Remate de El Gran Chaparral “sigue en pie”, afirmó abogado de exempleados de Balcedo

Quince exempleados del empresario y exsindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege esperan cobrar adeudos laborales generados incluso antes de la detención del matrimonio, en 2018. El grupo reclama una cifra cercana a los dos millones de dólares y espera hacerse de parte del dinero con la subasta de uno de los padrones de la chacra El Gran Chaparral, ubicada en Cerro de los Burros (Piriápolis), fijada para el próximo 8 de mayo por el juzgado letrado de 7° turno de Maldonado.

El doctor Guillermo Ahlers, representante de los extrabajadores, dijo a la diaria que el remate “sigue en pie”, pese a un exhorto de la justicia argentina para que se suspenda. “A la fecha, no hay ninguna resolución judicial que lo haya paralizado, no hemos recibido ninguna notificación”, enfatizó el lunes 20 y ratificó este miércoles.

Según informó el portal Infobae y consignó El Observador el viernes pasado, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fundamentó el exhorto en que la subasta “desconoce medidas cautelares vigentes solicitadas por Argentina” en el marco de la causa abierta contra Balcedo por asociación ilícita, lavado de dinero y administración fraudulenta. El magistrado argumenta que “es necesario preservar los activos” del ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación.

No obstante, Ahlers reivindicó el derecho de los trabajadores a cobrar sus créditos por disposición de un juzgado laboral, y sostuvo que la subasta “no afecta la totalidad” de los bienes de los penados “ni obstaculiza” a la justicia penal argentina.

Enfatizó que la Suprema Corte de Justicia ya dirimió un conflicto de competencias entre el Juzgado de Ejecución y Vigilancia y el Juzgado Laboral, al sentenciar que este último “era competente para sacar a remate el inmueble”. Entiende que hacer lugar al petitorio del juez argentino sería “reeditar esa discusión”.

Además, subrayó que tanto Uruguay como Argentina “forman parte del mismo sistema interamericano de protección de derechos humanos” y se preguntó si existe “una nueva tendencia” por la que, en el marco de una investigación por lavado de activos, los estados parte “deban paralizar todo su sistema de justicia y desconocer la protección a los trabajadores” consagrada por la Organización Internacional del Trabajo.

El abogado recordó que los convenios de lavado de activos suscritos por los estados “permiten a la Justicia dejar a salvo a los terceros de buena fe que contrataron con los investigados o los penados por el crimen organizado derivado del lavado de activos”. Teniendo en cuenta ese derecho a la seguridad jurídica, considera que “de la noche a la mañana no se les puede expropiar todo el patrimonio que era la garantía en el cobro de sus créditos”.

Un largo periplo para cobrar “una parte”

Ahlers recordó que sus representados, varios residentes en pequeñas localidades como Gregorio Aznárez y Solís Grande, pasaron por diferentes situaciones incluso antes de que Balcedo y su esposa cayeran en manos del fiscal Rodrigo Morosoli.

Algunos trabajadores de Martok SA nunca figuraron en el Banco de Previsión Social, mientras a otros les aportaban por salarios inferiores a los reales. Además, con la detención del matrimonio la empresa dejó de aportar al BPS y quienes estaban en seguro de desempleo con causal de “suspensión de tareas” no pudieron cobrar su despido. Otros que siguieron trabajando en El Gran Chaparral, pese al encarcelamiento de sus patrones, también padecieron diversas irregularidades.

En estos años, debieron reconstruir toda la titulación de los bienes restituidos a Balcedo [tras el acuerdo abreviado al que él y su esposa alcanzaron con la fiscalía en 2020] para poder sacar a remate y tratar de cobrar los créditos que les fueron reconocidos. Aun así, el próximo remate no implica que vayan a cobrar todo lo que reclaman.

Ahlers explicó que tendrán que esperar la etapa de liquidación de créditos y competir con otros acreedores (en la lista figura la Dirección General Impositiva, por ejemplo). “Con suerte, recién a fin de año podría empezar a discutirse quién cobra”, dijo. Además, aclaró que solo se remata uno de los más de diez padrones que conforman El Gran Chaparral y que, si el monto obtenido no alcanza para cobrar los adeudos salariales, irán por ese resto.

Si no hay cambios, el remate (del que dio cuenta inicialmente el periodista local Marcelo Gallardo) se realizará a las 14.00 horas eel 8 de mayo en La casa rosada, local ubicado en Dodera 869, Maldonado. La propiedad a subastar es una fracción de campo con mejoras que abarca una superficie de 6,5 hectáreas.

Días atrás, consultada sobre este asunto por el Semanario La Prensa, Paola Fiege cuestionó la viabilidad del remate: “Nos resulta extraño que se pretenda rematar bienes que tienen embargos de la justicia argentina por 26 de dólares”.