El 17 de mayo el gobierno nacional anunció varias medidas sociales, entre ellas, el congelamiento del precio del supergás hasta finales de setiembre y el descuento de 50% en la recarga de gas de 13 kilos para beneficiarios de los planes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del programa de asistencia por vejez y de asignaciones del Banco de Previsión Social hasta la primera franja de ingresos. El proyecto de ley que dispone este último descuento fue aprobado este miércoles en el Senado y quedó a la espera de su promulgación.
Las estaciones de servicio que venden supergás en Maldonado decidieron no aplicar el subsidio, que hasta la aprobación de la ley dependía de la voluntad de cada estación. La directora departamental del Mides, Magdalena Zumarán, dijo que su cartera hizo un relevamiento de las sucursales de Ancap en el departamento y constató que “sólo una” implementó el descuento. “Algunas [estaciones] manifestaron que no tienen interés en dar el servicio”, contó. “Había estaciones con problemas de suministro de garrafas, pero esperamos que en el correr de la semana todo esto sea subsanado. Lo importante es que se brinde este beneficio porque los usuarios lo necesitan”, agregó.
Zumarán dijo a la diaria que la única estación Ancap que está aplicando el descuento está ubicada en el kilómetro 12 de la ruta 39 y que los interesados pueden acceder al subsidio en las distribuidoras de supergás.
Consultado en rueda de prensa por este asunto, el titular del Mides, Martín Lema, dijo que ha estado en “permanente” contacto con Ancap y con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua para solucionar el problema.
Sobre la decisión de los dueños de estaciones en Maldonado, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, consideró que “no debería pasar” y que está “analizando la situación”, según informó El Observador.
Este martes el Espacio 1946 del Frente Amplio (FA) emitió un comunicado en el que calificó como “inaceptable” que las autoridades del Mides realicen anuncios que generan “expectativas” en la población “más vulnerable” y que resultan “imposibles” de aplicar.
Manifestaron que “resulta preocupante” el hecho de que los dueños de estaciones de servicio no tengan “interés” en brindar el servicio y exhortaron al Ejecutivo a “resolver esta situación”, como responsable de generar “las condiciones necesarias para que los beneficiarios de esta política puedan acceder al beneficio sin depender de la voluntad de los empresarios”.
Solicitaron, además, que Zumarán, “en calidad de representante territorial”, realice las “gestiones pertinentes para subsanar esta lamentable situación”.