La presencia de cianobacterias en la desembocadura del arroyo Tarariras, límite entre los municipios de Piriápolis y Solís Grande, fue detectada por vecinos de Playa Verde y Las Flores desde 2021 y motivó desde entonces varias denuncias. La última fue presentada en marzo pasado ante el Municipio de Solís Grande, que luego la envió a la Intendencia de Maldonado (IDM) que, a su vez, la derivó al Ministerio de Ambiente (MA).

Los ambientalistas advirtieron que la situación se agravó con la sequía y consideraron que en la floración de cianobacterias incidían los vertidos de aguas tratadas que la planta de OSE Pan de Azúcar efectuaba a siete kilómetros de la desembocadura. Luego emitieron un comunicado para informar a la población sobre los riesgos y anunciar un proyecto de monitoreo participativo de la calidad del agua junto con investigadores del Centro Universitario Regional Este.

Esta iniciativa de las organizaciones se concretó este mes con un muestreo inicial a la altura del puente colgante sobre el arroyo, a poca distancia de la playa.

Entretanto, técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), del Área de Control y Desempeño Ambiental y del Departamento de Control Ambiental de Actividades (DCAA) del MA investigaron el caso. “A mediados de este mes se resolvió intimar a OSE a controlar sus vertidos”, indicó a la diaria la activista Débora Díaz, quien planteó la más reciente denuncia en nombre de los vecinos de Playa Verde y Naturalmente Piriápolis.

El documento de las actuaciones realizadas por estos organismos señala, en su primer considerando, que “OSE no presentó monitoreo al curso de agua en el Informe Ambiental de Operación (IAO) 2021 argumentando que el curso es intermitente y que la mayor parte del tiempo presenta agua estancada”.

Más adelante indica que “gran parte de los muestreos de efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de OSE Pan de Azúcar evidencian valores altos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), fósforo y nitrógeno”, por lo cual concluyeron que la descarga de la planta “es una de las causas de afectación a la calidad de agua en el arroyo Tarariras”.

Asimismo, en el expediente de control y seguimiento de OSE Pan de Azúcar se encuentran diversas actuaciones de Dinacea y antecedentes a la denuncia “con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares de vertido establecidos en la normativa para el control ambiental y calidad de las aguas” (Decreto 253/79).

Con base en lo antes mencionado, en mayo pasado la DCAA elevó a la Dinacea un informe en el que sugería “intimar” a OSE a presentar en un plazo de tres meses modificaciones al proyecto de ingeniería, en un formulario de solicitud de autorización de desagüe, acorde a los caudales y cargas del momento.

En un segundo punto, sugería intimar al ente a presentar, en un plazo de dos meses, medidas transitorias “que deberán implementarse con anterioridad a la próxima temporada estival”. Por último, recomendó advertir a OSE que “se encuentra pasible de sanción por 300 Unidades Reajustables por superar reiteradamente”, entre enero 2021 y marzo 2023, los parámetros de vertido establecidos en el Decreto 253/79 para DBO5, fósforo total (Pt), sólidos suspendidos totales y coliformes fecales.

Los tres puntos fueron avalados por la Dinacea, que envió su intimación a OSE Pan de Azúcar y que, este viernes 21, notificó de sus actuaciones a la denunciante. “No esperábamos esta decisión porque hicimos muchas acciones a varias puntas, con planteos a los municipios y muestreos durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo nos parecía que era más grave el caso de Zanja Honda”, celebró Díaz.

La activista destacó que, probablemente, este resultado no habría sido posible sin la “presión social” ejercida por los vecinos para que se tenga en cuenta la temática ambiental en la zona. “Nos sentimos muy satisfechos por este informe oficial”, declaró, optimista en cuanto a que OSE acate la intimación.

No obstante, recordó que buena parte de los problemas de la planta de Pan de Azúcar están vinculados a la “falta de inversiones y de infraestructura”, más que por la voluntad de sus técnicos.