Fiscalía.